“¿Esto se puede hacer?”, se preguntaba un sorprendido vecino de Toledo este sábado al ver cómo un hombre, en plena Plaza de Zocodover, en el centro del Casco Histórico, comenzaba a lanzar proclamas antiabortistas utilizando el megáfono de un coche patrulla de la Policía Local de la ciudad.

La Marcha Mundial das Mulleres convoca manifestaciones en defensa del derecho al aborto en seis ciudades y una villa de Galicia. Las activistas argumentan que "las políticas de la Xunta están en contra de la salud de las mujeres". Es más, aseguran que en algunos casos la Consellería de Sanidade está tolerando -por acción u omisión- el doble juego de algunos médicos, que se declaran objetores de conciencia en la sanidad pública para después sacarse un extra practicando abortos en clínicas privadas.

Más de un año después de que la Corte Suprema de EE.UU. anuló Roe contra Wade, activistas mexicanos ven más mujeres estadounidenses cruzando la frontera para solicitar abortos. Estuvo penado en México y gran parte de América Latina por décadas, mientras que en EE.UU. el fallo Roe contra Wade de 1973 lo estableció como derecho constitucional. Hoy, la Corte Suprema de México lo despenalizó en todo el país, pero más de 20 estados estadounidenses lo prohíben o restringen después de las 18 semanas, y 14 lo prohíben en casi todas las circunstancias.

RedMadre es una fundación antiabortista que acudía a las clínicas de aborto a presionar a las mujeres y que defiende la continuación del embarazo con estudios sin base científica

El principal lobby ultraconservador del país busca empleados. Hazte Oír quiere mantener el ritmo de campañas contra el colectivo LGTBI, el independentismo o la memoria histórica, y para ello ofrece un puesto de activista a sueldo en Madrid. Los interesados deberán manifestar de antemano su posición sobre el aborto, otro de los grandes frentes de batalla de este grupo de presión.

El Gobierno de Polonia está persiguiendo a personas por supuestas actividades relacionadas con el aborto, intensificando un clima de miedo que aumenta los riesgos para las mujeres y las niñas, señaló hoy Human Rights Watch. Desde la casi prohibición del aborto legal en 2020, los funcionarios polacos han abierto cada vez más investigaciones sobre bases legales cuestionables contra mujeres y niñas que buscan atención médica por abortos espontáneos o después de abortos legales con medicamentos, así como contra médicos.

Señalan que la objeción de conciencia del personal sanitario no puede ser motivo para que en la red pública no se cuente con personal suficiente para garantizar las intervenciones. "Una buena forma de paliar este problema sería destinar los recursos de los convenios con la privada a aumentar los recursos públicos". La interrupción voluntaria del embarazo es un derecho que tiene que poder ejercerse con garantías de salud integral para las mujeres y no concebirse como un negocio para las clínicas privadas.

Mientras la despenalización del aborto ganaba terreno en México, en Estados Unidos pasaba lo contrario, poniéndole fin a casi cincuenta años de derecho al aborto, tras la anulación del caso Roe contra Wade. Desde entonces, activistas de asociaciones como Las Libres y Necesito Abortar han ayudado a personas del lado estadounidense a obtener píldoras abortivas, especialmente a las poblaciones migrantes vulnerables a las que se les ha impedido el acceso.

La marea verde en México ha conseguido este martes una nueva conquista. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha despenalizado el aborto a nivel federal en todo el país. Esta decisión unánime del máximo tribunal obliga a las instituciones de salud pública federales a ofrecer el servicio de forma gratuita. Además, indica la resolución de la Corte, en ningún caso el personal médico podrá ser criminalizado. Esta decisión es un escalón más hacia la libertad de interrumpir el embarazo, después del precedente histórico de 2021.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusa a los activistas provida de violar la Ley FACE (Libertad de Acceso a los Establecimientos Sanitarios). Otros cuatro acusados de cargos federales por una protesta de “acción de rescate” celebrada en octubre de 2020 en una clínica abortista de Washington, D.C., comenzarán a ser juzgados esta semana. Jonathan Darnel -uno de los nueve acusados que figuran en el acta de imputación de 2022 en la que se acusa a los manifestantes de un delito grave de conspiración contra los derechos

El fiscal general republicano de Alabama dijo en un expediente judicial que tiene derecho a procesar a las personas que hacen arreglos de viaje para que mujeres embarazadas se sometan a abortos . En un expediente judicial presentado el lunes , los abogados del fiscal general Steve Marshall escribieron que proporcionar transporte a las mujeres en Alabama para que abandonen el estado para abortar podría equivaler a una “conspiración criminal”.

El PSdeG exige a la Consellería de Sanidade que garantice que las mujeres gallegas puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el centro público más próximo, y considera "inadmisible" el concurso presentado este mes para externalizar el servicio. La portavoz de Igualdad del Grupo Socialista, Noa Díaz, ha presentado iniciativas parlamentarias para que el Gobierno autonómico garantice el cumplimiento pleno en Galicia de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha sacado a licitación, por un valor estimado de casi 1,4 millones de euros durante tres años --prorrogables a cinco, lo que supondría un incremento del presupuesto--, la práctica de interrupciones voluntarias de embarazos de menos de 14 semanas de gestación y sin riesgo.

El Servizo Galego de Saúde argumenta que no tiene personal ni recursos materiales suficientes para estas interrupciones voluntarias del embarazo por debajo de 14 semanas