El Gobierno ha comunicado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que pretende "llevar a cabo una revisión de los delitos de injurias a la Corona", y también de los delitos contra los sentimientos religiosos recogidos en el Código Penal.

La Guardia Civil ha detenido en la localidad valenciana de Gandia a una persona de 59 años que venía difundiendo, desde el año 2018, a través de una conocida red social, comentarios que "incitan al odio" dirigidos contra instituciones representativas del Estado, como la Casa Real, Judicatura y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El PSOE ha solicitado un acto de conciliación con Santiago Abascal y Hermann Tertsch como paso previo a la interposición de una querella por injurias y calumnias por acusaciones vertidas en Twitter. Los socialistas reclaman que reconozcan que son autores de "una intromisión ilegítima en el honor del PSOE" y que retiren los comentarios así como una indemnización de 10.000 euros que en el caso del líder de Vox se donaría a una organización que trabaje con niños migrantes y en el caso del eurodiputado de extrema derecha, al Instituto de Salud Carl

Toni Galmés tiene el triste honor de ser el primer ilustrador imputado de 2020. Sindicatos policiales lo denunciaron por injurias por unos dibujos.

Estos apoyos prácticamente garantizan que el Congreso tramitará la propuesta para modificar el Código Penal que hoy tipifica como delitos insultos al Rey o a las creencias religiosas, a pesar de que el PSOE se reserva enmendar la futura reforma en el trámite parlamentario que empezará tras el voto de este martes.

El doctor Jesús Candel se hizo conocido por liderar las protestas contra la política de fusión hospitalaria en Granada. “Me acaban de bloquear Facebook y no puedo publicar. Por lo visto me van a hacer lo mismo en Twitter. Antes de que lo hagan sólo deciros que me cago en todos vosotros, gobernantes y políticos de mierda y todos los cobardes que colaboráis con la corrupción. ¡Sois unos hijos de puta!”..

El Gobierno del PSOE y Unidos Podemos han incluido en su acuerdo presupuestario el compromiso de suavizar la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2015 por el PP, conocida como "ley mordaza", y de despenalizar las injurias a la Corona y la ofensa a los sentimientos religiosos. Por un lado, revertirán los artículos de la ley del PP que, a su juicio, tenían por objetivo "desalentar la protesta social" y "limitar los derechos a la libertad de expresión y de reunión". En ese sentido, se comprometen a que la ausencia de comunicación previa deje de