Fernando Bentabol reconoce la sensación de impunidad de los narcotraficantes y advierte de que el principal problema es la falta de medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Primer caso de tráfico de fentanilo en Málaga: la droga 'zombie', en la Costa del Sol a pequeña escala Cae una familia de narcotraficantes que escondía la droga en farolas, arquetas y alcantarillas y la vendían en Málaga y Cádiz

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana Álvarez, ha reconocido este lunes desde los micrófonos de la COPE la residencia fiscal del hermano de Pedro Sánchez en Portugal, añadiendo además que «sí es ético y es legal». Estas declaraciones han provocado la reacción del PP de esta comunidad, cuyo portavoz, José Ángel Sánchez Juliá, ha pedido al PSOE de Extremadura que, primero «desautorice el delegado de Gobierno» y, segundo, «repruebe la actitud tan poco ética de David Sánchez Pérez-Castejón».

La Fiscalía del Tribunal Supremo pide 16 años y medio más de cárcel para el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, así como para un subinspector de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, al considerar que deben ser condenados por detención ilegal de los familiares del exdiputado del PP Álvaro Gijón.

La propaganda de Rodríguez oculta que cualquier acuerdo solo puede darse sobre la base del reconocimiento de los delitos. No se trata de una discrepancia con Hacienda sobre cantidades, como trata de hacer creer la presidenta y su equipo de comunicación, la denuncia de la Fiscalía y lo que ya ha reconocido el propio González Amador en ese correo son delitos penados con entre uno y seis años de cárcel. Dicho de otra manera: cualquier acuerdo de conformidad implicará la condena a la pareja de Ayuso, al menos por fraude fiscal.

Los directivos del BCR tardaron más de seis meses en decidir si aceptaban la donación de 16 millones ya que el origen de esta fortuna estrechamente ligada al exjefe del Estado es un misterio que no ha sido aclarado. La Fiscalía Anticorrupción investigó este trust para determinar si el dinero era del rey emérito. Hasta 2004 y durante casi una década, el entonces rey Juan Carlos I fue el titular de los fondos.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha salido este lunes en defensa de los dos responsables de la Fiscalía de Madrid denunciados por supuesta revelación de secretos por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por un fraude fiscal de 350.000 euros. El empresario acusa tanto a la fiscal jefe de Madrid como al fiscal que le investigó y denunció de haber difundido a través de un comunicado datos confidenciales sobre los correos en los que su defensa, en busca de un acuerdo, reconoció varios delitos.

"Si la amnistía obedece a una pura razón de convivencia política que, de modo coyuntural, pueda beneficiar a determinados ciudadanos por el mero hecho de alcanzarse un acuerdo político (en este caso, para una investidura), la amnistía así concedida contraviene claramente el principio de igualdad ante la ley", añaden. Sobre este extremo, además, sostienen que "no es necesaria la amnistía para alcanzar el efecto jurídico deseado", dado que consideran que éste "puede obtenerse mediante la reforma del Código Penal o mediante el indulto".

El Consejo de Ministros ha ejecutado la sentencia del Tribunal Supremo que ordenaba anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de la Sala de lo Militar del Supremo, que supuso su ascenso a la máxima categoría del Ministerio Fiscal. El Gobierno cumple así con el fallo emitido el pasado noviembre, en el que los magistrados concluían que se produjo con "desviación de poder" por parte de su sucesor como fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Tras un acuerdo entre acusaciones y defensas, también tendrá que indemnizarlo con 250.000 euros.

Veintisiete personas serán juzgadas el lunes por lavado de dinero en relación con el escándalo de evasión fiscal de los "Papeles de Panamá", que reveló cuántos de los ricos del mundo tenían activos escondidos en empresas extraterritoriales. Las revelaciones de 2016 sacudieron a los gobiernos, expusieron a personalidades de alto perfil, desencadenaron decenas de investigaciones en todo el mundo y asestaron un golpe a la reputación de Panamá como centro financiero extraterritorial. Los acusados que serán juzgados en un tribunal penal panameño

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado una querella contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, por un presunto delito de revelación de secretos al difundir una nota informativa a los medios de comunicación en relación a la investigación sobre el presunto fraude fiscal que le afecta.

Toque de atención de la auditora EY a los Revoredo, dueños de Prosegur, por la falta de información sobre las inversiones en ladrillo en Estados Unidos que ha realizado la inmobiliaria de esta familia, una de las más ricas de España.

Swen Vincke no entiende cómo una compañía es capaz de despedir a un desarrollador veterano. "Veo empresas, como con los despidos actuales, que cuando oigo a quién despiden digo, '¡¿Qué?! Eso no tiene ningún sentido'. Porque esa persona es como un faro de conocimiento dentro de esa empresa", explica el mandamás de Baldur's Gate 3.