La juez del caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, decretó anoche prisión provisional para el ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Javier Guerrero, porque estima que podría fugarse debido a las "presiones externas" de terceros a los que podría "perjudicar claramente". La magistrada subraya la "relevancia" del testimonio del principal acusado del caso, dada la precaria situación económica que padece. Relacionada www.meneame.net/story/juez-alaya-imputa-seis-delitos-exdirector-trabaj

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L, ha imputado hasta seis delitos al que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, quien se ha ratificado en su declaración policial y ha pedido ampliarla, según fuentes del caso.

La magistrada refleja en un auto, de 17 de enero pasado, que, existen suficientes indicios de que Fernández “pretendió [lucrarse], pero finalmente no se consiguió, bien por presiones, bien por el devenir de los acontecimientos”. Alaya recuerda que el exconsejero, cuando dirigía la Consejería de Empleo, se incluyó en el ERE de González Byass, empresa en la que trabajó hasta 1983, antes de entrar en política, y que sólo renunció a las “altísimas rentas” [386.000 euros] que iba a percibir mensualmente hasta 2021 después de que saltara el escandalo

El abogado del denunciante, Francisco Canela, ha informado a Europa Press de que ha solicitado que se investigue la participación de más policías en los hechos, ya que entiende que la actuación debe ir dirigida contra todos los agentes que, en el momento de los hechos, se encontraban en los calabozos. "Unos participaron directamente y otros no hicieron nada por evitar los hechos", ha aclarado.

La juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha admitido a trámite una querella por prevaricación contra el viceconsejero de Empleo de la Junta, Justo Mañas, un director general y dos funcionarios. Fuentes del caso han informado hoy a Efe de que esta denuncia penal fue presentada en el juzgado de guardia y, por reparto, ha recaído en el juzgado de instrucción 6, el mismo que investiga las irregularidades en los ERE de Mercasevilla y de otras empresas, así como las ayudas sociolaborales de la Junta.

La juez Mercedes Alaya, que investiga las supuestas irregularidades perpetradas en la sociedad gestora del mercado central hispalense, Mercasevilla, durante la gestión desplegada por los exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, ha señalado que 'Sanma Desarrollos Urbanísticos', adjudicataria de los suelos del mercado mediante un concurso sometido a estas diligencias, "abonó" a esta sociedad mixta 987.000 euros para "financiar el plan de prejubilación" del expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 por la propia empresa.

La Junta de Andalucía considera que el nuevo auto de la juez Mercedes Alaya en el que pide a la administración autonómica los expedientes tramitados desde julio de 2005 por la Consejería de Economía y Hacienda -fecha en la que era responsable de ese departamento el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán- relativos a modificaciones presupuestarias viene determinado por la "agenda de manipulación de la justicia" del Partido Popular.

El Gobierno andaluz sigue sin darle «copia íntegra» de las ayudas del «fondo de reptiles»

C&P: "En apenas 24 horas, el Gobierno andaluz ha dado un viraje radical a su discurso sobre el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos subvencionados por la Junta. Con un día de diferencia, el Ejecutivo ha pasado de presentar el nuevo auto de Mercedes Alaya como un espaldarazo a su actuación —«viene a ratificar nuestra línea de máxima colaboración con la investigación», aseguró ufano el pasado martes en una nota remitida a la Prensa—, a abrir un segundo frente judicial contra la magistrada."

La juez Mercedes Alaya ha citado el jueves a todas las partes personadas en el voluminoso sumario para que se pronuncien sobre la petición de la Fiscalía de imponer fianzas a los intrusos. La Fiscalía pidió que los intrusos de los ERE devolvieran lo cobrado ilícitamente.

C&P: "¿Está conforme con la instrucción del caso que está haciendo la juez? —No conozco la instrucción. Desde el punto de vista mediático, pertenece a este tipo de jueces que quieren mucho la pantalla, eso se nota. Dicen que tiene una relación especial con algún partido político. Pero yo no lo sé."

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas en expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas e incentivados con fondos autonómicos...

