La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha dado a conocer este sábado que ha denunciado al general y al coronel responsables del operativo de Barbate (Cádiz) en el que dos guardias fueron asesinados tras ser embestidos por una narcolancha, bajo el argumento de que podría haberse infringido la normativa de riesgos laborales. Un caso de interés para Ceuta.

Valonia y Bruselas mantienen la versión más avanzada de un cordón sanitario. Los demás partidos boicotean a cualquier cosa que se parezca al RN de Marine Le Pen en Francia, a Vox o a la AfD alemana, pero el pilar del cordón sanitario es mediático. Su teoría dice que sin oferta no hay demanda, que nadie va a votar a un candidato que no conoce. Y ni siquiera en los últimos años, con el crecimiento de la importancia de las redes sociales, la extrema derecha consiguió levantar la cabeza entre los belgas de habla francesa.

La Audiencia Nacional ha dado la razón a Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF y presunto conseguidor de la trama que se investiga en el caso Koldo, y acuerda que se le devuelvan los seis vehículos de alta gama que se le embargaron en marzo, incluido un Ferrari Portofino y un Ferrari F12, con valores de mercado que oscilan entre los 200.000 y los 400.000 euros. Así consta en un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la Sección Segunda, con ponencia de la magistrada Ana Revuelta

Los propios sospechosos del crimen denunciaron su desaparición hace un mes. Todo apunta a un ajuste de cuentas por un conflicto en su país. La residencia de los detenidos se encuentra en un inmueble de dos alturas, con un jardín, todo protegido con un alto muro –de poco más de dos metros– y de arbustos. En la planta superior hay dos viviendas adosadas.

El estreno en Netflix, el pasado 26 de abril de la serie El caso Asunta ha removido el mar de incógnitas que todavía ahora rodean el crimen, sin resolver ninguna, más bien explicando una historia que "no respeta los hechos probados" según ha sentenciado José Antonio Vázquez Taín, el juez que instruyó el caso y quien, según él mismo, aparece retratado como un "prevaricador".

Fue un crimen por muy poco dinero. Asunto de drogas y malos pagadores que terminó en un macabro asesinato en un narcopiso de la calle Vizcaya, en Os Mallos. Ocurrió el 20 de noviembre del 2022 y los hechos se juzgarán en la Audiencia Provincial de A Coruña. Hay tres acusados —dos hombres y una mujer— y el fiscal pide que sean condenados a 29 años de cárcel como autores de los delitos de asesinato, robo con violencia y contra la integridad moral.

La ley de amnistía y el 'caso Koldo' se llevan más del 36% de las preguntas que el PP ha hecho al Gobierno en las sesiones de control que se celebran casi cada semana, en un pleno ordinario los miércoles. El nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no ha tenido que responder ninguna cuestión en el Congreso. 85 cuestiones a los miembros del Gobierno en estos cinco meses y solo una única vez se preguntó por asuntos puramente económicos y fue en la primera sesión de control de la legislatura.

El exministro de Hacienda recibió información sobre decisiones de la jueza: "Ha emitido diversos oficios en los que solicita la aportación de la cuenta de tesorería del PP en diversas localidades. Entre hoy y mañana se procederá a entregar estos oficios”, especifica un correo.

La Fiscalía Europea ha citado a declarar mañana lunes al exdirector del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, al que se investiga por el ‘caso Mascarillas’. A la empresa RR7, sin experiencia anterior en la importación de material sanitario (se dedicaba al comercio de coches), se le adjudicó por el procedimiento de emergencia proveer a los hospitales públicos de Canarias un millón de mascarillas FFP3, por las que recibió un pago por adelantado de cuatro millones de euros. La sanidad nunca recibió ese material

«¿Desde cuándo a un juez le traen el desayuno al despacho como si fuéramos señores feudales?, ¿o podemos decir lo que nos dé la gana sin fundamento como si no hubiera una revisión por parte de otro tribunal superior?», se pregunta el juez Taín. Echa de menos que no se haya reflexionado sobre el hecho de que se le haya truncado la vida a una niña de 12 años: «No se habla de que le han robado el futuro a una persona que le quedaba todo por delante, la adolescencia, la locura de la primera madurez, desarrollar sus capacidades profesionales..."

El juez del proceso penal al que se enfrenta el expresidente en Nueva York concluye que ha hecho varias declaraciones públicas en su red social y en la web de su campaña en las que carga contra los testigos que participan en el juicio

Según ha informado la Policía Nacional, ha sido sobre las 9,00 horas cuando ha entrado una llamada a la sala 091 informando de una tentativa de suicidio en un piso de la zona centro de la capital. En concreto, en el número 2 de la calle Frente a Jesús, en el barrio de La Merced. Una vez se ha personado la patrulla en el lugar se ha confirmado el hallazgo de un menor de cuatro años de edad sin vida en una de las habitaciones del piso y a su madre, con vida y con signos autolíticos por arma blanca.

En esa fecha, el 21 de enero de 2015, el juez Pablo Ruz todavía no había finalizado sus pesquisas y la formación política conservadora no estaba formalmente personada ni acusada en la causa. Un email, cuya copia obra en poder del juez de Tarragona, evidencia que no solo el exministro pudo tener acceso al sumario que instruía en la Audiencia Nacional el juez Pablo Ruz, sino que la cúpula de Hacienda también obtuvo del PP un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) del caso Bárcenas, pese a que no estaban personados en la causa.

Cuando la juez Sonya Sotomayor le preguntó durante las discusiones del jueves si el presidente decide "que su rival es una persona corrupta y ordena a los militares, o ordena a alguien que lo asesine" constituiría un acto oficial sujeto a inmunidad, el abogado D. John Sauer dijo que podría. "Dependería de lo hipotético, pero podemos ver que bien podría ser un acto oficial", dijo Sauer al tribunal.

Los correos entre los inspectores encargados de informar al juez Pablo Ruz y sus superiores apuntan a una "eventual intervención sobre decisiones de funcionarios públicos", según la investigación judicial.