El amigo de la infancia y supuesto testaferro de Zaplana declara hoy en el juicio por el caso Erial

Una pareja de Turquía rompió su relación por las palabras que emitieron dos loros que tenían en su vivienda. "Mi marido no está en casa, ven", repetían a menudo. Al escuchar esto en varias ocasiones, él comenzó a sospechar y tras una ruptura, fueron a juicio.

Mónica Oltra siempre defendió su inocencia y achacó la causa a "una cacería de la extrema derecha" y al lawfare (guerra judicial). Ciertamente sospechoso era que la defensa de la menor abusada por el marido de Oltra la ejerciera un reconocido fascista, el líder de España 2000, José Luis Roberto. También levantaba sospechas que además de Vox, la otra acusación popular en la causa la ejerciera Cristina Seguí, fundadora de Vox en el País Valencià (luego abandonó la formación por encontrarla "blanda")

A su llegada al Tribunal Correccional de París, donde les aguardaban decenas de agentes políticos y sociales para expresarles su apoyo, los dos procesados han sostenido que actuaron en todo momento a favor de la paz.

En su doble condición de abogado y experto en el sector audiovisual, Óscar Palet Santandreu, presenta batalla en ambos frentes: en los juzgados, como abogado penalista, y en los medios de comunicación, contraponiendo el relato de la policía que considera la ayahuasca una sustancia ilegal y la vincula a una práctica sectaria: «La supuesta ilegalidad de la ayahuasca es una interpretación jurídica claramente errónea», afirma Palet.

La sentencia, bastante más benigna de los que pedía la fiscalía, se dicta después de que un jurado le declarara culpable de siete delitos para orquestar un gran fraude que provocó un seísmo en la industria

El segundo río más largo de Perú —que se despliega por más de 1.700 kilómetros hasta unirse al Amazonas— arrastra el peso de más de 60 derrames petroleros del Oleoducto NorPeruano entre 1997 y 2019 (...) El Juzgado Mixto de Nauta, en Loreto, emitió una sentencia histórica: declaró al río Marañón y sus afluentes como sujetos de derechos y, reconoció las comunidades y organizaciones indígenas como guardianes, defensoras y representantes del río Marañón.

En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso EFE este martes, el excomisario, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 19 años de cárcel en esta causa, también pide citar al primer juez que instruyó su causa en la Audiencia Nacional, Diego de Egea. La exministra de Defensa y ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que estuvo imputada unos meses en la causa hasta que el juez Manuel García Castellón la sacó en contra del criterio de la Fiscalía, es otra de las testigos propuestas.

La decisión del Tribunal podría socavar potencialmente más de 300 procesos del 6 de enero, incluido el de Trump. Según el Departamento de Justicia, Joseph Fischer envió un mensaje de texto a su jefe antes de la insurrección del 6 de enero para decirle que podría tener que pagar una fianza. El acusado de insurrección también habría advertido de que la protesta en el Capitolio de EE.UU. "podría ponerse violenta", y habría escrito que "deberían asaltar la capital y arrastrar a todos los demócratas [sic] a la calle y celebrar un juicio...

El ex presidente de la Generalitat valenciana y ex ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, se sienta hoy, 21 de marzo, por fin, en el banquillo de los acusados. Será el tercer intento de arrancar el juicio, tras ser aplazado el pasado enero por enfermedad del fiscal, y en febrero por enfermedad del abogado del expresidente. Si ningún oportuno problema de salud dilata más el arranque de las sesiones, el expolítico se enfrentará a la justicia siendo señalado por las investigaciones policiales como el epicentro de una trama.

El abogado del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana ha solicitado que el caso Erial se enjuicie en la Audiencia Nacional, órgano que estima "competente" para tramitar este procedimiento: "En Valencia no ha aparecido un duro del supuesto blanqueo de capitales", ha puesto como ejemplo.

Denuncian las inhumanas condiciones de detención en Hungría de Ilaria Salis —italiana acusada de agredir a dos neonazis—, la parcialidad del poder judicial húngaro y la negligencia de unas autoridades italianas próximas a la ultraderecha de ese país.

La presidenta del tribunal, Nélida Cid, anunció que si persiste su actitud serán las fuerzas de seguridad las que les obliguen a presentarse en la Audiencia .La baja laboral de su letrada provoca el aplazamiento del plenario hasta mediados de abril . Se les acusa de intentar introducir cuatro toneladas de cocaína en plena pandemia.