El PSOE ha asegurado que el acuerdo que ha firmado con Junts para permitir la investidura de Pedro Sánchez no prevé la creación de comisiones de investigación con el objetivo de "detectar casos de lawfare", sino que se refiere a las comisiones ya acordadas en agosto con los independentistas catalanes en su pacto para la Mesa del Congreso. También ha manifestado que "el Parlamento no va a realizar, en ningún caso, una revisión de ninguna sentencia o resolución judicial".

La Unión Internacional de Magistrados (UIM) ha rechazado el acuerdo de investidura del PSOE con los partidos independentistas catalanes, que incluye una ley de amnistía, argumentando que "de materializarse" implicaría "la vulneración de la independencia del Poder Judicial y de la separación de poderes", lo que supone en su opinión, "una descalificación del Estado de derecho".

Irene Montero, “por qué se puede hablar con claridad de la derecha judicial” a cuenta de la amnistía y “a las feministas se nos castiga cuando hablamos de justicia patriarcal o de machismo en el sistema de justicia”.“tantos sectores progresistas” denuncien abiertamente la “ofensiva reaccionaria política, mediática y judicial” contra la ley de amnistía cuando en el pasado “compraron el relato de esos sectores reaccionarios sobre el consentimiento”, en clara alusión a la aplicación de la ley del ‘sólo sí es sí’.

En una circular invita a magistrados, jueces, fiscal jefe y colegios de abogados y procuradores a concentrarse a las 13.00 este 14 de noviembre para expresar su "adhesión expresa" al contenido del documento publicado por las asociaciones judiciales.

El juez decano de Sevilla convoca una mani de jueces contra el “laufare”. No es coña.

El jefe de la Oficina de Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo, Aleix Sarri, ha presumido de que la amnistía constituye "una humillación pública a los jueces, fiscales y abogados del Estado" que han intervenido en las causas judiciales relativas al procés. A través de las redes sociales, Sarri ha presentado como un triunfo de los independentistas el pacto de investidura firmado entre el PSOE y Junts.

Afirman que el Parlamento no tiene derecho a revisar las decisiones de los tribunales por no estar entre sus funciones. Ese criterio se podría aplicar también en sentido contrario cuando magistrados han hecho declaraciones públicas de índole claramente política sobre la ideología del Gobierno o las leyes aprobadas por el Parlamento. Un juez reincidente es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que relacionó al PCE y a Podemos con los nazis. El CGPJ no consideró que esas entrevistas fueran motivo de sanción o crítica

Comunicado conjunto de las asociaciones judiciales

Todas las asociaciones judiciales, Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Asociación Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente han suscrito este jueves un comunicado conjunto donde muestran su rechazo por las referencias al "lawfare o judicialización de la política" que aparece recogido en el acuerdo firmado entre el PSOE y Junts.

Reivindican que "actuaron como tenían que actuar" frente al desafío del independentismo catalán

Este juez se llama García Castellón y es quien dirige la investigación contra Tsunami Democràtic. La "justicia" en España.

La APM, asociación mayoritaria en la carrera judicial, afirma que se busca “romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de Derecho”.

La rebeldía de los ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial es más bien ignorada o tratada como una curiosidad en todos los diarios dinásticos. El hecho está en las portadas, sí, pero en subtítulos o destacados, piezas menores que acompañan al título principal. Quizá sea que quieran proteger la institución del mal paso de los vocales derechistas porque sus exigencias no engranan bien con la misma Constitución y tienen pocas posibilidades de salir adelante.

(...) La presencia del subinspector Marcos Quinteiro en un congreso sobre chamanismo estaba justificada por la investigación que este agente, destinado en Vigo, realizó sobre la ayahuasca durante dos años y que fue publicado en la ‘Ciencia Policial: Revista Técnica de la Policía Nacional’ (julio de 2020) en un artículo más propio de un estudio antropológico que del discurso admonitorio y moralista que suele imperar en las comunicaciones de las Fuerzas del Orden sobre sustancias psicoactivas.

En otra vuelta de tuerca de este caso que se alarga desde hace años, este viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dictado un auto en el que acuerda que se demuela “todo lo que se encuentra en estructura o no está terminado y en funcionamiento”. Según este tribunal, aquí no se incluyen ni las infraestructuras ni las viviendas a las que se refiere la suspensión del Constitucional. El derribo afecta únicamente, por tanto, al segundo hotel planificado y al resto de viviendas, de las que solo existen unos esqueletos de hormigón,.