Los principales aumentos del monto de la deuda pública de Baleares se deben mayoritariamente a la nefasta gestión de los gobiernos autonómicos del Partido Popular, a raíz de macroproyectos ruinosos como el Palma Arena o el Hospital de Son Espases. Un 20% del presupuesto anual de Baleares se destina ya a pagar deudas e intereses, regalando a la banca la segunda partida más importante del presupuesto autonómico e impidiendo su uso en educación, sanidad, vivienda pública, ayudas a la dependencia o lucha contra la violencia machista.

Con unos días de retraso -la Junta Única de Resolución (JUR) prometió hacerlo en enero- finalmente hoy se ha publicado la documentación “no confidencial” en la que la autoridad europea basó su decisión de resolver Banco Popular a principios de junio. La documentación hecha pública hoy arroja nuevos datos sobre la crisis del banco que presidía Emilio Saracho, si bien tal y como se temía, aparecen tachadas no pocas cifras, palabras y hasta párrafos completos, en gran parte por decisión del Banco Central Europeo (BCE).

Os voy a tratar de explicar, muy brevemente, el estudio que hemos realizado en el Parlamento Social, en relación con la deuda pública de Navarra...

Los auditores avisan de que el BCE tiene que mejorar su comunicación con la JUR. Y, muy especialmente, cuando la situación de un banco comienza a deteriorarse.María Tejero Martín. En una crisis, sobre todo cuando tiene a un banco en su punto neurálgico, la capacidad de reacción es clave. Hacerlo con premura, con eficiencia o con contundencia, puede ser la diferencia entre contener a tiempo la sangría.

Una auditoría externa avala los métodos de cálculo utilizados por los departamentos técnicos de la EMT y ratifica que el desembolso de 10,5 millones a Bonopark por adquirir el servicio fue adecuado. La operación, sobre la que el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento había sembrado algunas dudas y sospechas, hasta el punto incluso de amagar con una querella ante los tribunales por esta compra, se hizo en base a unos criterios técnicos con una valoración económica adecuada.

A la firma miembro de PwC, Price Waterhouse, se le ha prohibido realizar trabajos contables en India durante dos años. La prohibición, efectiva de inmediato, se produce después de que la empresa fue acusada de negligencia en su trabajo de auditoría en los ahora difuntos Satyam Computer Services. La Junta de Bolsa y Valores de India dijo que Price Waterhouse optó por confiar en "anomalías deslumbrantes" y enormes diferencias en las confirmaciones de saldos de la compañía durante su trabajo de auditoría entre 2001 y 2008.

Sospechan que el 1-O se financió con dinero público y no descartan que ANC y Omnium pagaran gastos "gracias a las subvenciones" que reciben

La conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, ha insistido en que la Xunta actuó de forma "legal" en la adjudicación de helicópteros de las campañas contra el fuego de los años 2011, 2012 y 2013, que provocó la apertura de una causa en un juzgado en Santiago en la que está investigado el responsable de política forestal, Tomás Fernández-Couto.

Negligencia y despilfarro. El equipo de Gallardón al frente del Ayuntamiento de Madrid se gastó más de un millón de euros en construir la infraestructura necesaria para crear un destacamento policial en el Parque del Retiro que pudiera albergar caballos. Hasta ahí todo normal. El problema es que el Consistorio conocía de antemano que la cuadra que iba a construir no sería utilizada ya que contravenía las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana. Además, la propia Policía Municipal informó negativamente sobre su construcción

Reflexión sobre la necesidad de establecer mecanismos para auditar los algoritmos que tomarán decisiones que afectarán a las personas: "Es preciso determinar el ámbito de responsabilidad de las empresas detrás de cada “robot”. Pero también es necesario imponer medidas de seguridad, como por ejemplo, la auditabilidad, sobre los algoritmos. Y esto no lo digo yo, lo dice el art 22 del Reglamento General de Protección de Datos."

