El grupo municipal de Más Madrid ha denunciado ante la Fiscalía las 198 actas policiales de las residencias de la capital que se recabaron durante los primeros meses de la pandemia. Bajo el objetivo de conseguir que se "haga la justicia" y se esclarezca la responsabilidad que los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y de José Luis Martínez-Almeida tuvieron en el fallecimiento de miles de mayores, Rita Maestre y Manuela Bergerot han puesto en conocimiento del Ministerio Público este dosier.

El Juzgado de instrucción Número 5 de Las Palmas ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Provincial contra cuatro empresarios que supuestamente defraudaron al fisco los beneficios obtenidos por la venta de productos sanitarios durante la pandemia al Servicio Canario de Salud. Entre los acusados de encuentran el actual presidente y propietario de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y un exalto cargo del PP canario, Lucas Bravo de Laguna, exalcalde del municipio Santa Brígida y exconsejero del Cabildo de Gran Canaria.

El ministerio público considera que los hechos denunciados son constitutivos de un delito de lesiones con el agravante de abuso de superioridad y pide tres años de prisión y una indemnización conjunta de 2.240 euros para los tres vigilantes de seguridad

Rescatan el caso que salpicó al ahora líder del PP durante su estancia en la presidencia gallega y que tiene que ver con la venta de material por parte de Sibucu 360. La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (Pladesemapesga) acudirá “en los próximos días” ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la Audiencia Nacional contra Alberto Núñez Feijóo por poner a la venta “mascarillas falsificadas”.

La Fiscalía de Madrid ha recurrido el archivo dictado por un juzgado por el apaleamiento de un muñeco con la cara del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El ministerio público discrepa del criterio del juez que sostuvo que en aquellos hechos ocurridos frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz no hubo ninguna infracción penal "ya que se produjeron en un ambiente festivo donde las expresiones proferidas solo constituían una muestra del rechazo de las personas que acudieron al evento".

El dictamen definitivo de la ‘número dos’ del fiscal general se opone a la tesis de los fiscales del Supremo y concluye que los indicios examinados por el juez de la Audiencia Nacional “descartan” la participación del expresident en la plataforma Tsunami Democràtic

El Ministerio Público acumula la denuncia del exjefe de los Mossos contra los mandos policiales del Gobierno de Rajoy que pidieron investigarlo a las diligencias abiertas sobre el espionaje de la policía política al jefe de los fiscales en Catalunya

El Ministerio Público apoya el recurso de la trabajadora despedida del Museo Arqueológico de Córdoba al entender que la administración andaluza no demostró que el cese del contrato no tuviera que ver con su identidad sexual.

La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, traslada al Ministerio Público en Cádiz las diligencias tras la divulgación de los vídeos donde aparecían varias personas jaleando a los autores de la embestida que mató a dos guardias civiles. Los mensajes tienen "apariencia delictiva" y "atentan contra el honor, la seguridad física, además de afectar a otros bienes jurídicos". Así concluye el informe presentado por la Unidad de Policía Judicial Adscrita al Ministerio Público que ha analizado las frases captadas por el vídeo.

La líder de la Plataforma 6F Lola Guzmán dijo el sábado en la concentración en el Estadio Metropolitano de Madrid: "Os mató a pocos la ETA, hijos de puta"

Las facturas que presentaba a su propio ayuntamiento el exalcalde popular de Algimia de Almonacid, Rafael González, eran tan sospechosas que tanto el PP —su partido— como el PSPV-PSOE, en la oposición, forzaron su renuncia en junio de 2022, tras prácticamente cinco mandatos consecutivos al frente del consistorio. Los socialistas, además, denunciaron los gastos “disparatados” ante la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), al tratarse de una localidad castellonense de apenas 249 habitantes.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado un informe ante el Juzgado de Instrucción número 32 de la capital que dio curso a una petición de colaboración judicial remitida desde Andorra para imputar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, entre otros altos cargos de aquel gabinete, en relación a la operación Cataluña. Pide rechazar la reclamación andorrana en todos sus términos porque aprecia una «clara finalidad política» en la querella que está detrás de esta causa y ningún indicio...

Crónica Libre desvela ahora en exclusiva unos vídeos grabados dentro del Juzgado Central de Instrucción número 6 en los que se aprecia cómo el magistrado y los fiscales Anticorrupción Miguel Serrano e Ignacio Stampa (sin presencia de la defensa) acuerdan el calendario, hablan de la «cobertura jurídica y planean los pasos a seguir: «Tendremos que ser muy precisos».

Álvaro García Ortiz - El fiscal general del Estado asegura que es falso que cambiase la calificación...

Se trata de ciudadanos vascos conversando sobre la situación penitenciaria de presos de una banda terrorista que no existe y planeando estrategias para favorecer sus intereses sin que de las mismas se desprenda relación alguna (...) en la organización de los actos de homenaje a los terroristas. No es delito ser vasco, no es delito ser preso, no es delito conversar, no es delito actuar políticamente en la dirección que a cada cual le plazca», así se opone el fiscal de la Audiencia Nacional a la decisión del juez instructor Manuel García C

El fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, sigue la línea marcada por el fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, y no ve indicios para encausar a Carles Puigdemont por terrorismo en el marco del caso Tsunami que investiga el juez Manuel García Castellón. Redondo apunta a los presuntos delitos de desórdenes públicos graves, daños y falsedad y no ve indicios contra Puigdemont.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha evitado comparecer tras el segundo requerimiento de la Comisión de Pederastia del Parlament, por lo que esta va a iniciar los trámites para llevar el asunto a la Fiscalía La presidenta de la comisión ha anunciado que "se dará traslado a la Mesa de Parlament para que dé cuenta al Ministerio Fiscal de estas incomparecencias a efectos de sustanciar la responsabilidad penal que pueda corresponder"