La transparencia no es una de las cualidades que mejor definen a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Quedó claro con su expediente académico -cuando la región intentó ocultárselo a una periodista de Newtral- y vuelve a pasar ahora, cuando el tema de las residencias ocupa nuevamente la actualidad madrileña después de que la líder regional haya recurrido a los tribunales para tratar de ocultar las actas de visita. En el tiempo que comprende el texto, que coincide en lo más duro de la pandemia del coronavirus, los...

Durante los tres días de debate en el Congreso, donde se debatía el polémico paquete de leyes del presidente ultraderechista Javier Milei, un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad se saldó 20 personas detenidas y más de 150 heridas. Entre los heridos, más de 30 fueron periodistas y fotógrafos por lo que el Sindicato de Prensa de Buenos Aires emitió un comunicado calificándolo como “ataques deliberados de las fuerzas de seguridad a trabajadores y trabajadoras de prensa que sufrieron heridas por hacer su trabajo”.

Uno de los encapuchados "ya se había quitado el cinturón", estaba "manoseando" a la víctima e intentaba introducirla a la fuerza en un portal. Adrián paró la furgoneta y le pidió a la víctima que se subiera. “Empecé a tocar el claxon y los hombres la soltaron, se alejaron de ella, pero no sabía si iban a volver a cogerla”, recuerda. Logró ponerla a salvo, pero no fue fácil. Antes tuvo que ganarse la confianza de la chica, que llegó a sospechar que estaba “compinchado” con sus agresores.

Un total de 318 personas murieron como consecuencia de la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad o del terrorismo ultraderechista durante los años de la Transición, 107 de ellas en Euskadi, según contabiliza en su último libro Luis Puicercús, exmilitante antifranquista, activista por la memoria histórica y escritor.

El empresario Javier Pérez Dolset ha mandado un escrito al juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, solicitando que cite como imputados al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, procesado por la operación Kitchen; y a los directivos del Grupo Planeta, Mauricio Casals, presidente de La Razón; José Crehueras, presidente de Atresmedia; y a Antonio García Ferreras, director de La Sexta, entre otros, por su presunta colaboración en operaciones de descrédito o de espionaje como la Operación Cataluña. El documento presentado por Pérez

Dia tras día, no paran de conocerse mas detalles de la implicación, de la cúpula del Partido Popular de Mariano Rajoy, durante toda la Operación Cataluña. Unos detalles de una total implicación del gobierno de Rajoy, que evidentemente están siendo acompañados, por una ola de indignación y de condena. Entre las últimas respuestas mas virales, las redes han vuelto a rescatar estas viejas declaraciones de Iñaki Gabilondo, en las que hace 7 años y haciéndose eco de las primeras escuchas conocidas, denunciaba la operación política...

La Comisión de Investigación quedará constituida durante el mes de febrero y la mayoría del Congreso da por hecha la comparecencia del expresidente, a quienes fuentes involucradas atribuyen estar al tanto de las investigaciones al margen de la ley a través de sobres cerrados que le hacía llegar a la Moncloa el servicio de escoltas

En junio de 1990, un joven juez de nombre Baltasar, organizó algo nunca visto hasta entonces: una macrooperación policial secreta que despertó del narcosueño a decenas de traficantes que se sentían intocables."La primera operación fue era descabezar a las organizaciones en sus máximos responsables", apunta el juez, donde asegura que, con esta operación, consiguieron acabar "con la desfachatez de los narcos que ocupaban las calles y la gente se tenía que esconder".

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior y amigo íntimo de Mariano Rajoy, amparó que diferentes unidades policiales fabricasen dosieres con información falsa para atacar a los rivales del PP. Miró para otro lado cuando estos aparecían publicados en las portadas de algunos diarios de Madrid. Y hasta fingió indignarse mucho cuando le preguntaron en el Congreso de los Diputados si conocía esos atestados apócrifos que atribuyeron falsamente todo tipo de delitos a dirigentes nacionalistas catalanes y también a algunos de la izquierda.

