Cuando se confirma que una vivienda o un local se ha construido en un suelo no urbanizable sin licencia municipal y se ha declarado que se ha producido un delito contra la ordenación del territorio, hay que estudiar qué se hace con ese edificio. Y es que la decisión no es sencilla porque surgen diversas preguntas como, por ejemplo, ¿cuándo hay que demoler?, ¿se puede sustituir por una indemnización cuando la vivienda ya ha sido transferida a un tercero ajeno a los hechos? o ¿de qué depende la decisión?

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha admitido a trámite la querella de Ecologistas en Acción contra los 34 diputados regionales socialistas que aprobaron la ley que regulariza 55 espacios como Zona Especial de Aves (ZEPA), entre ellos Valdecañas, donde está el complejo que el Tribunal Supremo obliga a demoler.

La ciudad que da nombre al tratado internacional contra el cambio climático quiere ser de las primeras del mundo en adaptar su urbanismo al aumento de las temperaturas. El Consejo de París, la asamblea de la capital, examina este lunes el nuevo Plan Local de Urbanismo presentado por el equipo de la alcaldesa, la socialista Anne Hidalgo, aliada con ecologistas y comunistas. El plan supone, entre otras medidas, aumentar las zonas verdes y sustituir revestimientos de hormigón o de alquitrán por otros por otros de tierra.

En España, como en cualquier otro país, los políticos no son ajenos a enfrentar cargos legales por diversos delitos. Aunque es importante recordar que todos son inocentes hasta que se demuestra lo contrario, algunos de los delitos más comúnmente asociados con políticos en España según estadísticas de los diferentes procesos judiciales contra políticos en España.

Si las elecciones de mayo dan la victoria al PP, unas 600 viviendas de lujo y 2.000 plazas de aparcamiento gentrificarían y saturarían un barrio que, ya de por sí, adolece de equipamientos públicos. El centro comercial y deportivo en la Ermita del Santo en Madrid podría desaparecer en los próximos meses ante un pelotazo urbanístico orquestado con la complacencia del Ayuntamiento de la capital. Así es como se expresa el colectivo creado para intentar revertir la situación y compuesto por medio millar de vecinos y vecinas que se niegan a permitir

Tomás Marcelo Isoldi Barbeito, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, ha sido condenado a un año y nueve meses de prisión por prevaricación ambiental, aunque no figura en la lista electoral del partido madrileño de Isabel Díaz Ayuso de cara al 28 de mayo.

Según Cuarzo Producciones Artísticas, este proceder "ha afectado a muchas empresas del sector, al no realizarse un concurso público abierto con publicidad como establece la ley de contratos de las administraciones, evitando la competitividad y la participación a todas las empresas interesadas en ofertar sus propuestas.

La instrucción de la causa ha detectado que Máñez, procesado junto con el exalcalde popular Francisco Huguet por cobrar presuntamente mordidas y blanquearlas luego con la compra de bienes inmobiliarios, ingresó en una cuenta compartida con su mujer, María Julve, 180.000 euros con el concepto “Lotería Nacional”. El ingreso, en una cuenta de la antigua entidad Bancaja, se registró el 2 de febrero de 2006.

El juzgado de Instrucción 3 de Ponteareas ha admitido a trámite una querella contra el alcalde de A Cañiza (Pontevedra), el socialista Luis Piña, presentada por el PP de esta localidad, por un supuesto delito de prevaricación, al denegar a los 'populares' el acceso a ciertos expedientes y documentos municipales.Al respecto, los 'populares' han recordado que hay una sentencia del contencioso administrativo de 2020 que ya condenó al alcalde de A Cañiza, precisamente por no facilitar el acceso del PP a expedientes municipales.

Extremadura continúa inmersa en un revisionismo ecologista derivado de la situación del resort de lujo Marina Isla de Valdecañas. A su cruzada por salvar de la piqueta desde hace tres lustros esta urbanización de la provincia de Cáceres –que finalmente ha llegado al Tribunal Constitucional y tras una ley del PSOE aprobada este mismo año que da por hecho que 55 Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA), entre ellas la que afecta a esta urbanización, nunca existieron porque no se declararon en su momento de forma conveniente...

