El Tribunal Supremo ha aceptado que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy declare como testigo en el juicio del 1-O. En el auto de admisión de pruebas propuestas por las partes, la sala enjuiciadora también acepta el testimonio en la vista de la número dos del Gobierno de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, y de Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda que deberá pronunciarse sobre hechos relacionados con la acusación de malversación.

En las reuniones de portavoces parlamentarios del área económica del PP los dos exministros de Rajoy llevan la voz cantante en el análisis de la situación y en las propuestas

El tribunal de Cosidó estaba formado por un histórico de la UCD, un colaborador de FAES, dos diputados del PP y un condenado por robar 128.000 euros con las black. El exdirector de la Policía ejercía de asesor del grupo parlamentario del PP cuando dos de sus diputados evaluaron su tesis. Cosidó es el impulsor del pleno monográfico que la mayoría del PP en el Senado programa en la Cámara Alta para que Sánchez explique su tesis..

Equipo Económico SL, el bufete de asesoría y lobby que fundó en 2006 el exministro de Hacienda y hoy diputado del PP Cristóbal Montoro redujo en 2017 a la mínima expresión sus cifras de facturación y gastos, tras la querella presentada el año pasado por la Fiscalía Anticorrupción contra los integrantes de la firma por un contrato a dedo adjudicado en 2012 por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio que investiga un juzgado de Madrid.

El Ministerio de Hacienda —dirigido en ese momento por Cristóbal Montoro— envió a Enel Iberia, la matriz de Endesa, un acta de inspección tributaria por “el régimen de neutralidad fiscal aplicada a la fusión de Unión Fenosa Renovables (EUFER) y Enel Green Power España SL” que se llevó a cabo en 2011. Desde el Gobierno se entendió que la empresa eléctrica se había acogido a un tratamiento fiscal que no estaba justificado por la “ausencia de razones económicas válidas” que respaldasen la operación.

Sánchez tendrá que 'comerse' contratos de arrendamiento de edificios de oficinas por valor de 16 millones de euros anuales. El anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, estampó su firma en una veintena de acuerdos de los que ahora se tendrá que hacer cargo el Gobierno de Pedro Sánchez. Además, se trata de los primeros 'macrocontratos' que se firman después de que en el año 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy pusiese en marcha el Programa para la puesta en valor de los activos inmobiliarios del Estado.

El exministro calculó ingresos de 200.000 millones para 2017, pero el informe de tributación recién publicado revela un gran error de cálculo. El nuevo modelo de IVA, los sueldos bajos y los créditos fiscales a las empresas dejaron la recaudación muy por debajo de lo que se esperaba.

La mayoría de expertos reconocen que hay barreras tributarias y constitucionales para desvelar estos nombres, sobre todo en lo relativo a la protección de datos.

El Gobierno, tal y como anunció la ministra de Economía este jueves tras la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo), ha aparcado el objetivo de déficit cero que el Gobierno de Mariano Rajoy se había marcado alcanzar en 2020 y se ha dado un mayor margen de maniobra que permitirá, en palabras de la ministra de Hacienda María Jesús Montero, "conjugar la estabilidad presupuestaria con la agenda social prevista de este gobierno".

El nuevo equipo de María Jesús Montero prorroga hasta fin de año el programa de detección de inmuebles irregulares activado por su predecesor en 2013.

El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha declarado este miércoles por videoconferencia en el juicio en la Audiencia de Barcelona por altercados durante un acto de campaña en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) en 2014 y ha replicado a los nueve acusados que su coche no se abalanzó sobre ellos a la salida del evento, que su conducción fue prudente para evitar atropellos. "La conducción para salir fue lenta y prudente para evitar ningún intento de atropello", ha explicado Montoro, negando así las afirmaciones de los acusados.