El momento político ahora es otro bien distinto al vivido en junio de 2016, en pleno Gobierno de Rajoy. Fue en ese momento cuando Público consiguió pruebas irrefutables sobre el concierto entre el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifrau de Catalunya, el magistrado Daniel de Alfonso, para fabricar escándalos en torno a los dirigentes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y de Convergencià Democrática de Catalunya (CDC), embrión de Junts.

La decisión del Ministerio Público de abrir diligencias por las maniobras contra su exjefe en Cataluña, Martín Rodríguez Sol, contrasta con la negativa del magistrado y de Anticorrupción a rastrear los movimientos policiales en Andorra contra la familia Pujol. La Fiscalía Superior de Catalunya indagará en las maniobras de la brigada política del PP para desprestigiar a su exjefe. La brigada política llevó a cabo investigaciones prospectivas prohibidas por la ley no solo contra independentistas sino contra todo aquel que no se alineara con el PP

Es la primera investigación formal sobre la Operación Catalunya. La Fiscalía de Catalunya ha abierto diligencias para indagar en las maniobras de la brigada política en los Gobiernos de Mariano Rajoy contra políticos, partidos y cargos catalanes que la cúpula de Interior y el PP vinculaban con el independentismo. El ministerio público pide toda la documentación sobre la guerra sucia que aquellas unidades policiales orquestaron con quien fue el Fiscal Superior de Cataluña hasta 2013, Martín Rodríguez Sol, una exclusiva desvelada a partir de una

Morgan viajó a Turquía con su novio para someterse a una operación de manga gástrica que costaba £2,500. Sin embargo, sufrió un shock séptico en el vuelo de vuelta y tuvieron que aterrizar de emergencia en Serbia.

5 de noviembre de 2021. En esa fecha, el juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, que comanda el magistrado Manuel García Castellón,comunicó a Jordi Pujol Ferrusola que había recibido su recurso contra la negativa del instructor a investigar la Operación Catalunya. Más de dos años después, no hay constancia en el caso de que el juez haya resuelto el recurso.El silencio procesal alrededor de la petición del hijo mayor del expresident es un nuevo ejemplo de la resistencia de los tribunales españoles en investigar las maniobras

“Es muy preocupante que un gobierno no utilice las fuerzas de seguridad para perseguir delincuentes, sino para perseguir al adversario político, al margen del aval judicial. Y ya no solamente para investigar de manera prospectiva, sino incluso para fabricar delitos y pruebas falsas contra esos adversarios. Este es un asunto muy grave en democracia y creo que se lo debe parecer a cualquier demócrata. Sorprende el silencio del Partido Popular. El PP no puede decir: “Bueno, esto fue hace diez años”. Hace más de diez años acabó ETA y, sin embargo..

El Gobierno y el PSOE no sueltan el hueso de la denominada operación Catalunya, ante la presunta utilización de los resortes del Estado para perseguir al independentismo catalán durante los mandatos de Mariano Rajoy -unos “hechos gravísimos”, a juicio de Pedro Sánchez.La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha denunciado este sábado que estas maniobras del Partido Popular “atentan contra el Estado de Derecho”.

Es la base de una sociedad democrática: el Estado tiene el monopolio de la violencia a cambio de que no abuse de él. Por eso es tan grave lo que pasó con ese grupo secreto de la Policía que actuaba al servicio de los intereses del PP. Es la peor corrupción posible: la más dañina para la democracia. Perseguir a las personas por sus ideas. Meter a gente inocente en la cárcel. Destruir patrimonios y reputaciones a base de insidias y pruebas falsas. Saltarse las normas más básicas del Estado de Derecho para destrozar a tus rivales políticos.

Ha hablado la instancia más alta posible, la Junta Electoral Central: cualquier cargo público que resulte condenado penalmente a inhabilitación deberá abandonar su cargo y entregar su acta en cuanto se dicte la primera sentencia, es decir, aunque ésta se recurra y aún no sea firme. Así de tajante se ha mostrado al pronunciarse oficialmente sobre el caso concreto del alcalde de Puebla de Lillo (León), Pedro Vicente Sánchez, que permanece en su puesto a pesar de que la Audiencia Nacional le condenó a ocho años de inhabilitación por prevaricación.