Después de que el juez citase como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los socialistas hablaron abiertamente de una “investigación prospectiva”, en línea con el abogado Antonio Camacho, exfiscal y exministro socialista, para advertir que este procedimiento está “prohibido”. Mientras Moncloa optó por el silencio tras conocerse la citación, Ferraz y el grupo socialista en el Congreso, a través de su portavoz Patxi López, asumieron la réplica para cargar ya no contra la acusación, sino contra las supuestas irregularidades

El juez Juan Carlos Peinado ha retorcido la Ley de Enjuiciamiento Criminal en un auténtico fraude de ley con un único objetivo: conseguir montar un circo mediático en el palacio de la Moncloa y ser el primer juez en interrogar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Todo ello, como no, grabado en un vídeo con él al frente. El juez se contradice a él mismo con tal de conseguir ir a Moncloa y grabar a Sánchez. Sin embargo, la declaración de Sánchez está en manos del propio Sánchez por varios motivos.

'La típica dictadura en la que un juez llama a declarar al dictador': reacciones a la última decisión del juez que investiga a Begoña Gómez

1. Hacienda pilla a un nuevo familiar de Ayuso forrándose. En este caso, su novio, un técnico sanitario que ha emitido facturas falsas por valor de 2 millones de euros. 2. Mientras el novio reconoce el delito y negocia en privado con la Fiscalía para intentar evitar la cárcel, Ayuso miente públicamente diciendo que todo es un invento de Pedro Sánchez para dañarla a ella. Igual que las mordidas de su hermano, que también fueron un invento de Pablo Casado. 3. Un juez mediocre, padre de una política mediocre del PP de Madrid cuya jefa es Ayuso...

Análisis con un tono de humor que desgrana lo que dice el informe sobre cada una de las acusaciones de Manos Limpias que investigó la UCO.

La Fiscalía recurre la imputación del empresario Barrabés en la causa del juez Peinado contra Begoña Gómez. El magistrado tomó declaración a Barrabés como testigo y después le impuso la condición de investigado a propuesta de las acusaciones populares

El juzgado ha reconocido en la respuesta que le ha dado por escrito al abogado Antonio Camacho, que ha excluido algunos pasajes de la declaración de la mujer del presidente del gobierno. En uno de los vídeos existe un corte sin que conste indicación alguna del juzgador por la que se acuerde parar de grabar o bien se acuerde la continuación o la reanudación de la grabación posteriormente por alguna circunstancia concreta.

El juez Peinado ha citado el 29 de julio como testigo a Félix Jordán Urríes, el director general de la Fundación Deporte Joven, como "el monitor de esquí" del presidente y su mujer, algo que lleva más de un año desmintiendo.

Un impacto con una ametralladora le provocó una discapacidad del 45% y lo expulsó del Ejército con 26 años Pese a todo, un tribunal militar negó que su incapacidad se produjera en acto de servicio. Ahora una sentencia da la razón al joven y obliga a pagarle una pensión. La decisión de la jueza permitirá al exsoldado seguir cobrando una pensión de 730 € por su incapacidad. También será indemnizado. Y lo más importante para él: la justicia reconoce que el estrés postraumático que sufre es consecuencia del accidente que tuvo durante una maniobra.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido este martes la prohibición del tipo de rifle semiautomático utilizado. "Si quieres oponerte a la violencia en Estados Unidos, únete a mí para sacar estas armas de las calles (...). Un AR-15 se utilizó en el tiroteo de Donald Trump, al igual que fue un arma de asalto la que mató a tantos otros, incluidos niños. Es hora de prohibirlas", ha manifestado el mandatario. En este contexto, el presidente estadounidense, que aspira a la reelección, ha dicho: "Ya lo hice una vez. Y lo volveré a hacer".

El juez indaga si se accedió a bases policiales para investigar a otros 13 diputados de Podemos durante los años 2015 y 2016 Pedraz considera "pertinentes, necesarias y proporcionadas" las diligencias solicitadas por el partido 'morado'

El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, y el diputado de la formación, Félix Alonso, han reclamado al Ministerio del Interior "todos los datos" sobre diputados espiados por "unidades policiales" por orden del PP desde diciembre de 2015 hasta marzo de 2019. Preguntan por las medidas disciplinarias que va a tomar contra "los funcionarios policiales implicados" y cuáles adoptará "para asegurarse de que no exista este tipo de espionaje a figuras electas en el futuro".

En este vídeo explicamos las claves de la investigación a la mujer del presidente del Gobierno y cómo el magistrado desoye a la Fiscalía y, sobre todo, a la UCO, que descarta irregularidades.

Inmaculada Iglesias, titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, será la jueza que investigue si abre diligencias e imputa a Nacho Cano por los delitos de favorecimiento de inmigración ilegal, con penas que van desde los dos hasta los cinco años, y contra los derechos de los trabajadores, con sanciones oscilantes entre los seis meses y los seis años de prisión. Se trata de la misma instructora del caso de Alberto González Amador

Dos diputados de Podemos en Canarias fueron investigados sin control judicial por agentes de la Policía Nacional durante el último Gobierno del Partido Popular (PP). El máximo mando policial en aquella época, Eugenio Pino, hizo una consulta sobre Rosell el mismo día en que la magistrada en excedencia presentó su dimisión en el Congreso de los Diputados después de que el Supremo admitiera a trámite la querella que contra ella había presentado José Manuel Soria

La magistrada iniciará una investigación, presumiblemente, por delitos contra los derechos de los trabajadores y de favorecimiento de la inmigración ilegal

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha pedido este viernes al juez Juan Merchan del Tribunal Supremo de Nueva York que desestime el veredicto de culpabilidad por los cargos de fraude vinculados al soborno de la exactriz porno Steffanie Clifford.El equipo legal ha argumentado que el veredicto de culpabilidad del jurado debería ser anulado por el fiscal se basó en pruebas relacionadas con los actos oficiales de Trump en el momento en el que estaba en el cargo.

Según la Guardia Civil, los contratos "se habrían desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública"