El hasta ahora jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, volverá al Tribunal Supremo donde ocupará una plaza de fiscal adscrita a una de las Salas aún sin determinar.Mientras se pone en marcha el proceso de selección de su sucesor, asumirá la jefatura la teniente fiscal de la Fiscalía Especial Anticorrupción y contra la Criminalidad Organizada, Belén Suárez.

Manuel Moix ha presentado este jueves su dimisión como fiscal jefe Anticorrupción. El exjefe, salpicado por la polémica desde su llegada a la Fiscalía Anticorrupción, ha tomado esta decisión justo dos días después de que se conociera su vinculación con una empresa radicada en Panamá.

El fiscal general del Estado y el Gobierno evitan respaldar su continuidad como jefe de la unidad especial vistas sus explicaciones sobre la sociedad panameña. La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera y de perfil conservador que avaló su nombramiento, le pide que ponga su cargo a disposición de José Manuel Maza.

Consideran que su participación en la sociedad de Panamá "compromete la imagen de imparcialidad" de la Fiscalía La conservadora Asociación de Fiscale fue fundamental para el nombramiento de Moix

“Moix se quitará de en medio él solito”, resaltan voces del Ejecutivo, que confían en que la conversación entre Maza y Moix, que se producirá hoy, fructifique en un cese natural que no tenga que contar con la intervención del Gobierno.

'Vozpópuli' hace esta propuesta a los principales partidos del arco parlamentario. La formación de Pablo Iglesias es la única que ve con buenos ojos una iniciativa de transparencia en este sentido.

El fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix descarta dimitir de su cargo tras conocerse que tiene el 25% de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Panamá.

La Fiscalía General del Estado ha calificado de "asunto personal" que no afecta a la institución la información publicada este martes por infoLibre que apunta que el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, es desde 2012 dueño junto a su hermanos del 25% de una empresa en Panamá propietaria de una propiedad en Collado Villalba.

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la decisión del juez Eloy Velasco de levantar el secreto de 19 tomos del caso Lezo y pide que se haga de forma "parcial" porque podría obstaculizar "el buen fin de a investigación" y "frustrar la recuperación de activos malversados o el esclarecimiento de los hechos".

El juez Eloy Velasco apunta a los gastos de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008. Existen evidencias de que determinados empresarios, entre los que cita a Arturo Fernández, ingresaron en 2007 "importantes cantidades de dinero". A cambio se les adjudicaron contratos relacionados con la Asamblea de Madrid.

La dirección de Ciudadanos da "horas" al Gobierno para propiciar la marcha del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ya que, en caso contrario, respaldará la reprobación del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que este martes por la tarde se vota en el Congreso de los Diputados."Están a tiempo de poner el marcha" el procedimiento para destituir a Moix, dijo en los pasillos de la Cámara Baja el portavoz de la formación naranja, Juan Carlos Girauta. Girauta dijo que espera esta respuesta en "cuestión de horas", porque, en caso contrario,...

El Consejo Fiscal ha rechazado hoy la propuesta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) de apartar a Manuel Moix de la Fiscalía Anticorrupción. Los tres fiscales de esta asociación han pedido que el organismo plantease al Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, "la conveniencia de remover al actual Fiscal Jefe de Anticorrupción", pero el resto de los nueve miembros se han opuesto. El Consejo también ha rechazado dar amparo a los fiscales denunciados por coacciones por un empresario imputado en la Operación Emperador.

El periodista Ernesto Ekaizer, con un tablero de ajedrez, comenta a Gonzo en El Intermedio que "el PP comenzó una estrategia ofensiva contra la Fiscalía Anticorrupción con el Gobierno de Aznar, pero no la lanzaron hasta que Rajoy se convirtió en presidente". Un hecho que tiene como ejemplo que "Moix" haya llegado "con el objetivo de desactivar la Fiscalía".

Si la Fiscalía Anticorrupción funcionara como una empresa privada hace mucho tiempo que se habría tocado a rebato para determinar las razones de su bajo ratio de eficacia y para hacer cambios drásticos. No es una opinión.

