La estrategia judicial de la ultraderecha contra los políticos de izquierda sigue siempre el mismo guion: denuncias falsas o con poca entidad que suelen prosperar en los tribunales ante la complicidad de una judicatura conservadora y la inestimable colaboración de medios igualmente conservadores que le dan un amplio eco mediático al asunto.

El seguro de vida se presenta como la primera opción para aplicar deducciones, siempre que este esté vinculado a una hipoteca constituida antes del 1 de enero de 2013. Esta disposición aplica tanto para trabajadores asalariados como para autónomos, configurando una opción atractiva para quienes cumplan con este requisito. En una línea similar, el seguro de hogar también permite aplicar deducciones, condicionadas a que esté asociado a una hipoteca. Para los trabajadores autónomos, el beneficio se extiende, permitiendo desgravar un porcentaje.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado en la misma sede las alegaciones, todas falsas, difundidas por su jefe de Gabinete: “No se puede intimidar a una persona en su propiedad privada […] No se puede presionar ni intimidar al entorno de los políticos en cuarta generación, como están haciendo, no se puede intimidar a una portera de finca ni a los vecinos, ni a los ciudadanos, incluso a menores”.

El informe de la vocal progresista será el voto particular de los cinco vocales que han votado a favor de la constitucionalidad de la ley. El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado por una amplia mayoría de nueve votos a favor, cinco en contra y dos votos en blanco el informe del vocal, Wenceslao Olea, que ve inconstitucional en todos sus términos la ley de amnistía. En blanco han votado el presidente en funciones, Vicente Guilarte, y el vocal elegido a propuesta del PNV, Enrique Lucas.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha asegurado que "todo el mundo apoyaba" la idea de levantar un Campus de la Justicia que reuniera en un mismo espacio todas las sedes judiciales madrileñas, como se había hecho en Barcelona o Valencia, ha apuntado.

La izquierda no hubiera perdido el poder en Portugal sin que la justicia incoara una actuación falsa sobre Antonio Costa que le llevó a dimitir por nada y adelantar elecciones. El caso de nuestros vecinos deja claro que a veces no hace falta más que incluir un nombre en una investigación aunque no haya nada concreto para lograr el objetivo político de tumbar a un gobierno. No hay control efectivo sobre las actuaciones judiciales cuando estas se inmiscuyen en el poder político.

Los agentes de la Policía Nacional que abatieron a tiros el 26 de noviembre de 2021 a Kebyn Brayan Peralta Asencio, de 21 años en el rellano de su casa de Vallecas han declarado en el juicio que usaron el arma para repeler la agresión a cuchilladas del chico, señalando que pensaron en un primer momento que no funcionaba la pistola porque “las balas no le hacían nada” y no cesaba en su ataque violento

El efectivo, no uniformado y adscrito a la Brigada de Información, explicaba en su denuncia que parte de su trabajo diario es no levantar sospechas y no ser reconocido como policía, por lo que debe hacerse pasar por un ciudadano de a pie más, lo que incluye vestirse como tal. Ahora, un fallo de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso del TSXG entiende que el hombre deber ser indemnizado por este desembolso, con los correspondientes intereses. En su defensa, el denunciante entendía que «supone una discriminación prohibida que resulta...

Los cambios impulsados por la extrema derecha y aceptados por los populares en los estatutos de la fundación municipal València Activa para eliminar el fomento de las políticas de empleo dirigidas a las mujeres imposibilitan por primera vez un acuerdo mayoritario en el Ayuntamiento

En A Coruña se celebró una vista por una denuncia contra seis activistas por el «asalto violento» a la sede de la Cámara Mineira. La denuncia partió de trabajadores de la Cámara Mineira de Galicia, que denunciaron a seis activistas de Ecoloxistas en Acción por el «asalto violento» a la sede de la entidad el pasado septiembre y por atentar contra su intimidad al grabarles en su puesto de trabajo.

La obsesión del juez Marchena con Puigdemont está arrastrando a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es casi lo mismo que decir a toda la Justicia española, a un desastre similar al que el capitán Ahab arrastró a la tripulación del Pequod por su obsesión con la ballena Moby Dick..

El magistrado reconoció en una charla en octubre que había engañado a sus colegas franceses a principios de los 2000. Ahora plantea una maniobra similar con Suiza para hacer pasar como definitivo un informe que no lo es para avanzar en la causa de Tsunami. Tras la mentira de García Castellón, el juez busca ahora una maniobra similar con Suiza. Ahora es para tratar de afianzar sus acusaciones contra Marta Rovira. García Castellón recibió un revés del país helvético, que ya ha cuestionado la investigación por su posible carácter político.