Esta semana el camarero del croissant ha sido sustituido por los camareros de los cócteles, el juez García-Castellón e Isabel Díaz Ayuso, especialistas en realizar cócteles imposibles con los temas de actualidad.

“Y lo más importante, el sometimiento a dicho pleno de la reprobación a la senadora Amparo Marco, anterior alcaldesa de Castellón por su negligente gestión en la adquisición de una escultura valorada en 130.000€ en homenaje a la figura del Pregonero de Castellón, sin realizar los procedimientos pertinentes para su adquisición y que han provocado un grave quebranto económico a un artista escultor de nuestra ciudad y a su vez un quebranto económico y artístico para el Ayuntamiento de Castellón”, ha continuado.

En este sentido, el juez recuerda que el 19 de noviembre ya apreció la presencia de unos hechos susceptibles de incardinarse en infracciones susceptibles de constituir una alteración grave de la paz pública. Añade que tanto en las comisiones rogatorias enviadas a Suiza, en diciembre de ese año, o la cursada a Estados Unidos, ya se hablaba expresamente de delito de terrorismo.Rel.: old.meneame.net/story/diputado-erc-traslada-suiza-presion-judicial-cas

Se trata de ciudadanos vascos conversando sobre la situación penitenciaria de presos de una banda terrorista que no existe y planeando estrategias para favorecer sus intereses sin que de las mismas se desprenda relación alguna (...) en la organización de los actos de homenaje a los terroristas. No es delito ser vasco, no es delito ser preso, no es delito conversar, no es delito actuar políticamente en la dirección que a cada cual le plazca», así se opone el fiscal de la Audiencia Nacional a la decisión del juez instructor Manuel García C

El recién ascendido miembro del Ejecutivo de Pere Aragonès carga contra Junts por no aprobar la ley de amnistía en el Congreso y considera que hay “jueces con metralleta” que intentan agujerear el texto

Los últimos autos del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, sobre la plataforma independentista Tsunami Democrátic han salpicado de lleno la tramitación de la ley de amnistía y sus enmiendas.

La ampliación de los motivos de entrega se validó sin responder a una posible prescripción del delito de fraude en Eslovaquia. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional afea "la rechazable técnica del 'corta y pega'" en una resolución del Juzgado Central de Instrucción número 6, del que es titular Manuel García-Castellón, y que permitió ampliar los motivos de entrega a Eslovaquia de un reclamado por fraude. Se da la razón a su defensa porque, además, la resolución no respondió sobre una posible prescripción del delito en el país de origen.

El concejal de Movilidad de Castelló, Cristian Ramírez. El PSPV-PSOE acumulaba hasta 167 multas por aparcar en la zona azul.

Considera que el juez Manuel García-Castellón pidió al Supremo imputar a Puigdemont sin investigar lo suficiente. Además, insiste en que no hay terrorismo y acusa al instructor de confundir esta causa con la de los CDR.

Lo que está haciendo el juez García Castellón, que no es más que un cargo más del PP y que está denunciado por Podemos por prevaricación contra nuestro partido, es dictadura judicial. Este señor piensa que él tiene derecho a mandar más que el Parlamento. En un discurso muy duro contra este magistrado, tras emitir resoluciones en la causa de Tsumani Democràtic donde aprecia terrorismo en incidentes durante el 'procés' en pleno debate parlamentario sobre la amnistía, Belarra ha proclamado que hay "jueces absolutistas" que están maniobrando contra

El fiscal del caso Tsunami Democràtic, el conservador Miguel Ángel Carballo, ha criticado con contundencia la instrucción del juez Manuel García-Castellón. En un escrito el representante del ministerio público habla de "flagrantes contradicciones", "falta de argumentos" y una exposición "totalmente injustificada e inmotivada", entre otras críticas.La Fiscalía insiste en que los hechos de Tsunami son desórdenes públicos y en que no hay indicios contra el expresidente Carles Puigdemont.