Deloitte tendrá que enfrentarse a una petición de prohibición de realizar actividades de auditoría durante dos años si el juez abre juicio oral siguiendo el criterio de la sala

Una de las cuatro grandes empresas de contabilidad del mundo ha sufrido un sofisticado ataque que comprometió tanto correos electrónicos confidenciales como planes de algunos de sus principales clientes. Deloitte descubrió el ataque en marzo de este año, pero estiman que los atacantes pudieron tener acceso a sus sistemas desde octubre o noviembre de 2016. Los atacantes han tenido acceso a más de 5 millones de correos electrónicos de la compañía. La investigación interna se ha denominado "Windham".

El ‘caso Auditorio’ de Puerto Lumbreras, que provocó la dimisión del procesado Pedro Antonio Sánchez como presidente de Murcia, parece que sigue de moda entre dirigentes del PP regional. Por el mismo motivo, las obras inacabadas de un teatro que contaba con subvención pública, la Justicia ha puesto el dedo en el ojo del exalcalde de Cehegín y actual diputado regional por el PP, José Soria García, que ha sido ‘imputado’ en el caso.

El informe asegura que las sucesivas modificaciones de la concesión para la urbanización del Paseo de la Dirección,otorgada en 2007 a Dragados,incumplieron preceptos de la Ley del Suelo y obviaron la obligación de ser sometidas a consulta pública.El Ayuntamiento de Madrid modificó hasta dos veces el convenio con el propósito de que la empresa concesionaria obtuviera resultados positivos con la operación.El aspecto más grave está relacionado con la primera modificación del convenio,que suponía cambiar la contraprestación que recibiría la concesi

El magistrado Julián Pérez-Templado, instructor del procedimiento abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra Pedro Antonio Sánchez por el 'caso auditorio', ha acordado pasar a la fase de preparación de juicio oral al ver motivos para juzgar al expresidente del Gobierno regional, del PP, por el proyecto y ejecución de las obras del centro cultural del municipio de Puerto Lumbreras (Murcia), ciudad de la que fue alcalde.

El ex presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, finalmente será juzgado por el Tribunal Superior de Justicia(TSJ) por un delito continuado de prevaricación y dos de fraude en la contratación y construcción del auditorio de Puerto Lumbreras (Murcia) durante su gestión al mando del Ayuntamiento de la población. El magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia, Julián Pérez-Templado, ha renunciado a archivar la causa.

El Tribunal Superior de Justicia acuerda continuar el proceso judicial contra el todavía presidente del PP de Murcia y diputado al apreciar indicios en la presunta comisión de varios delitos.

Será la misma firma que siga supervisando sus estados financieros porque PwC también es la auditora del Banco Santander, que revisará, al menos, hasta 2018. Luis de Guindos señaló en el Congreso que el supervisor de las auditoras, el Icac, ha pedido a PwC información sobre la revisión de cuentas del Popular en 2016.

El último auto del juez instructor del ‘caso Auditorio’, Julián Pérez-Templado, está lleno de críticas a las acusaciones particulares y deja entrever el próximo archivo de la causa que obligó a dimitir al ‘popular’ Pedro Antonio Sánchez como presidente de la Región de Murcia. Pérez-Templado no hace honor a su apellido y en el escrito carga contra los letrados que representan a Podemos y a un excon

El BOE de hoy recoge dos sanciones impuestas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), que ahora son firmes en vía administrativa, a Deloitte, PriceWaterhousecoopers (PwC) y un socio auditor de cada firma. Según la entidad de control, ambas empresas cometieron infracciones graves de la Ley de Auditoría de Cuentas. La multa más cuantiosa es para Deloitte, que supera el millón de euros. El ICAC considera probado que la compañía no puso medidas para garantizar la independencia de las auditorías.

Hubo un Pucherazo en las Elecciones del 26J?? Todas las encuestas daban otro resultado. Pucherazo!!

El expresidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, investigado por el TSJ por el caso Auditorio en virtud de su aforamiento, ha apoyado la supresión de los aforados al ser diputado en la Cámara murciana.