Podemos ha registrado este martes una solicitud de comparecencia dirigida a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. El objeto de la petición tiene que ver con el fin de informar sobre el contrato de las obras de construcción del Metro Ligero que ganó la empresa OHL cuando la popular era consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid en 2005; “una obra que iba a costar 900 millones de euros a los madrileños y que, según nuestros cálculos, va a acabar costando 4.200 millones de euros”; creen “que no hay un informe de viabilidad..

El enésimo caso de corrupción que ha estallado en la Comunitat Valenciana puede ser la puntilla definitiva para el otrora todopoderoso presidente de la Generalitat Francisco Camps. La Fiscalía Anticorrupción y la titular del juzgado número 17 de Valencia han interrogado este miércoles como imputado durante más de tres horas a Camps sobre la adjudicación, construcción y sobrecostes del circuito urbano de la Fórmula 1 de València.

La nueva Ley de Contratos del Sector Público pretende poner coto a prácticas que facilitan la corrupción con la eliminación de procedimientos negociados por precio,el incremento de la transparencia o la creación de un organismo para la vigilancia.Pero la reforma de la anterior norma para adaptarse a la Unión Europea tiene lagunas más que preocupantes que se disparan con las confesiones e investigaciones abiertas con los casos Gürtel y Taula. La nueva ley de contratos permite modificados de obra de hasta el 15% del total sin ninguna justifica

Hace dos años, la autoridad ferroviaria de California dio a conocer un ambicioso plan para comenzar a operar un segmento del servicio de tren bala entre San José y el Valle Central para el año 2025. Tomaría casi cada centavo en su chequera, pero la autoridad ferroviaria aseguró al público funcionaría. Pero ese plan fue aplastado por el reconocimiento el martes de que el costo de construir solo 119 millas de ferrocarril entre las ciudades agrícolas de Madera y Wasco se ha disparado de alrededor de $ 6 mil millones a $ 10,6 mil millones....

El proyecto del S-80 nació en 2004, pero pronto sufrió sus primeros problemas debido a que la primera de las unidades mostró graves deficiencias técnicas que le impedían salir a superficie. El buque ha sido rediseñado completamente y la Armada ya da por resuelto el problema y ahora sólo espera que el Ministerio de Defensa dé el visto bueno a su financiación para poder recibir el primero a finales de 2021 y que quede plenamente operativo en 2023 tras un año de pruebas.

El Boletín Oficial del Estado del 11 de diciembre de 2017 comparte el informe de fiscalización del desarrollo, mantenimiento y gestión del Tranvía de Parla realizado por el Tribunal de Cuentas y aprobado en Comisión Mixta el pasado 26 de septiembre. En ese informe, el Tribunal confirma que el tranvía de Parla acabó costando, vía sobrecostes, 130 millones (más intereses). Una cantidad que supera la invertida para la construcción del Guggenheim de Bilbao.

Podemos en la Asamblea de Madrid ha presentado una denuncia por sobrecostes en la M-45 en la Fiscalía Anticorrupción. Los diputados José Manuel López y Alberto Oliver aseguran haber detectado un esquema para inflar los precios de los materiales que conlleva un posiblefraude de 300 millones de euros en la construcción de los 36 kilómetros de vía licitada en época de Alberto Ruiz-Gallardón.

Bajo las alfombras de las faraónicas obras de soterramiento de la M-30 siguen apareciendo presuntas irregularidades y desvíos presupuestarios millonarios. La celeridad de los plazos marcados por Gallardón para poder inaugurar los túneles antes de presentarse a la reelección, obligó a dejar de lado la elaboración de los estudios de impacto ambiental. Además, la partida presupuestaria dedicada a varias de las estructuras que no llegaron a ejecutarse y a los correspondientes desvíos provisionales, en lugar de reducirse, acabó triplicándose.

El consejero apoderado de Madrid Calle 30, Samuel Romero Aporta, ha elevado los sobrecostes en los trabajos de los túneles de la vía de circunvalación a 9.400 millones de euros, lejos de los 3.600 millones señalados hasta el momento. En la última sesión de la comisión de investigación, cuyas conclusiones podrían darse a conocer a finales del mes de noviembre, Romero ha explicado que esos 3.600 millones en sobrecostes únicamente se refieren a la ejecución de las obras, sin tener en cuenta la financiación.

