La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) iniciaba este pasado lunes, 1 de julio, la puesta en marcha de la Batería Estratégica de Sondeos de sequía del Sinclinal de Calasparra y de las Vegas

Ha acumulado cerca de cinco años, discontínuos, cobrando sueldos públicos en cargos de libre designación en política. Alberto Pozas Fernández, ha sido imputado/investigado por una presunta revelación de secretos en un episodio del caso Villarejo. Pozas dimitió la semana pasada de su cargo público como director general de Información Nacional de La Moncloa. Su primer cargo público lo ejerció entre 1989 y 1992, como asesor ejecutivo de comunicación y portavoz de la Secretaría de Estado para la Seguridad, cuando Rafael Vera era su titular.

El periodista Alberto Pozas, que dimitió como director general de Información Nacional de Moncloa la semana pasada, ha sido imputado este lunes tras declarar como testigo en la pieza 10 del caso Tándem, que investiga la documentación que tenía en su poder el excomisario José Manuel Villarejo sobre el líder de Podemos, Pablo Iglesias.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha instado a no "criminalizar" a todos los agricultores por los pozos y desalobradoras presuntamente ilegales detectados por la Guardia Civil en el Campo de Cartagena y el entorno del Mar Menor en el transcurso de una operación desarrollada por la Fiscalía de Medio Ambiente con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

El regadío supone el 85% del consumo total de agua. Al consumo “oficial” habría que añadirle el de los regadíos ilegales, lo que supondría un consumo adicional estimado entre un 5 y un 10 % más. De hecho, ya en 2006 el Ministerio de Medio Ambiente estimaba que existían en España alrededor de 510.000 pozos ilegales, de los que se extraían del orden de 3.600 Hm3 anuales. Los recursos hídricos disponibles se han visto mermados en los últimos 25 años del orden de un 20%, mayormente como consecuencia de la subida de las temperaturas.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado hoy un informe que reclama el cierre de los pozos ilegales y de los proyectos gasísticos en el Parque Natural de Doñana.

Sustracción de un bien público. Impunidad. Inacción de las administraciones. Se trata del robo de un recurso escaso y tan relevante para la vida como el agua: uno de los delitos contra el medio ambiente más cometidos en España. En España, el país más árido de Europa, el desgobierno en la gestión de los recursos hídricos ha sido una constante histórica. El robo del agua va más allá de la existencia de pozos ilegales. Exceder la concesión autorizada o sustraer agua en épocas de restricción son otras vías habituales para extraer este recurso.

El partido ecologista EQUO y la oenegé Greenpeace han pedido al Gobierno que identifique los pozos ilegales que existen en España y adopte las medidas necesarias para proteger los acuíferos. EQUO ha presentado una pregunta parlamentaria para conocer la "cifra exacta" de pozos ilegales que existen en España que, según datos "no oficiales del propio Ministerio de Agricultura", podría rondar el millón de perforaciones.

"No tenemos claro técnicamente algunas de las actuaciones entre el lunes y el jueves, cuando comenzaron a excavar esta vía definitiva para sacar al niño. Desde el jueves hasta ahora todo parece sensato, pero antes, hay cuatro vías de rescate para las que no tenemos explicación suficiente". Flores no quiere polemizar con los rescatadores, "ni muchos menos, están haciéndolo bien ahora, pero la toma de decisiones ha sido lenta, creo que se esperó mucho antes de empezar a perforar y quizás unas horas sean decisivas en este tema"

Cuando España era Iberia, ya se excavaba en busca de agua para compensar un clima árido e inclemente para la agricultura. Cisternas, aljibes y pozos de época romana, árabe y medieval jalonan nuestra arqueología, pero la modernización de las técnicas agrícolas ha impulsado una fiebre por explotar los acuíferos que ha hecho proliferar la perforación de pozos ilegales. El impacto hidrológico y para el ecosistema que supone eran hasta ahora las principales preocupaciones; el drama de Julen, el niño de Totalán, incorpora un nuevo motivo de alarma.

A Paco Ramos le sorprende que en Asturias sorprenda una transición energética de la que él, como integrante de Ecologistas en Acción, lleva hablando treinta años. Toca hablar de un asunto que está de rabiosa actualidad desde que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijera aquello de que «el carbón tiene poco futuro». Ramos deja claro que en Asturias, más que por el cambio climático, este proceso ya estaba más que anunciado. «Venimos de un modelo anterior que, con los pactos de la minería, ya estaba previsto que se cambiara ahora»

El principal problema de España con el agua es que no tiene. La poca que hay está mal gestionada y, además, se roba. A caño abierto. Greenpeace asegura que el número de pozos ilegales, cuya última estadística data de 2006 (entonces había 510.000), podría superar el millón. Se escurre de cualquier control el equivalente al consumo de 58 millones de habitantes. La cifra puede ser más o menos cierta. Pero nadie puede discutirla porque no hay control. Eso es lo más grave.

La mitad del agua bombeada de los acuíferos se extrae al margen de la legalidad. Mientras la Administración responsable de su control no ofrece datos públicos, no es transparente con este asunto, ni tampoco utiliza los mecanismos para atajar el problema desde la raíz.

Greenpeace ha alertado del peligro que supone para el abastecimiento en el futuro el robo de agua en pozos ilegales con motivo de la celebración este jueves del Día Mundial del Agua y anima a los ciudadanos a denunciar pozos ilegales a través de 'Filtrala'. Así, la ONG denuncia la sobrexplotación ilegal e indiscriminada del agua para regadíos y desarrollo urbanístico ha provocado la proliferación de pozos ilegales, hasta alcanzar en torno a un millón, que contribuyen a agravar la sequía. Además, lamenta también la falta de transparencia

En Alamedilla (Granada) el calendario parece no moverse desde septiembre de 2016. En este tranquilo pueblo de los Montes Orientales de la provincia granadina, cerca de Guadahortuna y limítrofe con la provincia de Jaén, no hay agua potable desde entonces. Y el agua de este final de noviembre tan solo ha puesto la miel en los labios de sus habitantes porque "no soluciona", aseguran.

Greenpeace apuesta por cerrar el más de millón de pozos ilegales repartidos por toda España, mantener los acuíferos en buen estado y regenerar las aguas residuales, como claves para asegurar el abastecimiento y el riego en situaciones de sequía severa, como la actual, en la que los embalses apenas rebasan el 37 % de su capacidad.

Greenpeace publica un informe en el que analiza el abuso sobre las reservas de agua en España y el riesgo de desertificación, que afecta al 75% del territorio nacional. España se seca, pero la culpa no la tiene sólo la falta de precipitaciones. El agua se gestiona como si no fuera a acabarse nunca -o sea, casi no se gestiona- y no hay ni política ni cultura de ahorro.

Los yihadistas del grupo Estado Islámico (EI) incendiaron tres pozos petroleros situados cerca de la comarca de Al Hauiya, en la provincia de Kirkuk (noreste de Irak), con el objetivo de frenar la ofensiva militar de las fuerzas iraquíes para recuperar la zona, informó hoy a Efe una fuente de seguridad.

La Fiscalía de Medio Ambiente toma por fin medida contra los 800 pozos ilegales que han estado drenando durante décadas Doñana ante la inacción de la Junta de Andalucía. El parque, reserva de la biosfera declarada por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, está amenazado por la falta de agua por las sequías y el drenaje por agricultores de alrededor que actuaban con total impunidad. Numerosos expertos y asociaciones ecologistas han estado denunciando ante el Gobierno de Susana Díaz y los Gobiernos de los ex presidentes Chaves y Griñán...