El metro Santiago Bernabéu, en la línea 10, inicia en breve un ambicioso proceso de renovación integral. La Comunidad de Madrid tiene previsto licitar en los próximos días el contrato para ejecutar las obras de modernización y ampliación de la estación. Es un proyecto de calado en el que se invertirán 68 millones de euros y que tardará en desarrollarse, de acuerdo con las previsiones del Ejecutivo regional, unos tres años. La intención es iniciar los trabajos en el primer trimestre de 2024 y culminarlos a principios de 2027.

El Partido Popular propone lo que ya ha intentado promover en anteriores ocasiones: eliminar el precepto que legisla la elección de jueces del CGPJ por parte de las Cortes Generales y que sean las asociaciones de jueces las que se «gobiernen a sí mismos». Con esto, no solo el Partido Popular deja claro que no va a cambiar su posición sobre la renovación del CGPJ, sino que viste de pacto «común» lo que ellos mismos han defendido en numerosas ocasiones y contra lo que se opone el partido socialista

Desde diciembre de 2018, cuando caducó el mandato del CGPJ, hasta el día de hoy, el PSOE siempre ha tenido en su mano arrebatarle de forma democrática al PP su minoría sediciosa de bloqueo. La operativa es muy sencilla. De los 20 vocales que hay que elegir para conformar el CGPJ, el artículo 122.3 de la Constitución establece que 12 deberán ser "Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales", mientras que los restantes 8 podrán ser "abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha reprochado al Tribunal Constitucional (TC) que desestimara un recurso de seis jueces españoles que denunciaban el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (,). Los seis presentaron su candidatura en el 2018 para formar parte de este órgano. Según el TEDH, la "falta de justificación" en su decisión a pesar de "la evidente importancia, aparente novedad o rareza legal de los aspectos" planteados por los denunciantes. Justamente,

La tecnológica de origen donostiarra, adquirida por la compañía andaluza Ayesa a finales de 2022, garantiza a sus trabajadores mantener su propio convenio al menos hasta el 31 de diciembre de 2027.

Esta pequeña nevera evoluciona con los tiempos para no desaparecer, incorpora productos locales cargados de identidad, nuevas tendencias y visibiliza negocios independientes fundados por la comunidad LGTBI

Más de 1500 días lleva paralizado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una situación que mantiene enfrentados al PP y PSOE, pero que también parece estar a punto de enfrentar de nuevo a los partidos que conforman el Gobierno de coalición. Y es que, ante las presiones recibidas para intentar «forzar» esta renovación, los vocales más «socialistas» del CGPJ, como Álvaro Cuesta, parecen resistirse a abandonar el cargo (y los 7.500 euros de remuneración)

Otra institución que el Partido Popular bloquea. El PP retrasa la renovación de los dos consejeros del Banco de España cuyos mandatos han expirado en los últimos días. El Ministerio de Asuntos Económicos defiende que ha ofrecido al principal partido de la oposición elegir uno de estos asientos, ahora vacantes, en el consejo de gobierno de la institución. No es la primera vez que los populares entorpecen la renovación de una institución pública, de hecho el PP lleva vetando el cambio de los miembros del Poder Judicial desde hace años.

España acudirá a las urnas a finales de 2023 en un principio, momento en el que asumirá por quinta vez la presidencia de turno de la Unión Europea. Génova empieza a urdir su respuesta contra una pata clave en la estrategia de Pedro Sánchez para la futura campaña electoral y elevará a la UE su proposición de ley orgánica para la despolitización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un plan que, sin embargo, ocultará las 25 excusas que el Partido Popular ha puesto desde 2020, en tiempos de regencia de Pablo Casado.

