La sentencia del Constitucional es de una enorme contundencia y se ha aprobado por unanimidad, también con el voto de los magistrados que nombró el Partido Popular. Políticamente es muy relevante, tributariamente dará igual. La amnistía fiscal fue "la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos". Legitimó "la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron con su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica". Fue "la quiebra del objetivo...

Toda amnistía fiscal es un fracaso colectivo. Se mire por donde se mire. Se podrá argumentar que no había más remedio que aprobarla para cumplir con la senda de reducción del déficit. O esgrimir, incluso, que los impuestos son un medio para lograr un objetivo y no un fin en sí mismo. En una palabra, que lo importante es recaudar aunque sea con la nariz tapada. Pero lo cierto es que su obscenidad es manifiesta.

El Ministerio deja claro que los procedimientos abiertos en el marco de la regularización tributaria especial siguen adelante. El PSOE pide a Montoro que asuma responsabilidades políticas; Ciudadanos pide la comparecencia en el Congreso del titular de Hacienda.

La Agencia Tributaria ha abierto 3.545 inspecciones derivadas de la regularización extraordinaria de 2012, conocida como amnistía fiscal, con una deuda fiscal detectada de 246 millones de la cual, hasta el pasado 10 de abril, se han liquidado más de 189 millones de euros. Así lo ha anunciado Cristóbal Montoro, durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso, tras preguntarle el portavoz económico del PSOE, Pedro Saura, si seguía manteniendo que la amnistía fiscal había sido “beneficiosa para luchar contra la corrupción”.

El considerado hombre fuerte en Latinoamérica del expresidente madrileño Ignacio González, ocultó en un banco suizo una cartera de fondos valorada en 402.239 euros, que regularizó en 2012 acogiéndose a la amnistía fiscal de Montoro. Así consta en uno de los autos de registro dictados por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, al que ha tenido acceso Efe.

El Consejo de Transparencia opta por no recurrir una reciente sentencia de la Audiencia Nacional que rechazó publicar el listado de beneficiarios y que ya es firme.El organismo independiente, adscrito orgánicamente de Hacienda, argumenta que otro fallo desfavorable habría sentado jurisprudencia y sería perjudicial para el futuro..

Las actuaciones fueron comunicadas a la empresa semanas después de que 'Los Papeles de la Castellana' revelasen que los hermanos Gallardo legalizaron 113 millones ocultos en Suiza, Mónaco y Panamá. En julio, la Agencia Tributaria comunicó a la farmacéutica “actuaciones inspectoras de comprobación e investigación del Impuesto de Sociedades” de 2011 a 2013 y del IVA de 2012 a 2013, entre otros. La regularización llevada a cabo por los también dueños del grupo de sanidad privada Vithas es la más importante que se conoce.

Tres compañías catalanas del negocio del marisco legalizaron dos millones con la amnistía, a la que también se acogió el dueño de Mariscos Castellar, una de las principales empresas de Jaén. Un dentista de Barcelona legalizó 4 millones; una peluquería de León, 900.000 euros; un dermatólogo de Valladolid, 800.000; y dos socios de una empresa de cableado en Huesca, 540.000. El Gobierno se niega a publicar la lista de 30.000 agraciados pero algunos nombres pueden rastrearse en sentencias judiciales dictadas en los últimos años.

Casi 40 años después, el fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira argumenta en su escrito que aunque el atentado en sí pueda estar prescrito, hay otro delito cometido por los etarras, el de integración en organización terrorista o banda armada, que «es de tracto sucesivo, es decir, se realiza mientras que la persona o personas se encuentren integradas en dicha Organización». Este argumento podría impulsar la investigación de los alrededor de 300 asesinatos que ETA cometió después de la aministía de 1977 y que no han sido resueltos.

Los cerca de 30.000 defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal que puso en marcha en 2012 Cristóbal Montoro pagando, de media, apenas un 3% de lo aflorado, pueden librarse de pagar más a partir de este miércoles, según algunos asesores fiscales y Ciudadanos. Solo se conoce una mínima parte del total de amnistiados, entre los que hay 705 correspondientes a cargos públicos o familiares de estos. La treintena de nombres que ha trascendido se conoce gracias a investigaciones periodísticas.

El ministro quiere contentar así a Ciudadanos, pero de momento no exigirá a los amnistiados que paguen más de lo que pagaron en su día al acogerse al indulto fiscal, que es lo que realmente quiere la formación naranja.

