La Fiscalía Provincial de Valencia insiste en que se reabra la investigación judicial por el incendio registrado el pasado 22 de febrero en un edificio de la zona de Campanar que se saldó con 10 víctimas mortales, entre ellas dos menores de tres años y un bebé de días, y 138 viviendas destruidas, al considerar que el sobreseimiento se ha adoptado "sin explicación alguna".

Según ha conocido la SER, un juzgado le impone una multa de casi 27.000 euros que deberá abonar a sus hijos.

La última fosa en la que trabaja el equipo de la UGR en Víznar ha sufrido un vil ataque. Se trata de la fosa en la que han aparecido diez víctimas que fueron ejecutadas de tiros en la cabeza y con las manos atadas a la espalda. Esta mañana, cuando el equipo se disponía a proseguir los trabajos de exhumación, han comprobado que ha sido profanada y se han llevado un maxilar.

A Concepción Pertíñez, Concha para sus amigos, le raparon la cabeza y se la rociaron con aceite de ricino. “Con dignidad y la cabeza alta”, recuerdan hoy sus familiares, fue escoltada por la Calle Real de Santa Fe camino del barranco de Víznar (Granada), en el que sería el último trayecto de su vida. Apenas atesoraba unos 35 años y un hijo de diez que, tras ver a su madre, fue corriendo a buscar al cura del pueblo para reclamar clemencia. Sus lamentos no surtieron efecto y Concha fue asesinada con un disparo de gracia al borde de una zanja.

El presidente no puede seguir en el cargo tras haber reconocido que el ‘lawfare’ destroza la democracia española sin anunciar que actuará contra ello

Esta última no es la primera vez que Peinado abre diligencias por una denuncia de Manos Limpias, ya que en 2015 fue el que llevó la causa contra los concejales madrileños Pablo Soto (Ahora Madrid) y Guillermo Zapata (Podemos) por unos tuits ofensivos contra otros políticos, como el exalcalde de Madrid, Alberto Ruíz Gallardón.

El pasado lunes se hacía publica la sentencia judicial que condena por delitos de injurias a Raquel Rodríguez , la vecina del barrio de Río San Pedro, en Puerto Real (Cádiz) que el pasado 2021 se enfrentaba a las tanquetas enviadas por el Estado español ante las movilizaciones de los trabajadores del metal de la zona. La vecina y trabajadora de Puerto Real ha sido condenada por el Juzgado de lo Penal de Cádiz a pagar más de 5.000 euros al ser acusada de delitos de injurias.

El Consejo de Ministros, que ha aprobado también un grupo sobre memoria del pueblo gitano y otro sobre reparación económica, aclara que "en ningún caso" se incluirán como víctimas de vulneraciones de derechos entre 1978 y 1982 a quienes estaban vinculadas "a organizaciones o grupos terroristas"

El exconsejero madrileño ha negado en el juicio sobre su gestión de Campus de la Justicia que cometiera irregularidades en la adjudicación de contratos, asegurando que "no firmó nada que no tenía que firmar".

La organización se pregunta cómo el ejecutivo madrileño puede justificar su actuación “a través de la urgencia” cuando “llevan dando vueltas sucesivos gobiernos regionales desde hace 20 años”

La facultativa se enfrentaba a un año de cárcel y a dos de inhabilitación, acusada de un delito contra la integridad moral, lesiones y coacción

En el centro del asunto se investiga una presunta manipulación de un audio que se habría producido en los servidores de ese departamento cuya gestión compete a una dirección general. Los Juzgados de Valladolid se negaron a investigar el presunto delito en un primer momento, y al haber conocido de la instrucción en Madrid el magistrado vallisoletano estaría maniobrando, ahora, para quedarse con la causa, que afecta a Aitor Cubo, subordinado de Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, ambos naturales de Valladolid.

Varios juzgados de Madrid dictaminan que varias sanciones en un corto espacio del tiempo se trata de una única sanción continuada, luego solo tendría validez la primera infracción, no las siguientes.

Los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial se han marcado un nuevo objetivo dentro de la estrategia de controlar todos los escalones de la carrera judicial. Buscan renovar el control que tienen de las salas de gobierno de los tribunales españoles. El próximo mes de octubre se convocan elecciones a las de Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia.

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea rechaza el registro por considerar que es contraria al orden público y a las buenas costumbres.