Llevaban años viendo como los gigantes les birlaban los contactos en una partida que parecía jugarse con las cartas marcadas. Sin embargo, las denuncias nunca llegaban a puerto. En ocasiones ni zarpaban. Ahora, después del pronunciamiento del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que dio orden a la Comisión Galega da Competencia para incoar un expediente sancionador contra Monbus y Alsa, las piezas comienzan a encajar.

A finales de marzo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ordenaba a la Comisión Galega da Competencia que incoase un expediente sancionador contra Monbus y Alsa "por indicios de haber podido repartirse el mercado". Lo indica, al concurrir en 2020, a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE), a un concurso público de varios contratos de transporte por carretera.

La denuncia inicial contra Miguel Ángel Martín Perdiguero, de Ciudadanos, se presento en la Fiscalía de Madrid por Izquierda Independiente, que le acusa de haber permitido la actividad sin licencia de una planta de residuos vegetales en suelo protegido de la ribera del río Jarama

El juzgado de instrucción 4 de Badalona (Barcelona) ha enviado a juicio al exalcalde de la ciudad catalana y candidato del PP en las municipales, Xavier García Albiol, por permitir –presuntamente– la instalación de forma irregular de unas antenas de telefonía en la comisaría de la Guardia Urbana.

A Centeno se le acusa de un delito continuado de prevaricación mientras era vicepresidente de la Diputación de Valladolid, institución que promovía, a través de la sociedad pública (SODEVA) que presidía, la pista de esquí seco que se proyectó en Villavieja del Cerro. Con un presupuesto inicial de 4 millones, una vez aprobado el proyecto se fue modificando hasta triplicarlo y pasar a 12. La pista nunca se llegó a ejecutar en su totalidad porque fue ilegalizada por los tribunales.

En el club azul no existe preocupación alguna tras lo expuesto por varios partidos políticos sobre la catalogación de los terrenos de Latores. En una entrevista concedida al diario El Comercio, el máximo accionista del Real Oviedo y presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, afirmó que el precio del proyecto rondará los 10 millones de euros.

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado al expresidente de Murcia (PP), Pedro Antonio Sánchez, a tres años de prisión, una multa de 3.600 euros, y 17 años y 3 meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público, al considerarlo culpable de prevaricación y falsedad en relación con el proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de la localidad.

Se trata de comentarios con calificativos como “delincuentes” o acusaciones de “prevaricación” a los que se añadían otras sin fundamento, carentes de cualquier veracidad pero que buscaban hacer daño y menospreciar la labor profesional de los integrantes de la Jefatura Superior así como de la propia representante del Ministerio Fiscal.

Han pasado ya casi 15 años desde que la familia Lapeña iniciara su particular vía crucis para la exhumación de dos familiares fusilados por el franquismo y cuyos restos reposan en el Valle de Cuelgamuros sin que aún hayan podido cerrar esa herida. A día de hoy, el proceso de demanda se encuentra paralizado por la negativa de la alcaldesa de San Lorenzo de el Escorial en Madrid de reactivar la licencia municipal que permitiría la entrega de los cuerpos.

La aportación fundamental del estudio es haber medido las probabilidades de que crezca la corrupción en función del incremento de la vivienda. Su principal conclusión: por cada 1% que suba el precio medio de la vivienda, la probabilidad de que haya corrupción se multiplica por cuatro. En concreto, un 3,9%. La 2ª conclusión tiene que ver con una consideración de carácter político: los gobiernos municipales que gozan de una mayoría absoluta "son más susceptibles de incurrir en corrupción".

La Fiscalía de Ciudad Real, con la firma del fiscal jefe, Luis Huete, ha archivado con fecha 13 de enero la denuncia presentada por dos delegados sindicales de CCOO a cuenta del concurso oposición promovido por el Consorcio contra Incendios y Salvamento (SCIS) de la provincia.