Montoro no revisará al alza las liquidaciones de los evasores tal y como se había comprometido el PP con el partido de Rivera.Cristóbal Montoro, enviará una carta a los defraudadores acogidos al indulto de 2012 para avisarles de que “las investigaciones no prescriben el 30 de noviembre” y no revisará al alza las liquidaciones ya hechas, una decisión, que tal y como recuerda el digital supone incumplir el pacto entre PP y C's, que prometía hacer pagar a los evasores un 10% por el dinero aflorado, y no el 3% que abonaron..

Una sentencia ampara la preferencia de la reserva de datos tributarios en detrimento del acceso a la información pública, derecho que no puede entenderse con carácter absoluto

Afirman que el PP anuló la posible reclamación retroactiva al incluir en el pacto con C's la coletilla: "dentro de la legalidad vigente".

El pacto PP-C's sobre endurecimiento de la amnistía fiscal no llegará a ningún puerto. Los delitos han prescrito y Hacienda carece de información para hacer las liquidaciones. La Administración tributaria no dispone de la información necesaria para comunicar a los más de 31.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal una propuesta de liquidación.

El Gobierno portugués anunció hoy un nuevo "perdón fiscal" para que las empresas y familias que tengan deudas con el fisco y la Seguridad Social puedan sufragarlas hasta el próximo 20 de diciembre sin pagar multas o con intereses menores.

El Gobierno del izquierdista Alexis Tsipras había previsto en un principio una carga tributaria máxima del 20% para el capital no declarado, tasa que finalmente...

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley de Ciudadanos para garantizar que quienes se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 tributen efectivamente al tipo del 10% y recuperar así unos 2.800 millones de euros puesto que el 30 de noviembre prescribirán las posibles responsabilidades fiscales administrativas pendientes. La propuesta ha salido adelante con los votos a favor de Ciudadanos, PSOE, Podemos y PNV, entre otros, y el respaldo parcial del PP.

Ciudadanos defenderá este martes en el primer Pleno ordinario del Congreso de la XII Legislatura una proposición no de ley en la que insta al Gobierno en funciones a que obligue a tributar a los beneficiados por la amnistía fiscal un 10% por las cantidades afloradas a raíz de esa regularización y no un 3%. Así, la iniciativa de la formación naranja emplaza a anular las recomendaciones de la Dirección General de Tributos, que en junio de 2012 suavizaba en un informe las condiciones de tributación, provocando que el tipo efectivo, fijado.

Hacienda quiere ampliar las inspecciones a los 30.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal. El Ministerio que dirige Cristóbal Montoro tiene ya todo preparado para ampliar las inspecciones fiscales a los 30.000 contribuyentes que entre el 4 de junio y el 30 de noviembre de 2012 se acogieron a la declaración tributaria especial (DTE), investigando todos los patrimonios que tienen en el extranjero. Las actuaciones incluirán la comprobación de las tributaciones realizadas por estos contribuyentes a partir de las rentas obtenidas...

La amnistía fiscal fijó un gravamen del 10% para los bienes y derechos que fueran aflorados, pero solo para los que se hubieran adquirido en un ejercicio no prescrito.

Aseguran que la "coletilla" que dice que esto se hará "dentro de los límites de la norma tributaria" hace "imposible" llevarla a cabo. La normativa fiscal no permite obligar a tributar a los contribuyentes por los ejercicios ya prescritos.

Se trata de la llamada ‘medida estrella’ que ha salido de la negociación entre ambos partidos políticos: recuperar los 2.800 millones de euros que se “perdonó” a los defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal que el gobierno aplicó en marzo de 2012 para intentar aflorar los bienes que determinados contribuyentes tenían en el extranjero.

El hecho que se multa es hacer responsable a Calderón por convocar el rezo del Rosario y de esta forma cortar las calles Ferraz y Marqués de Urquijo los días 2, 3 y 4 de enero, durante las protestas contra la Ley de Amnistía. Pese a las multas, Calderón asegura que continuará yendo a Ferraz a rezar: "Yo siempre me he desentendido de la protesta, ellos mismos lo dicen. Buscan amedrentarme, pero no lo van a conseguir. Llevaré la lucha judicial hasta sus últimas consecuencias". Rezar se está volviendo un deporte de alto riesgo en España

Madrid es responsable de la mayor parte de la merma al perder el 26% de su recaudación teórica, según la Fundación Alternativas. Cataluña registra un saldo positivo de 1.199 millones.

El secretario general del PSOE Aragón y senador, Javier Lambán, ha decidido no participar en la votación sobre la ley de amnistía en la Cámara Alta porque, de votar a favor de esta norma, “incurriría en una insoportable deslealtad” consigo mismo, entraría “en una contradicción flagrante” en sus convicciones éticas y políticas y porque está “convencido” de que “no le prestaría ningún servicio” ni al país ni al partido.

