Conviene que las definiciones estén claras: preso de conciencia es cualquier persona encarcelada por su raza, religión, color de piel, idioma, orientación sexual o credo, siempre que no haya practicado la violencia ni abogado por ella. Preso político es cualquier persona física a la que se mantenga en la cárcel o detenida de otra forma, por ejemplo bajo arresto, porque sus ideas supongan un desafío o una amenaza para el sistema político establecido. No hay que confundir la categoría de preso político con la de político preso.

En 2013, el país introdujo una ley que reduce las penas en 30 días por libro terminado. Profesores universitarios, negros y editoriales participan de un esquema del que se aprovechan los corruptos.

La Junta de Portavoces del Parlamento de Nafarroa ha aprobado una declaración institucional por la que ha mostradoa su solidaridad a las personas allegadas de la presa Olga Comes, que sufrieron ayer un accidente de tráfico. La declaración ha sido presentada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y rechaza por UPN, PSN y PP.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han dictado sentencias de condena a la política penitenciaria del gobierno español, quien con absoluta arrogancia y el apoyo de los medios de comunicación de la derecha y extrema derecha se pavonea del incumplimiento de las mismas, a pesar de que esa posición contradice el art. 10.2 de una Constitución de la que se declaran los máximos defensores.

El régimen FIES, también conocido como “la cárcel dentro de la cárcel“, cuyas siglas significan Ficheros de Internos de Especial Seguimiento entró a formar parte de nuestro ordenamiento penitenciario durante el gobierno del PSOE en el año 1996 a través de una Instrucción de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, la nº 21/1996...

De este modo, el Alto Tribunal admite a trámite la denuncia presentada el pasado 19 de octubre por el Colectivo de Víctimas del País Vasco (Covite).

Las víctimas de los delitos más graves podrán desde este miércoles, con la entrada en vigor del Estatuto que regula sus derechos, exponer su opinión ante el juez de Vigilancia Penitenciaria antes de que éste decida sobre la libertad condicional, el cambio de grado o los beneficios penitenciarios de sus agresores. Permite, además, que se recurra la decisión final del magistrado en delitos de terrorismo, homicidio, aborto, lesiones, torturas, trata de seres humanos, robo con violencia, contra la integridad moral o contra la la libertad sexual.

"De manera surrealista asentía incrédulo a estas críticas, pensando sí en vez de estudiar Trabajo Social estaban cursando Antitrabajo Social. Paso a explicaros mi humilde defensa de esta ayuda, ante una minoría (menos mal, pensé) del alumnado, posicionada por ir en contra de este tipo de subsidio:[...]" Así describe este profesor de la UAL los puntos argumentales con los que explicó a su alumnado la existencia del subsidio por excarcelación al que tienen derecho una parte de las personas que cumplen condena de privación de libertad en este país

El expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, condenado a cuatro años de prisión por el 'caso Naranjax', ha obtenido su primer permiso penitenciario, según han informado a Europa Press fuentes penitenciarias y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Acaip (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias) ha presentado el 'Informe sobre la Información Reclusa en la Comunidad Valenciana a 1 de junio de 2015' según los datos oficiales facilitados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que desvela que las cárceles valencianas están al 163,60% de ocupación, muy por encima de su capacidad, con una población reclusa de 7.119 internos en los centros valencianos.

El consumo de sustancias ilegales y la victimización, es decir, las agresiones verbales y físicas, son dos fenómenos frecuentes y relacionados estadísticamente en los centros penitenciarios, donde más del 50 % de los reclusos lo padecen. Así lo revela una encuesta a más de 400 internos en cárceles de Castilla-La Mancha. Los autores plantean adoptar medidas preventivas y mejorar la vida en prisión.

Las organizaciones civiles dudan de que se cumpla el procedimiento para que los internos en centros penitenciarios puedan votar.La falta de interés en este tema explica que haya tan pocos datos”, concluye. Desde la Plataforma Pro Derechos Humanos de Andalucía, Valentín Aguilar opina en la misma línea. “El Estado tiene una actitud de indiferencia hacia este derecho, como hacia tantos otros derechos”, comenta Aguilar, quien añade que, aunque en teoría deberían hacerse campañas informativas sobre el voto por correo en los centros penitenciarios..