Los populares no van a marcar tampoco en lo personal este 2022 como uno de los mejores, ya que este ha puesto de manifiesto una crisis interna sin precedentes en las siglas azules, ha sacado de sus filas al que fuera su líder con acusaciones de espionaje de por medio y ha encumbrado a un nuevo presidente bajo la promesa de "renovar" el partido que nunca se produjo. Todo bajo las presiones internas encarnadas por Isabel Díaz Ayuso, quien -tras provocar la salida de Pablo Casado- sigue marcando el paso a la cúpula nacional.

Una semana después de que fracasasen las primeras votaciones para renovar a los dos magistrados del TC que le corresponde nombrar al Consejo, el CGPJ vuelve a reunirse en un nuevo pleno extraordinario a partir de las 16.30 horas con tres candidatos encima de la mesa: José Manuel Bandrés, propuesto por el bloque progresista; y César Tolosa y María Luisa Segoviano, por el conservador.

Pascual Sala,Presidente del Constitucional las rechaza. El Presidente del Congreso,José Bono pone un plazo a PSOE y PP para acabar con el bloqueo.Aquí Soraya Sáenz de Santamaría "prometiendo" que van hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo. Sabe que es mentira,quedan unos meses para las elecciones donde tienen asegurada la mayoría absoluta y recuperar la mayoría conservadora en el Poder Judicial.El gobierno de Zapatero también da por hecho que la renovación no se va a producir en esta legislatura.

Se hará mediante proposición de ley para acortar tiempos y sin necesidad de incorporar informes de órganos consultivos. Esta nueva proposición de ley podría registrarse esta misma semana, aunque depende del acuerdo al que lleguen los distintos grupos parlamentarios.El objetivo es habilitar el Congreso durante el mes de enero ―en el que habitualmente no hay actividad parlamentaria― para sacarla adelante lo antes posible.

El Pleno extraordinario del CGPJ celebrado este martes para elegir a sus candidatos al TC volvió a evidenciar la fractura que existe en el órgano de gobierno de jueces. Los vocales conservadores intentaron sin éxito que saliera adelante la votación de sus dos nombres, aunque ni los suyos ni el progresista lograron los votos necesarios. Para el bloque mayoritario hubiera sido clave que se abstuviera Clara Martínez de Careaga, mujer del magistrado Cándido Conde-Pumpido.

Que dice Ana Rosa Quintana que el PP no lleva sin renovar el CGPJ 4 años, que ahora es otro PP, que Feijóo lo intentó pero que si la sedición y bla bla, que morro tienen.

Los progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)dan por hecho que el pleno extraordinario que se va a celebrar este martes no acabará con el bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional, afirman miembros de este sector consultados por elDiario.es. Es una sesión extraordinaria a la que los vocales llegan sin perspectiva de acuerdo y que se celebra a petición del bloque conservador, que después de más de tres meses de boicot a esos nombramientos, pidió de urgencia un pleno para sortear la reforma legal que prepara el Gobierno

Que el Tribunal Constitucional pueda paralizar la reforma sobre su propia renovación es algo inédito. Este lunes, sus magistrados se reúnen en medio de toda una tormenta política que implica a Poder Judicial, Gobierno y oposición para valorar el recurso de amparo presentado por el PP para frenar la tramitación de la reforma del Código Penal que incluye la renovación del CGPJ y del propio tribunal de garantías .

Hay decenas de plazas vacantes en tribunales de todo el país. Su cobertura se encuentra paralizada desde hace tiempo, pendiente de que algún día remoto nuestra judicatura salga de esa excepcionalidad interminable. El deterioro institucional es inmenso. En cualquier país europeo la cúpula judicial goza del máximo respeto de la ciudadanía, como un espacio casi sagrado. Aquí el descrédito sigue avanzando y ha alcanzado ya niveles inquietantes.

El Tribunal Constitucional ha decidido estudiar de urgencia el recurso que ha presentado el Partido Popular contra la tramitación de la reforma con la que el Gobierno pretende reformar el Consejo General del Poder Judicial y desbloquear la renovación de dos de sus magistrados por parte del órgano de gobierno de los jueces.