Rafael Rodríguez Fuentes, prejubilado con cargo a un ERE promovido en 2007 por la sociedad anónima laboral (SAL) 'Saldauto', pese a que jamás ha trabajado en ella, ha declarado este jueves ante la juez Mercedes Alaya, que "no sabe lo que es un ERE" aunque figurase en el comité de empresa, que "no leyó" la póliza de seguro de rentas que firmó para adherirse precisamente a un expediente de regulación de empleo y que la Junta le ha "metido en un ERE que no es el suyo". La juez atribuye a este hombre el cobro de 376.404,54 euros.

La juez Mercedes Alaya, al final del turno del letrado de la Junta de Andalucía, volvió a tomar la palabra para dirigirse a la imputada: "Su historia es difícil de creer". La dueña del restaurante Río Grande declaró durante más de cuatro horas ante la juez para negar que estuviera al corriente de las irregularidades<. La juez le imputa haber contratado a M.J.R.A. "faltándole menos de tres meses para cumplir los 65 años y ello con la finalidad de incluir fraudulentamente a la misma en el grupo de trabajadores afectados por el ERE".

La juez Mercedes Alaya, que investiga la "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados con fondos autonómicos ha llamado a declarar este viernes día 9 de septiembre a otros dos beneficiarios de estas prejubilaciones falsas. Concretamente, ha citado a declarar al ex alcalde socialista de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo y a Andrés Carrasco Muñoz, natural de este municipio y amigo del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.

La juez de instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, ha emitido un oficio en el que solicita a la Tesorería General de la Seguridad Social en Madrid que le permita acceder a la base de datos e incluso que le facilite toda la información que la unidad de Guardia Civil (en la que recayó la investigación después de relevar a la Policía Judicial)

Los sindicatos han expresado hoy su tranquilidad ante el auto de la jueza Mercedes Alaya que pide a la Guardia Civil que investigue los supuestos beneficios que han podido obtener de las negociaciones de los ERE fraudulentos. En una rueda de prensa, el secretario general de UGT Andalucía, Manuel Pastrana, ha mostrado su satisfacción por que la jueza investigue la participación de los sindicatos para que la situación se clarifique y se dejen de decir "barbaridades", por "desconocimiento" o por "utilización malintencionada".

La juez de Sevilla Mercedes Alaya siguió tomando ayer declaración a los intrusos de los ERE presuntamente fraudulentos aprobados por la Consejería de Empleo. Por el Juzgado de Instrucción 6 pasaron ayer Antonio Márquez Sánchez, concuñado del exdelegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, también imputado en este caso; y Ricardo Medina Barrios, exmilitante del PSOE en Camas.

Articulo de opinion, C&P: "Ya han declarado ante la juez Ayala los tres primeros sinvergüenzas, y conocemos sus nombres y apellidos, lo que cobraron y lo ajenos que eran a las empresas que tenían concedidas las ayudas para regulaciones de empleo. Tienen los tres en común que son militantes del PSOE y también que ninguno había pertenecido a las empresas subvencionadas." Rel: www.meneame.net/story/intrusos-ere-empiezan-declarar-ante-juez

El PP-A ha trasladado al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla una documentación que entiende que relaciona al portavoz del PSOE-A en el Parlamento, Mario Jiménez, con el uso indiscriminado de la partida 31L dedicada a la «Administración de Relacionales Laborales» con la que se financiaron ERE irregulares. Esta partida ascendió a 700 millones de euros entre 2001 y 2010.

Nuevo auto de la juez que investiga los ERE fraudulentos en la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya. Y nuevo varapalo al Ejecutivo andaluz, a cuyo presidente, José Antonio Griñán, apunta directamente como conocedor del procedimiento inadecuado que usaba la Consejería de Empleo para esas ayudas. Ayer la pelota estaba en el tejado de la magistrada después de que la Junta de Andalucía la apremiara para que le devolviera la custodia de las actas de los consejos de gobierno. Y la magistrada, más que devolverla, chutó a portería apuntando al presidente

Juan Guerra, hermano del ex vicepresidente del Gobierno, vuelve esta semana a los juzgados de Sevilla para prestar declaración como imputado por un delito de alzamiento de bienes. La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, le ha citado el próximo miércoles para que preste declaración en relación con la presunta venta de un piso de su propiedad que está sometido a un embargo, a pesar de que Juan Guerra se había declarado insolvente a la hora de pagar las multas e indemnizaciones que la Justicia le impuso.