Marcelo entró en aquella tertulia de radio semanal en A Lama (Pontevedra). Un buen día escuchó a un compañero de módulo hablar de la experiencia de opinar en el aire. Sintió una extraña atracción y solicitó su participación al funcionario de turno. Las palabras bailaban de orden cuando le llegó el turno para valorar sobre el racismo entre presos. No lo dudo: “nos toleramos mucho mejor aquí dentro que ahí fuera”. Tenía pendiente cumplir una larga condena por robos y asaltos a supermercados y gasolineras. Con el tiempo, confeso lo inconfesable.

El fotógrafo estadounidense Richard Ross cuenta las vidas de unas jóvenes reclusas en 250 centros penitenciarios en EEUU. Los retratos de Ross cuentan de manera honesta unas vidas llenas de abusos y explotación. En ocasiones, los rostros de las chicas se han desenfocado para proteger su identidad.

Más de cuarenta Estados de USA albergan prisiones de "super-máxima seguridad" para convictos particularmente violentos o de mala conducta. Pero el gobierno federal dirige una única "Supermax", la notoria instalación penitenciaria de máxima seguridad en Florence, Colorado.

Siempre han sido los grandes olvidados y ahora aún más. Los presos de las cárceles españolas están viendo como la sanidad penitenciaria está siendo desmantelada. Sus cartas a ONGs de Derechos Humanos así lo atestiguan. Pero también las denuncias de los médicos y de los propios sindicatos de prisiones. Los facultativos son pocos (hay un médico por cada 500 reclusos en algunos centros).

Soy hermano de Ibon Iparragirre Burgoa, y escribo esta carta desde la rabia y el dolor. Y la escribo en castellano porque quiero que usted, Sr. Jose Luis Castro, Juez de Menores y de Vigilancia Penitenciaria, la entienda sin necesidad de traductores, literalmente y sin versiones manipuladas. Usted sabe perfectamente que nuestro hermano padece una enfermedad grave, crónica, incurable y degenerativa. Lo sabe porque así lo corroboran todos los informes médicos que obran en su poder, y así lo reconoce ud. mismo en el auto firmado de su puño y letra

El ingreso en prisión de Iñaki Urdangarín es prácticamente inevitable. El fiscal Horrach pide para él una pena de 19 años y medio, después de que el marido de la infanta Cristina rechazara una oferta de 6 años y 6 millones de euros. Ante este panorama, especialistas en Instituciones Penitenciarias analizan qué cárcel es la más adecuada para el Duque de Palma.

El juez de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid ha concedido un permiso extraordinario al expresidente balear Jaume Matas para que pueda operarse del oído.

Son ya más de 90 los intoxicados en la prisión venezolana de Uribana desde el pasado miércoles. Hay 38 muertes confirmadas y, según las últimas informaciones, 20 presos continúan en coma. En total, 145 reclusos se intoxicaron al beber el que ya ha sido bautizado como “cóctel de la muerte”

Un Joven emprendedor que fomenta la motivación y la superación personal. Tiene que ser difícil poder entrar en lo más profundo de una penitenciaria para visitar y poder dar una charla de valores a los presos, curioseando leí un chico que entra en la penitenciaria donde cuenta su experiencia y lo que se vive dentro de ella. Espero que os guste

Jon Ezkurdia, marido del actor Koldo Losada que apareció muerto con un fuerte golpe en la cabeza el pasado miércoles por la noche ,ha ingresado a las 23.45 horas en la prisión de Basauri, según ha confirmado a Europa Press el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

Su responsable, Ángel Yuste, sostiene que la decisión de su departamento, tomada en contra de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Segovia, "no constituye ningún beneficio penitenciario ni privilegio gracioso". Todos los grupos de la oposición han cargado contra Yuste por considerar que se ha tratado de una medida "política" sin ninguna base jurídica que ha causado "indignación" y una "gran alarma social". La portavoz del PP, Ana Belén Vázquez, ha acusado a los portavoces de los grupos de "sembrar...