El Gobierno británico ha anunciado este lunes la entrada en vigor de la nueva normativa migratoria que impide la entrada en el país con visado a menores de edad y otros familiares dependientes de trabajadores sanitarios que estén en activo en Reino Unido.

Los trabajadores de la base de SAMU061 en Santa Eulària des Riu, municipio de la zona norte de Eivissa, están al límite. Ubicada en la antigua biblioteca del centro desde el verano de 2016, la base presenta “múltiples carencias en materia de servicios higiénicos y locales de descanso incompatibles con lo dispuesto en la normativa laboral”, denuncia el sindicato médico balear, SIMEBAL. “Esta situación se hizo especialmente grave durante la pandemia la COVID19 y fue denunciada por SIMEBAL a la Inspección de Trabajo en diciembre de 2021”, lamentan

"Nuestras fresas, como otros productos, pasan todo tipo de controles de trazabilidad, están sometidos a un control sanitario riguroso, como todos los de Europa, pero eso no ocurre con los de los terceros países". Es la llamada "competencia desleal", una de las grandes quejas que ha llevado a los agricultores y ganaderos a protestar en las calles en el último mes. "Lo peor de todo", se queja el productor valenciano, "es que desde nuestra denuncia aquí nadie ha abierto la boca, cuando nos estamos refiriendo a un tema preocupante".

En el Reino de España hay 1.669.361 personas que se benefician actualmente de alguna manera del ingreso mínimo vital, la renta de subsistencia que el Gobierno introdujo en 2020 para garantizar unos ingresos mínimos a los hogares más vulnerables. Esa población se divide en más de medio millón de hogares (557.405), un tercio de los cuales se sitúan en Andalucía. En la mayoría de esos hogares hay menores.

A raíz del 'caso Koldo', PSOE y PP han emprendido una guerra de comisiones de investigación en el Congreso y en el Senado. Los socialistas han registrado este martes una comisión en el Congreso para analizar la compra de material sanitario desde todas las administraciones públicas durante la pandemia. Los populares asumen que es un movimiento del PSOE para volver a poner sobre la mesa el caso del hermano de Ayuso o el de los comisionistas Luceño y Medina. Y por eso lo rechazan.

La Fiscalía de Las Palmas ha presentado una querella en la que acusa de malversación, blanqueo y fraude a Hacienda a cuatro empresarios que vendieron material sanitario al Gobierno de Canarias durante la pandemia de covid por importe de casi 23 millones. Esta es la tercera causa penal que se abre en Canarias por compras de material sanitario durante el estado de alarma: la primera examina una estafa de 4 millones en el suministro de mascarillas que ya costó el cargo al director del SCS y la segunda analiza los contratos del 'Caso Koldo'

Los últimos datos sobre carencias materiales que ha publicado el INE dan un retrato especialmente agrio de las consecuencias de las crisis. Y es que las tasas de pobreza energética y alimentaria han alcanzado niveles nunca antes vistos desde 2004, el año en el que el instituto estadístico empezó a recopilar estos datos. El porcentaje de familias que no pueden mantener una temperatura adecuada se ha casi triplicado desde 2019. El 7% de los menores de 16 años viven en hogares que no pueden pagar carne o pescado dos veces por semana.

La crisis de inflación ha dejado a las familias españolas ante una situación paradójica. Por un lado, los hogares han visto cómo su renta (nominal) ha crecido de un año para otro. Además, la cantidad de familias con pocos miembros trabajando está en mínimos históricos. Con estos mimbres, podría parecer que estamos ante una mejora en la calidad de vida. Sin embargo, las fuertes subidas de los precios han diluido esas ganancias. Hasta el punto de que la población más vulnerable vivía en peores condiciones en 2023 que en 2022.

Para los jóvenes de 2024 comprar un piso es un sueño. No por una cuestión aspiracional, sino por lo imposible de hacerlo realidad. Alrededor de un millón de jóvenes formados continúan trabajando gratis o como becarios, y uno de cada 5 menores de 30 años con trabajo es pobre o corre riesgo de exclusión social, denuncia Báez: "en la actualidad, un joven que trabaja ocupa las colas del hambre". Detrás de este problema, Conde-Ruiz acusa 3 frentes : Precariedad, Precios y Políticas públicas. "Es una tormenta perfecta".

La Junta Electoral de Galicia ha abierto un procedimiento sancionador contra la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia por enciar el pasado viernes de mensajes de texto a los móviles del personal sanitario gallego con anuncio "electoralista" en el que se les informaba de una subida salarial, acordada en abril de 2023, a dos días de las elecciones autonómicas del domingo.