Entre las opciones para obtener ese visado, estaba la posibilidad de invertir, por ejemplo, dos millones de euros de deuda pública, un millón en acciones de empresas españolas, depositar un millón de euros en una cuenta bancaria o la opción más económica y preferida por los inversores: comprar vivienda en territorio español valorada en 500.000 euros o más. De todos los visados concedidos desde el año 2013, el 96% de ellos ha sido mediante esa adquisición de inmuebles.

Javier Parrondo, de 67 años, acudió ayer al Hospital Quironsalud San José de Madrid para someterse a una colonoscopia y el médico no tardó en hallar varias facturas falsas recubriendo las paredes del recto. «Hay un papel de Panamá adherido al plexo hemorroidal interno que podría acabar provocando molestias con la Agencia Tributaria», informó el facultativo.

Miembros de las plataformas Verdad y Justicia y Marea de Residencias han acudido al pleno de la Asamblea y han presentado en el Registro el documento para los grupos parlamentarios -PP, Más Madrid, PSOE y Vox- y para el presidente de la Comisión de Familia y Asuntos Sociales, José Ángel Rumayor, después de llevarlo este miércoles a la Fiscalía Superior de Madrid.

Desde hace años, el sistema público de salud de Euskal Herria y Europa se está desmantelando. Derivaciones y conciertos, gasto farmacéutico, escasa cobertura bucodental, mental y laboral, limitados cuidados paliativos, insuficientes presupuestos en Atención primaria etc. Ahora se suma la propuesta de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y el V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva de las organizaciones empresariales y sindicales mayoritarias del Estado. Con la coartada de largas listas de espera y supuesto elevado absenti

Para Carlos Sardinero, de la firma Sardinero Abogados, reclamarlo "no tiene absolutamente ningún fundamento". El experto, que ha impugnado la legalidad y constitucionalidad de los "protocolos de la vergüenza", opina que la decisión del Gobierno de Ayuso "va contra la teoría de los actos propios. No tenían opción de salir de allí". "Es un acto incongruente con la precedente forma de proceder", insiste.

Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales lo ven de manera totalmente opuesta. Su responsable, Ana Dávila, asegura que "la reclamación de las deudas pendientes de los ciudadanos es una obligación legal que contempla la propia legislación nacional" y asegura que al ampararse en la normativa nacional "es al Gobierno de Sánchez, en todo caso, a quien le corresponde modificar esa normativa y justificar la excepción".

cuatro años después de las trágicas muertes, familias de esos mayores han recibido cartas de la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Ayuso, aunque no de reparación, sino para reclamarles el dinero por los días de marzo y abril que estuvieron sus allegados en los centros de mayores antes de morir

El fichaje como director médico de Asisa para Andalucía del que fuera 'número dos' de Salud Miguel Ángel Guzmán será denunciado ante la Oficina Anticorrupción de Andalucía por parte de Adelante Andalucía, que además estudia la posibilidad de emprender acciones judiciales por si se está cometiendo un delito.

La Consejería de Asuntos Sociales lo justifica porque dice que están obligados a requerir estas deudas y que la legislación estatal no estableció ninguna excepción durante la pandemia

El 76% de los residentes que fallecieron a causa del coronavirus entre marzo y abril de 2020 murieron en los propios centros sin ser trasladados a los hospitales. Así se desprende de las 11 actas de las inspecciones sanitarias de oficio realizadas por la Consejería de Sanidad a las que ha tenido acceso la Cadena SER. Las inspecciones fueron muy pocas en los peores meses de la pandemia. Los técnicos sólo visitaron once residencias. El número total de víctimas mortales confirmados con pruebas diagnósticas o con síntomas compatibles con la COVID

Durante dos jornadas, al menos cinco helicópteros fueron vistos sobrevolando a baja altura distintos sectores del PN Los Glaciares, principalmente el Glaciar Perito Moreno, algo que está prohibido salvo expresa autorización oficial. Se trata de aeronaves chilenas que realizan un raid por la Patagonia argentina y chilena. El Parque Nacional informará a las autoridades centrales y no se descarta un reclamo a nivel diplomático, vía cancillería

Los familiares de las víctimas en las residencias de la Comunidad de Madrid nos piden colaboración para difundir esta Carta Abierta donde se solicita a la Fiscalía General del Estado y al CGPJ que intervengan sin demora