El Gobierno ha cerrado con “sus” sindicatos un acuerdo en el último minuto de la prórroga para pasar el examen parcial de Bruselas, pero que no va al fondo del problema estructural de la Administración y sus plantillas, tanto personal funcionario como interinos y otro personal temporal en fraude de ley. El acuerdo, que fía la estabilización a los concursos-oposición y a la aplicación de despidos procedentes, penaliza a los trabajadores y exime de toda culpa al empresario, a la Administración.

Rúbrica al plan de choque contra la temporalidad excesiva en la Administración Pública. El goteo de sentencias correctoras desde Europa ha marcado los últimos años del empleo público y Ejecutivo y sindicatos quieren ponerle solución, firmando ayer un acuerdo en el que la máxima es aplacar la interinidad. Implicará convertir a 310.000 plazas interinas en fijas antes de finales del 2024.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a dejar claro que la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, no es conforme con el Derecho de la Unión Europea, ni con la propia jurisprudencia del TJUE. Los Magistrados del Tribunal Supremo se saltan la Ley. Hacen caso omiso de la primacía del Derecho de la Unión y también del Art. 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Con completa impunidad.

Función Pública asume la reivindicación sindical de compensar económicamente a los interinos que se queden fuera de la Administración y les ofrecerá integrarse.

El Tribunal Supremo ha acordado que un trabajador interino pasará automáticamente a ser indefinido no fijo cuando transcurran tres años de contrato sin que se haya resuelto el proceso de selección, en aplicación de la reciente doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).,En un fallo conocido este lunes del que todavía no se ha facilitado la sentencia, el alto tribunal explica que el cómputo de tal plazo no puede verse interrumpido por normas.

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo reunida en pleno para examinar la incidencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de junio de 2021 en diversos recursos, ha decidido, por unanimidad, rectificar la aplicación que venía haciendo de su propia doctrina en relación a la duración del contrato de interinidad por vacante en el sector público.

El número de funcionarios y empleados públicos ha crecido con fuerza en los últimos años en España hasta alcanzar su cota más alta jamás registrada. Los empleados de las Administraciones Públicas suponen ya un 21,1% del total de la población ocupada, lo que se traduce en que uno de cada cinco trabajadores corresponde al ámbito público. Según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), a finales de marzo había cerca de 3,4 millones de asalariados públicos, récord histórico absoluto.

El Ministerio de Función Pública ha planteado realizar un concurso de méritos que no incluya examen para reconocer la experiencia y méritos de los interinos que están en situación fraudulenta al acumular más de 2 años con contrato temporal.

Critican la falta de convocatorias, los criterios dispares en las bolsas y la desigualdad de méritos a la que se enfrentan con el concurso oposición

"Auxiliadora Casas fundó y dirige la unidad de Rehabilitación del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE). Tras doce años, pide que el Ingesa le ofrezca la posibilidad de presentarse al examen para conseguir una plaza fija y establecerse en la ciudad". El Sindicato Médico vuelve a denunciar las condiciones de "precariedad" en la que se encuentran muchos profesionales que trabajan en la ciudad.

El sometimiento al imperio de la ley implica que los jueces no puedan sin más, no aplicar una norma cuando consideren, significa sometimiento al ordenamiento jurídico, significa sometimiento al derecho de la Unión Europea.

En síntesis, recuerden, el caso se refiere a una trabajadora interina por vacante de la Comunidad de Madrid que ha formalizado un contrato de interinidad desde 2003 a 2016 (y que ha sido prorrogado en 2008) y cuya relación laboral finaliza por la cobertura reglamentaria de la plaza. El objeto de esta entrada es sintetizar el contenido de esta importante resolución y aportar algunas reflexiones críticas a la misma

La adecuación de la interinidad por vacante en el empleo público a la Directiva 1999/70 está planteando una conflictividad extrema. De hecho, el próximo 3 de junio el TJUE resolverá 3 cuestiones prejudiciales sobre esta Directiva (dos de ellas formuladas desde nuestro país y, de estas, una por el TSJ de Madrid en relación a la interpretación del Tribunal Supremo del apartado 64 del caso Montero Mateos – véase en esta entrada del blog).

El Gobierno prevé una reforma de la temporalidad en el empleo público. Confilegal ha tenido acceso al primer borrador que Función Pública ha presentado a los sindicatos sobre la propuesta de reforma del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público para de reducir la temporalidad en las administraciones públicas. Esta reforma, según ha anunciado el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, pretende evitar el abuso y fraude de ley en la contratación temporal, mediante la trasposición de la Directiva Europea 1999/7.

La mujer, que había ocupado el cargo de conserje ininterrumpidamente desde 2007 hasta 2018 ―después de acceder a él por medio de una bolsa de empleo―, reclamaba que se reconociera su situación de empleada fija, pero “sin condición de funcionario de carrera”. Para que esto sea así, es necesario aprobar una oposición y obtener una plaza de la que se deriva esta consideración.

Hace meses, un juzgado de Alicante sacudió los cimientos del TREBEP con la creación, bajo un supuesto amparo de la jurisprudencia del TJUE, de la figura del “empleado fijo no funcionario de carrera”. Ahora el TSJ, estimando el recurso del Ayuntamiento de Alicante, ha revocado dicha sentencia

El sindicato considera que el nombramiento de vacantes en escuelas e institutos por parte de los directores vulnera la LOMLOE. Cataluña es la única comunidad autónoma donde los directores de un centro educativo pueden decidir el futuro de un interino. Aunque esta situación podría cambiar tras la aprobación de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE). CCOO ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al considerar que el procedimiento establecido por la Consejería de Educ

Sobre la exigida reducción de temporalidad pública a menos del 8%: va a ampliar los procesos de estabilización con las plazas temporales más de 3 años a 31/01/2020 y deberán publicarse todas las convocatorias de las OPEs de estabilización -existentes y las nuevas- antes de 31/12/2021 teniendo que finalizar antes de 31/12/2024.

Una situación de vulnerabilidad que sólo ha beneficiado al empleador, es decir, al Estado. Esta situación de precariedad no afecta a todos por igual, sino que se focaliza sobre todo en las mujeres, puesto que el abuso en la contratación temporal dentro de la administración afecta mayoritariamente a las mujeres. Más del 70% del empleo precario en la justicia corresponde a mujeres que, en su mayoría, no viven solas y tienen cargas familiares o son el sustento de familias monoparentales.

El consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, confía en firmar esta semana el acuerdo definitivo para regularizar esta situación de interinidad.

El objetivo es su permanencia sin someterlos a oposiciones hasta que se extingan sus contratos por jubilación o baja | Se crean grupos de trabajo entre las dos partes

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha anunciado este jueves que va a reformar el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) de manera que se establezca la obligatoriedad de las administraciones públicas de cubrir en un plazo máximo de tres años las plazas ocupadas por personas sin contrato fijo.