La APM, que se ha reunido con la nueva ministra de Justicia, cree que los más de dos años y medio que lleva el órgano en funciones, unido a la reforma que le impide realizar nombramientos, hacen necesaria la elección de los nuevos vocales. El partido de Pablo Casado sigue insistiendo en que lo necesario primero es cambiar la ley para que los jueces elijan a los doce vocales judiciales

La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha admitido este martes que mientras Podemos "condicione" la negociación no habrá acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Además, ha subrayado que su formación quiere "una despolitización de la Justicia", de forma que "los jueces elijan a los propios jueces".

El proyecto se ha planeado sobre terrenos calificados como suelo rústico de especial protección forestal y son propiedad de particulares y de una comunidad de montes, y ha requerido una modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana de Mos, el municipio pegado a Vigo en el que se ubican esas tierras y que está gobernado por Nidia Arévalo, del Partido Popular.

El Gobierno de Aragón advierte al ayuntamiento de la capital de que mantener las calles dedicadas al rector Gonzalo Calamita y al presidente de la Comisión de Depuración, Miguel Allué, vulnera la Ley de Memoria Democrática, una situación con la que PP y Cs exponen al consistorio a dejar de recibir 28 millones en ayudas

Las conversaciones sobre la renovación de los órganos constitucionales avanzan entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. El número dos del PP, Teodoro García Egea, aseguró este lunes que "Podemos está al margen de cualquier conversación sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)" y que, de hecho, "no va a tener personas en esta renovación" porque su pacto "es con Pedro Sánchez, pero no con el PP". García Egea afirmó que el PSOE "está aceptando una de las condiciones que Pablo Casado puso encima de la mesa"

El rescate de la Ciudad de la Justicia costará al menos 442 millones de euros y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pretende financiarlo con los fondos europeos que tienen que destinarse a combatir la crisis sanitaria y económica que ha provocado la Covid-19. Así se lo ha trasladado Ayuso este martes a los grupos de la oposición con los que se ha reunido para contarles su plan para estos fondos, y confirman fuentes de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas.

La Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, tendrá que recuperar 2.935 viviendas sociales vendidas en 2013 al fondo Azora - Goldman Sachs. Los pisos sociales, que fueron traspasados al fondo buitre por debajo de precio de mercado, han sido en los últimos años objeto de una batalla judicial entre los inquilinos, por un lado, y la Comunidad y el fondo, por otro, que en 2020 llegó hasta el Tribunal Supremo. Ante todas las instancias, la justicia ha dado la razón a los inquilinos y desautorizado los sucesivos recursos del Ejecutivo

La predisposición de EH Bildu a apoyar los Presupuestos Generales del Estado anunciada la semana pasada por su máximo jefe, Arnaldo Otegi, y que revolucionó la política española, está siendo utilizada por el Partido Popular como un nuevo argumento para mantener el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde 2018 por la negativa de la dirección de Pablo Casado a acordar con el Ejecutivo progresista.

La investigación sobre el espionaje ilegal al ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, supuestamente orquestado desde el Ministerio del Interior

La negociación abierta entre PSOE y PP para la renovación del Consejo del Poder judicial debe incluir (1) la inmediata puesta en práctica de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) ; (2) el establecimiento de mecanismos de renovación alternativa del CGPJ en el caso de que los partidos no se pongan de acuerdo; (3) la prohibición de reingreso en la carrera judicial, al menos durante dos años, de aquellos jueces, magistrados o fiscales que hayan participado activamente en política. Y con carácter retroactivo.

Sospecha que el Gobierno de Esperanza Aguirre abonó al arquitecto unos honorarios de más de 13 millones de euros por proyectar dos edificios para el proyecto fallido

Gobierno y PP Volverían a las condiciones de julio, cuando estuvieron a punto de cerrar un pacto, para que PSOE proponga a diez vocales y el nombre del presidente y el PP, a otros diez. Las conversaciones también se orientan a la renovación del Tribunal Constitucional. Entre los vocales propuestos por el PSOE se incluiría el nombre de un vocal propuesto a su vez por PNV y dos vocales de tendencia progresista, opción con la que contentarían a Podemos, que no participaría en la negociación directamente.

El PP pide ahora volver a las mayorías reforzadas que ellos mismos suprimieron en 2013. Además, Casado propone volver a la propuesta de Alianza Popular de los 80. En 1986, AP, con Fraga de líder, llevó un recurso al Constitucional firmado por José María Ruiz-Gallardón, padre del que luego sería ministro de Justicia, contra la reforma que establecía la elección parlamentaria de los vocales del Consejo. El TC dio la razón al PSOE, pero el PP siguió llevando lo que llama “despolitización de la Justicia” en sus programas.

El bloqueo por el Partido Popular de la renovación del Consejo General del Poder Judicial es un crimen, pero no un error. La reforma exprés que planea el Gobierno para rebajar a mayoría absoluta la mayoría cualificada para desbloquear esa renovación no es un crimen, pero sí un error.

La razón por la que el PP se resiste como gato panza arriba a la renovación del CGPJ es que, con el CGPJ renovado, no podría contar con la "comprensión" con que cuenta con el actual CGPJ, que, de momento, ha elevado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo al Magistrado de la AN que votó en contra de que el PP fuera condenado como partido. El comportamiento del PP, y por qué no decirlo, de los actuales miembros del CGPJ al no haber presentado su dimisión, forzando de esta manera la renovación del órgano, se califica por sí misma.

El pasado 9 de septiembre Inés Arrimadas aseguró en el Congreso de los Diputados que hay una «abrumadora mayoría» que exige «acabar con el vergonzoso reparto de jueces, a veces de manera chapucera y por WhatsApp». «Ni bloqueo, ni dedazos, es momento de escuchar a jueces y ciudadanos», finalizó. Además de al CGPJ, la propuesta también planteaba reformar la selección de los miembros de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo para hacerlos totalmente independientes.