Ausencia en el Senado del secretario general del PSOE de Aragón, Javier Lambán, senador por designación autonómica. El polémico político socialista aragonés no ha asistido este martes al Senado para evitar así tener que votar el veto del PP a la proposición de ley de amnistía. “Sería desleal conmigo mismo”, explica en una carta que le ha remitido al portavoz socialista, Juan Espadas, informa la agencia Efe.

El PP ha corregido su proposición para retirar la ley de amnistía aprobada por el Gobierno. En su escrito remitido a la Mesa del Congreso, en un inicio justificaba la decisión citando a la Comisión de Venecia y la Comisión Europea. Sin embargo, los de Alberto Núñez Feijóo se llevaron un varapalo cuando la Comisión de Venecia dictaminó finalmente que la amnistía no va contra la separación de poderes, y ahora piden eliminar a la institución del texto.

Ha emprendido un giro estratégico en su actividad económica y productiva. Con el apoyo del Gobierno de España, la ciudad busca reemplazar los ingresos perdidos tras el cese de las actividades comerciales transfronterizas en la frontera del Tarajal, frecuentemente catalogadas como "contrabando" por Marruecos, y posicionarse como un actor económico crucial en la región, aprovechando las oportunidades post-Brexit y respondiendo a las dinámicas del mercado global, transformando Ceuta en un centro neurálgico para el sector del juego online.

Giro de 180º grados en la estrategia del PP. Tras iniciar hace más de un mes un conflicto de competencias entre el Congreso y el Senado a cuenta de la amnistía, los populares han decidido dar marcha atrás y no elevar el choque al Tribunal Constitucional. Los conservadores justifican este viraje alegando que la Mesa del Congreso, quien rechazó la petición del Senado de retirar la amnistía, no tiene competencias para responder y que debería haber sido el pleno de la Cámara Baja quien se pronunciara.

La Asociación de Fiscales (AF) ha seguido los pasos de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (Apif) al anunciar que se levanta de la mesa de negociación del nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Lo hace ante "las graves e inaceptables insinuaciones" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "poniendo en duda nuestra profesionalidad e independencia", señala en un comunicado.

La decisión del Tribunal Supremo de anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática abre un nuevo frente en el Ministerio Público. Álvaro García Ortiz, que ha asegurado que no existe mejor candidata para la plaza, se prepara para proponerla de nuevo. "El Supremo me ha corregido, pero no quiere decir que no volvamos (...) a convocar ese Consejo Fiscal y a ver si existe o no esa incompatibilidad". Todo apunta a otro pulso con la mayoría de vocales que ya impugnaron su designación en 2023.

La Corte Constitucional tumbó la creación del Ministerio de la Igualdad, por vicios de trámite relacionados con la falta de estudio del impacto fiscal que tendría la creación de una nueva cartera. La creación de esta cartera, cuya ministra es la vicepresidenta, Francia Márquez, fue demanda por vicios en el trámite y porque, según los demandantes, no eran claras las facultades extraordinarias concedidas al presidente Gustavo Petro. “El Ministerio era pura burocracia; 1.3 billones de los cuales 900 mil eran para cargos burocráticos”.

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha archivado la investigación contra Shakira Isabel Mebarak Ripoll por un presunto delito de fraude a la Hacienda Pública. "No existe indicio alguno que pueda acreditar que de manera consciente y voluntaria hubiera omitido información y documentación con trascendencia tributaria a los efectos de las declaraciones de IRPF e IP del ejercicio 2018", sostiene en su resolución.

Los persiguen, contra la Constitución que dice que el Fiscal General del Estado lo elige el ejecutivo.

Álvaro García Ortiz niega el conflicto de intereses entre Dolores Delgado y el negocio de su pareja el ex juez Baltasar Garzón. Así lo ha señalado en una entrevista en el Canal 24 Horas de RTVE después de que el Tribunal Supremo haya anulado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos y, a su vez, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya abierto una causa penal contra dos fiscales de Madrid por la filtración de datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El fiscal general el Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido este martes el deber del Ministerio Público de rebatir una información "parcial y falsa" que afecta a su trabajo y ha considerado que la querella del novio de la presienta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, busca intimidar a los fiscales que investigan el caso, como ha explicado Miguel Mollà en el vídeo."Perseguir al perseguidor es algo que ocurre muchas veces", ha manifestado

El Supremo anula el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática y da un nuevo varapalo a García Ortiz