La Audiencia Provincial de A Coruña acaba de emitir una sentencia en la que condena a la Xunta, a través de la Fundación "Cidade da Cultura", a pagar a la construtora FCC 2.544.822,32 euros más intereses por sobrecostes en la ejecución del complejo Gaiás. Según la Audiencia, el proyecto del edificio tenía “errores”, “carecía de la necesaria definición” y “no estaba suficientemente desarrollado y esta función fue asumida por FCC”.

El jefe del Área de Concesiones de la Subdirección General de Planificación de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid, Carlos Millán Urra, ha asegurado este martes que la carretera M-45 costará finalmente a los madrileños --cuando se terminé de pagar la próxima década a través del llamado peaje en la sobra-- un total de 2.000 millones de euros, cuando la obra costó 550 millones de euros.

El Ayuntamiento de Madrid abonó un número superior de cámaras de seguridad de las que luego se instalaron a lo largo del recorrido de la M-30. Un total de 1.090 cámaras aparecen como certificadas, es decir que se pagó por ellas de acuerdo a los presupuestos aprobados. Sin embargo, según fuentes municipales, la plataforma de gestión del inventario sólo recoge la instalación de 978. Se puede estimar el abono de 1.342.000 euros "de manera totalmente injustificada". El importe medio de instalación de una cámara es de unos 11.000 euros.

La pirimetamina es medicamento habitual para tratar el VIH que se vende comercialmente con el nombre de Daraprim a 750 dólares por píldora en Estados Unidos. Después de investigar durante dos años (y gracias patrocios individuales vía patreon) un youtuber ha conseguido sintetizarla a un precio aproximado de 1$ por píldora.

De momento, no ha habido más beneficiados con la ampliación de El Musel que los empresarios de las grandes constructoras responsables de las obras, algunos de ellos investigados en la instrucción abierta en la Audiencia Nacional por múltiples supuestos delitos, entre ellos malversación de dinero público. Las obras duraron cinco años (2005-2010) y costaron 826,4 millones de euros. «Un puerto, simplemente por existir, genera tráfico, y eso es un hecho». Lo dijo un técnico de El Musel en 2005.

341: tal era el número de páginas del voluminoso informe con el que la Oficina Europea de Lucha Antifraude recomendó en 2014 la devolución de la subvención de 247,5 millones de euros que la Unión Europea había otorgado para las polémicas obras de ampliación del puerto gijonés de El Musel. En él, la OLAF desgranaba pacientemente sus consideraciones sobre lo injustificado del sobrecoste que la Autoridad Portuaria de Gijón había aprobado con respecto al presupuesto inicial de los trabajos.

Fomento pasa a los senadores del PSOE de Asturias y León una planificación con la que sería imposible abrir al tráfico antes de cuatro años. «No es admisible», señala Carcedo. Mariano Rajoy aseguró en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, en junio de 2013, que los trenes comenzarían a cruzar el primer tubo en 2014. Si se cumple este nuevo plazo, el retraso acumulado será de siete años. La respuesta parlamentaria deja poco margen de error.

Cuánto hemos pagado todos los españoles por los sobrecostes de las grandes obras públicas? Es una pregunta pertinente porque detrás de estos ‘modificados’ en el precio de las líneas de AVE, las carreteras o los aeropuertos en ocasiones se esconde corrupción o mala gestión del dinero público. Lo cierto es, que las grandes constructoras se comprometen a un precio en los concursos que rara vez cumplen.

El Colegio de Geólogos (ICOG) ha criticado que la falta de transparencia en los sobrecostes de la obra pública en España, en general, está motivada por la falta de planificación y, más concretamente, por el "desconocimiento del subsuelo" . Ha pedido repensar los procesos de adjudicación de obra pública. Propone una "valoración cerrada y realista" de los proyectos de obras y servicios públicos y que sea objeto de penalización grave presentar desviaciones posteriores por encima de las licitaciones.