la sentencia adolece de gravísimas carencias en cuanto al cumplimiento de las exigencias constitucionales que imponen a los jueces el deber de motivar razonadamente, por qué el contenido de las pruebas examinadas les lleva a la conclusión de que existe una base, más allá de la duda razonable, para condenar al acusado, en este caso, por un delito de atentado a un agente de la autoridad. La lectura del voto mayoritario nos produce una profunda preocupación. Rompe, de manera incomprensible, con el principio de presunción de inocencia.