La juez Mercedes Alaya ha arrebatado a la policía la investigación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos dos años y medio después de que se iniciara la instrucción del caso. Es un hecho insólito en el ámbito policial que una investigación cambie de manos, especialmente al tratarse de un caso tan complejo y de tal transcendencia judicial y política.La magistrada ha entregado el caso a la Guardia Civil.

La consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, ha manifestado que el Gobierno comparte el "reproche" que la juez Mercedes Alaya, que instruye el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), ha hecho a la Dirección General de Trabajo, que "no ha sido un ejemplo de gestión, si no, no se habría producido el fraude". Ha apuntando que ese "reproche está bien hecho". Rel: www.meneame.net/story/juez-alaya-censura-junta-andalucia-remitirle-fol

El Consejo Local de IU acordó dirigirse al coordinador general de IU, Cayo Lara, para que solicite "de forma inmediata" la intervención del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y pare a Alaya. El candidato de IU al a alcaldia de Sevilla esta imputado por "responsabilidad y activa participación" en "el proceso de adjudicación de la totalidad de los terrenos" de Mercasevilla a Sanma.

Un juez en el proceso por dinero secreto de Donald Trump determinó que el expresidente violó una orden de silencio en nueve ocasiones, le impuso una multa de 9.000 dólares y le advirtió que podría ser encarcelado por más delitos. Hoy, los miembros del jurado escucharon al ex asistente ejecutivo de Trump, al director ejecutivo de los archivos de C-SPAN y a un banquero.

El CGPJ autorizó en enero que se pueda jubilar en 2026 pese a tener ya 70 años. Además, la hija de Juan Carlos Peinado, el juez que investiga a Begoña Gómez, es concejal del PP en Pozuelo de Alarcón (Madrid). En concreto, su hija, Patricia Peinado, es concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón desde mayo de 2023, municipio que gobierna desde entonces Paloma Tejero, ex viceconsejera de Ayuso y diputada autonómica durante dos legislaturas con Isabel Díaz Ayuso. Además,

Y esta es la carta que ha escrito la magistrada Isabel Giménez a la niña explicándole su decisión. Leedla.

Además del juicio penal en el que Donald Trump se enfrenta a 34 cargos por falsear documentos comerciales con la intención de ocultar un supuesto encuentro sexual con la actriz porno Stormy Daniels, el juez Juan Merchán estudia ahora si debe celebrar una audiencia más para acusar a Trump de desacato por violar su orden mordaza en la red social Truth Social.

El juez Joaquín Aguirre, que investiga los casos Volhov y Negreira, ha rechazado la escolta de los Mossos d'Esquadra y ha pedido expresamente que se encargue la Policía Nacional o la Guardia Civil, después de recibir un falso paquete explosivo. Explica que no le parece adecuado que le proteja la policía que depende de la Generalitat cuando está investigando la injerencia rusa en el procés, en la que podrían haber participado personas relacionadas con esta administración

El titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre,recibió un paquete bomba simulado, que fue detectado por los servicios de seguridad del juzgado. El envío de este paquete, que contenía un temporizador electrónico que acompañaba una bolsa que simulaba la carga explosiva, ha causado preocupación en las fuerzas de seguridad del Estado consultadas, ya que lo interpretan como "una clara amenaza" o intento de amedrentar a un juez.

La Justicia rechazó los planteos presentados por la provincia de La Rioja y el abogado Jorge Rizzo, ya que no encontraron un caso concreto, causa o controversia que justificara su intervención. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó, de manera unánime, los planteos realizados por la provincia de La Rioja y el abogado

El abogado Mike Schneider (Houston, 54 años) fue juez del Tribunal de Distrito 315 de Texas, uno de los estados más conservadores de Estados Unidos, del 2006 al 2018. Ya en la Facultad de Derecho, en sus años mozos, se veía distinto a los de su entorno y, más tarde, a diferencia de otros jueces, nunca utilizó el mazo como expresión de autoridad, huyendo así del símbolo más identificativo de la institución de la justicia. A través de la mirada jurídica de Mike, conoceremos la política de drogas en Texas.

Un juez de Nueva York desestima la prórroga propuesta por Trump y fija el primer juicio penal del expresidente para el 15 de abril.El equipo legal del republicano había pedido más tiempo hasta que la Corte Suprema se dictamine si su cliente tenía o no tenía inmunidad.