La comisión ciudadana por la verdad sobre las residencias de Madrid ha expuesto un informe contundente que ilumina las sombrías decisiones del Gobierno regional, dirigido por Isabel Díaz Ayuso, durante la pandemia de COVID-19. Con una meticulosa investigación respaldada por testimonios de afectados, personal de residencias, y expertos, la comisión desvela cómo las acciones y omisiones del gobierno pudieron haber costado la vida de más de 4.000 residentes mayores que, de haberse gestionado adecuadamente, podrían haberse salvado.

El Ayuntamiento de Madrid había dado el permiso por escrito a una charla sobre las muertes en residencias en pandemia, pero a tres días del acto lo canceló sin exponer un motivo claro. María Jesús Valero, de Marea de Residencias, Javier Cordón, de Verdad y Justicia, y el periodista Manuel Rico eran los ponentes de la charla 'Residencias, así se dejó morir a nuestros mayores'.

En concreto se señala que a los residentes se les "denegó el deber de socorro". El tribunal, dirigido e integrado por personas de reconocido prestigio como el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, denuncia "criterios discriminatorios para las derivaciones a centros hospitalarios", como la falta de seguro privado o que padecían algún tipo de deterioro cognitivo o discapacidad física. El demoledor informe ha avivado las críticas.

Se podrían haber evitado. Esta es la conclusión a la que han llegado los expertos de la comisión ciudadana por la verdad que llevan meses investigando las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la covid. El estudio apunta al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En concreto, señala que las decisiones políticas tomadas en marzo de 2020 fueron determinantes en el fallecimiento de los 7.291 residentes.

Montse recuerda lo que ocurrió aquellos fatídicos meses de marzo y abril de 2020. Mientras España se cerraba para controlar el coronavirus, ella luchaba para saber cómo se encontraba su madre, Francisca, interna en una residencia a sus 87 años y alzheimer avanzado. Francisca murió el 11 de abril. “Yo todavía el duelo no lo he vivido, no he llorado prácticamente por mi madre. No he cerrado ese capítulo porque a mí nadie me ha dado explicaciones". “Mi madre sufrió al morir. Murió como si sacas a un pez del agua y le vas dejando ahí".

Lamentando que la persecución que está sufriendo no se la desea “ni a los putos viejos de las residencias”, Ayuso ha atacado duramente a Pedro Sánchez y le ha instado a tomarse unas vacaciones en República Dominicana porque parece muy nervioso. “El presidente del Gobierno va a por mí porque pretende impedir que acabe mi trabajo, pero mientras haya una sola persona mayor de 65 años en Madrid no voy a darme por vencida”, ha prometido a sus votantes.

El PP de la Comunidad de Madrid ha reaccionado a un mensaje del periodista Manuel Rico, que desveló en infoLibre en junio de 2020 la existencia de este protocolo, sobre la noticia de que los conservadores y Vox se unieron para tumbar en la Asamblea la comisión de de estudio sobre las residencias de mayores durante la pandemia. "Qué políticos más raros: están orgullosísimos de la gestión que hicieron, pero no quieren que se conozca", tuiteó el lunes por la noche el periodista.

Carmen López, portavoz de Marea de Residencia, ha sido llamada al orden por el diputado del PP Miguel Rumayor por hacer referencia a las víctimas de las residencias durante la pandemia: "Tiene usted que hablar de la situación de las residencias, está usted hablando de un suceso de hace cuatro años"

La actual consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, fue la persona encargada de firmar el contrato del hermano de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para traer mascarillas en lo peor de la pandemia a través de la empresa de un amigo de la familia,

Miguel Ángel Rumayor, diputado del PP y presidente de la comisión de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid, ordenó cambiar de tema a Carmen López, representante de la Marea de Residencias y de la Asociación para los derechos de los mayores y sus familias. Rumayor interrumpió a López para reclamarle a la compareciente que se ciña a la cuestión (la situación actual de las residencias) sin hacer menciones a "sucesos de hace cuatro años".

La actual consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, fue la persona encargada de firmar el contrato del hermano de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para traer mascarillas en lo peor de la pandemia a través de la empresa de un amigo de la familia, tal y como ha podido saber ElPlural.com. Un contrato no exento de polémica y que fue firmado por Dávila cuando ésta ocupaba el cargo de viceconsejera de Asistencia Sanitaria, puesto que ostentó entre septiembre de 2019 y octubre de 2020.

El celador, ya detenido, trabajaba en una residencia de San Sebastián de los Reyes, Madrid, y sus víctimas tenían 90 y 100 años. La residente de 100 años fue la primera en denunciar la agresión y fue entonces cuando tan solo se actuó cambiando al presunto agresor de planta. Poco después, otra residente de 90 realizó otra denuncia por el mismo motivo, y el centro puso en alerta a la Policía de lo que estaba ocurriendo. Los agentes no descartan que todavía se puedan conocer más víctimas y por ello repasan toda su vida laboral.

La diputada Esther Platero ha criticado que haga "política"

Una intervención de Carmen López, de Marea de Residencias, en la Comisión de Asuntos Sociales, ha desatado la tensión. “Vienen a intentar retorcer el dolor”, ha llegado a decir una diputada del PP a la mujer, que vio morir a su madre en 2020