Soraya Sáenz de Santamaría ya tiene equipo económico con el que encarar la batalla por sillón de mando del PP. La exvicepresidenta ha reclutado prácticamente en bloque al núcleo duro del área financiera del Gobierno de Rajoy. Se han encuadrado en su equipo la extitular de Empleo, Fátima Báñez; el de Fomento, Íñigo de la Serna; el de Energía, Álvaro Nadal... y una última incorporación: Cristóbal Montoro,

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la amnistía fiscal en marzo de 2012 tras encontrarse con un déficit del 9% cuando llegó a la Moncloa

El tribunal alemán de Schleswig-Holstein pide a Llarena el escrito de Montoro dónde explica porque dijo que no se utilizó "ni un euro" de fondo públicos para financiar el referéndum.

El Tribunal regional de Schleswig-Holstein, que debe decidir en las próximas semanas sobre la petición de entrega a España del expresidente catalán Carles Puigdemont, ha pedido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena el escrito en el que el exministro Cristóbal Montoro le explicó por qué declaró a la prensa que "ni un euro" de fondos públicos se utilizaron para financiar el referéndum ilegal del 1-O.

José Luis Gil y Fernando Tejero han sido cazados en inspecciones de Hacienda por cobrar a través de sociedades profesionales y no directamente un salario. En vez de pagar al recibir la inspección, han recurrido a los tribunales, que han dado la razón al departamento que dirigía Montoro, según dos sentencias a las que ha tenido acceso este medio. Los fallos destacan que Gil intentó colar como gastos de empresa la compra de un deportivo y tiques de restaurantes en fin de semana. En su defensa, alegó que peor eran los acogidos a la amnistía fiscal

El ministro puso las medidas de intervención económicas bajo el amparo del 155 a posteriori y después que Podemos recurriera ante el Supremo la decisión. La abogacía del Estado defendió la intervención asegurando que no tenía relación con el 155 pero, tras alegar Podemos, Montoro optó por vincular ambas medidas. La maniobra del exministro de Hacienda para evitar un correctivo judicial a su gestión motivó que la intervención financiera acabara a la vez que el 155

Cristóbal Montoro no deja sus últimos Presupuestos Generales del Estado solos aunque haya salido del ministerio de Hacienda. La peculiar manera de Pedro Sánchez de llegar al poder, sin elecciones ni mayoría parlamentaria que le avale, ha hecho que el ya exministro trabaje en el Senado con todo su equipo para 'mejorar' el proyecto aprobado en el Congreso una vez liberado de los compromisos con el PNV,

Se despide el ministro de Hacienda más longevo de la democracia, tras participar en los gobiernos de Aznar y de Rajoy. Obsesionado con el equilibrio presupuestario, su meta era conseguir a medio plazo un gasto público del 38% del PIB, parecido al de Estados Unidos; la media europea es del 46%. En sus años como ministro ha logrado pelearse con compañeros de gabinete, medios de comunicación, artistas o ayuntamientos..

García Castaño ha reclamado a Sánchez que flexibilice la regla de gasto para las entidades sociales, un planteamiento que ha enmarcado bajo el liderazgo de la FEMP. Con el fin de “mejorar la vida de las personas desde la gestión local”, el delegado de Carmena ha pedido que se revise la regla de gasto para permitir que se aumenta la inversión en los ayuntamientos con superávit. El Ayuntamiento de Madrid cuenta con una quinta parte de los 5.000 millones de superávit que tienen las entidades locales en España..

Cristóbal Montoro ha sido la principal oposición de Manuela Carmena al frente del Ayuntamiento de Madrid. Una intervención de las cuentas municipales por parte de Hacienda el pasado noviembre, a pesar de que cerraba cada año la gestión económica con más de 1.000 millones de superávit y devolvía deuda a una velocidad récord, acabó con las pretendidas políticas expansivas en lo social por parte del Gobierno de Ahora Madrid.

Trabajos hasta los sábados y domingos de agosto, presupuestos calcados en diferentes días, turnos de hasta 121 horas o tres semanas desatascando tuberías. Estas son algunas de las características que arrojan las facturas presuntamente falsificadas por las que un Juzgado de Jaén investiga al actual secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya. Afecta a su época como alcalde de la ciudad andaluza (2011-2015) y en concreto a la adjudicación de un contrato de mantenimiento de fuentes ornamentales a la empresa Matinsreg.