La Fiscalía Anticorrupción solicita prisión incondicional para el consejero de 'La Razón', Edmundo Rodríguez Sobrino, y pide dejar en libertad a su secretaria, Clarisa Guerra.

La víspera del estallido de la operación presentó [el Fiscal Jefe antocorrupcion] una orden por escrito, con el aval del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, para suspender uno de los registros. La actuación de Manuel Moix provocó la rebelión de la junta de fiscales Anticorrupción, que avalaron a sus compañeros y consiguieron que se desarrollara todo el operativo

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a recusar al magistrado Pedro Izquierdo, que fue secretario general para la Justicia de la Junta entre 2008 y 2014 y que ha sido designado como ponente del juicio contra los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 23 ex altos cargos por la 'pieza política' de los ERE fraudulentos.

Las fiscales consideran a Francisco Granados autor de un delito de violación de secretos por particular con grave daño para la causa pública y solicitan para el ex consejero del PP de Madrid tres años de cárcel en la pieza del chivatazo. Se trata del primer escrito de acusación que presenta Anticorrupción en esta macrocausa llamada Púnica.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido cinco años de cárcel para el expresidente balear Jaume Matas por financiar supuestamente de forma ilegal al PP con dinero negro. En concreto, se le acusa de haber llevado a cabo esta práctica en las campañas electorales de los 'populares' de 2003 y 2007. Además, también ha solicitado que el político sea inhabilitado durante nueve años.

Los grupos del PP y Vox en el Parlamento de Baleares han aprobado este martes —con los votos en contra de los grupos de la izquierda del PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Podemos— la Ley de Transparencia y Control de los Cargos Públicos de Baleares, que contempla, en su disposición adicional primera, la liquidación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, que se puso en marcha en 2016. Se trata de la primera comunidad autónoma que elimina este órgano de control.

El encuentro Estatal de Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional elimina el post en el que citaban a Teresa Peramato Martín, actual Fiscal de Sala Delegada de Violencia y presidenta de la Unión Progresista de Fiscales que informaba que la fiscalía está trabajando para hacer prevalecer que el silencio del acusado es un indicio más de culpabilidad.

La magistrada admite a trámite la denuncia de la Fiscalía y llama a declarar a Alberto González Amador y al resto de implicados en la trama.

El criterio de nueve jueces -el instructor Manuel García Castellón, tres de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y cinco de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo- se ha impuesto sobre el que ha expresado el Ministerio Fiscal en torno a la causa de Tsunami Democràtic. Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo aprecian un posible delito de terrorismo en las acciones de la plataforma que impulsó las protestas en Cataluña tras la sentencia del procés, en contra de lo defendido por la Fiscalía.

El Ministerio Público refutó con un detallado comunicado las informaciones que apuntaban que era el fiscal quien había propuesto un pacto que evitase el juicio a Alberto González Amador, cuando fue al revés

La revelación por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid sobre datos concretos de unas diligencias de investigación relacionadas con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es una actuación de "extrema gravedad" que ha causado indignación en la Abogacía madrileña y entre numerosos profesionales del Derecho.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha desmentido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un comunicado que ha hecho público este jueves y deja claro que fue su pareja, Alberto González, quien pidió un acuerdo y se declaró culpable. "El único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal, que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado de D. Alberto González Amador al fiscal encargado del asunto en fecha 2 de febrero de 2024", aclara el texto.

Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, a la que está investigando Hacienda por dos supuestos delitos de fraude fiscal, pagó la deuda que se le requería, de 350.000 euros, antes de ser denunciado por la Fiscalía.

Como ya sucediera con la Fiscalía de la Región de Murcia, su homólogo europeo -la Fiscalía Europea- ha abierto diligencias a raíz de una denuncia contra el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP), por la presunta concesión irregular de ayudas por valor de un millón de euros a la asociación proisraelí Zakut, según ha confirmado el despacho de abogados de José Luis Mazón.