En el programa de hoy, 30/5/2024, Pablo Iglesias, Paola Aragón, Manu Levin e Inna Afinogenova analizan el problema creciente de la turistificación del sector de la vivienda, que se ha convertido en una amenaza para la garantía del derecho a la vivienda de la población en muchas ciudades. Además, informan sobre los negocios inmobiliarios de la "casta" de Javier Milei. Con la participación de Víctor Martín, portavoz de "Canarias se Agota".

Esta es la historia del corto boom y eterna crisis de Talavera de la Reina, un municipio que se encuentra a poco más de una hora de Madrid y que soñó con desplazar a Toledo como gran núcleo económico de la provincia, pero que hoy sigue sufriendo las consecuencias de unas promesas incumplidas y de la caída de los sectores económicos que llevaron a este municipio a duplicar su población entre los 70 y principios de los 2000.

El aumento de las tasas de salida impuestas por el Kremlin, las dificultades para encontrar compradores adecuados y la reactivación de las actividades de consumo están haciendo que las empresas occidentales se replanteen su salida de Rusia, según un reciente informe del Financial Times. Hasta el mes pasado, 2.175 empresas extranjeras permanecían en Rusia, mientras que 1.610 habían abandonado o reducido sus operaciones, según la Escuela de Economía de Kiev.

El Observatorio de Márgenes que el Banco de España, la Agencia Tributaria y el Ministerio de Economía presentaron en julio de 2023 ha constatado que las empresas han aprovechado la crisis de inflación para ganar más y más

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha condenado a 1 año y 6 meses de prisión y a una multa de 1.920 euros al administrador único de una inmobiliaria de Viana (Tierra Estella) que se apropió de 38.600 euros aportados por la compradora de una vivienda en concepto de contrato de arras y gestión de fondos.

La empresa de tasación "UVE Valoraciones" apunta a que la oferta de vivienda en alquiler ha caído a mínimos históricos y está un 28 % por debajo de la que había en 2020. Según la Federación Nacional de Asociaciones inmobiliarias (FAI), la oferta de inmuebles disponibles para alquiler habitual se ha desplomado un 30,5%. También el Banco de España ha alertado de los efectos negativos que puede conllevar el control de los precios del alquiler de forma sostenida y sin medidas estructurales que aumenten la oferta. La entidad calcula que hacen falta

"Pudimos verificar que provenían del interior del vertedero y desembocaban en una finca de eucaliptos, eran aguas de alivio de presión", ha añadido. "Lo que vi fue unas instalaciones lamentables", ha concretado, además, tras apuntar a "grandes deficiencias, con líquido negro apestoso cayendo por las paredes". "Era escandaloso", ha dicho. En la misma línea, otros agentes de la Guardia Civil han señalado que el vertido "venía de una arqueta que estaba ubicada dentro de la empresa denunciada que tenía enganchado un tubo".

La norma prometía facilitar el acceso a la vivienda y garantizar por igual en toda España el derecho recogido en el artículo 47 de la Constitución, limitando las subidas de los alquileres y protegiendo a los inquilinos más vulnerables, entre otros puntos. Un año después, la llave para poner en marcha una parte importante de la ley impulsada por el Gobierno de coalición está en manos de las comunidades. Mientras tanto, el precio de la vivienda no deja de crecer y sigue suponiendo una carga asfixiante para muchas familias.

Una de las personas clave de Yolanda Díaz en Galicia, Iván Olmos, recibió de su madre la concesión tras ganar un concurso millonario del Ayuntamiento de Verín (PSOE) al que solo se presentó ella para gestionar un centro de día durante 15 años.

Según recoge el escrito de calificación fiscal, desde al menos el año 2012 y hasta marzo de 2016, los acusados, que gestionaban un vertedero de residuos no peligrosos ubicado en Cerceda (A Coruña) "incumplieron, siendo plenamente conscientes de ello, y con la finalidad de ahorrar costes a la empresa y maximizar sus beneficios, la autorización ambiental" para este tipo de actuaciones. El Ministerio Público, en su escrito de calificación de los hechos, junto a las penas de prisión, pide también el pago de una indemnización de más de 500.000 euros

"Ya la han vuelto a liar, es una vergüenza", comentaba un damnificado a este diario, indignado ante la confusión generada por este lance.

Entre otras cosas, la ley imponía desarrollar a las empresas de 50 empleados o más y para antes del 2 de marzo, un protocolo antiviolencia LGTB basado en un desarrollo reglamentario. Pero se llegó a esa fecha y el gobierno no publicó el reglamento, incumpliendo su propia norma y llevando la incertidumbre e inseguridad jurídica a las empresas.