Ante esta revelación, el equipo de gobierno, a través de su portavoz, Vicent Sales, manifestó en un primer momento que "no hay constancia por parte del edil de todas estas acusaciones". Sin embargo, después la denuncia pública, el propio Cristian Ramírez mantuvo una reunión en la Oficina de Recaudación, en la que se le notificó la existencia de 29 sanciones, estando algunas de ellas en periodo voluntario de pago.

"Lamento ser cansino, pero más lo son ellos; amén del sainete y por lo que nos afecta, hemos vuelto a escuchar inaceptables descalificaciones de miembros de la carrera judicial", apunta este miércoles el presidente del Consejo General del Poder Judicial en un comunicado. "Que nos dejen en paz", suplica más tarde.

El juez Manuel García Castellón ha rectificado su decisión de dar por concluida la investigación por actos de bienvenida a presos de ETA que tomó hace tres meses. A petición de una asociación que preside un diputado del PP en la Asamblea de Madrid, y a la que se adhirió la acusación popular que ejerce el propio Partido Popular, García Castellón ordena ahora nuevas diligencias de acuerdo al contenido de un chat de Telegram de Sortu, el partido central de la coalición EH Bildu, socio parlamentario del Gobierno.

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, archivó por falta de pruebas la investigación sobre una posible conexión rusa con Tsunami Democràtic, que sí observa en el caso Voloh el juez de Barcelona, Joaquín Aguirre.García-Castellón investigó durante meses la posible financiación desde el Kremlin, así como apoyo paramilitar, como la supuesta promesa de 10.000 efectivos rusos para respaldar la independencia.

Ni el juez ni los fiscales quedan demasiado bien parados. El vídeo, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, expone como tan pronto como la persona interrogada abandona la sala, los fiscales hacen befa, mientras el juez se acerca y se suma a los comentarios. La conversación no queda aquí, y el audio hace evidente como acto seguido los fiscales Anticorrupción aleccionan al juez sobre los pasos a dar en la investigación, cuando la instrucción es su potestad.

El empresario Javier Pérez Dolset ha mandado un escrito al juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, solicitando que cite como imputados al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, procesado por la operación Kitchen; y a los directivos del Grupo Planeta, Mauricio Casals, presidente de La Razón; José Crehueras, presidente de Atresmedia; y a Antonio García Ferreras, director de La Sexta, entre otros, por su presunta colaboración en operaciones de descrédito o de espionaje como la Operación Cataluña. El documento presentado por Pérez

El magistrado afirma que cabe proseguir la investigación al menos medio año más porque faltan “numerosas” diligencias por practicar, entre ellas la respuesta a varias comisiones rogatorias remitidas a Estados Unidos, Países Bajos o Suiza, así como la contestación a varios recursos presentados, tanto a la Sala de lo Penal de la Audiencia por la imputación de terrorismo, como contra que la exposición razonada para elevar la causa al Supremo.

Pérez Dolcet ha pedido también que se tome declaración en calidad de investigados a diferentes responsables del grupo Planeta que aparecen en los audios, entre ellos, Mauricio Casals; el director de La Sexta y Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras; o el presidente de A3 Media y Grupo Planeta, José Creuheras.

García Castellón, acelera en la construcción de su acusación. Desde un muerto por infarto durante unas protestas contra la sentencia del procés hasta su última averiguación, cuatro años después, de un supuesto plan que nunca se ejecutó para protestar por la presencia del rey en Catalunya

El Ministerio Fiscal debería querellarse contra el juez de la Audiencia, aunque tal vez, dada la muy alta probabilidad de que el Tribunal Supremo no admitiera a trámite dicha querella, podría ser más eficaz la recusación de dicho juez. La pérdida de imparcialidad se produce cuando, en el ejercicio de la función jurisdiccional, un juez o magistrado se desvía del cumplimiento de la función que tiene constitucionalmente encomendada de una manera que no puede ser explicada de manera objetiva y razonable haciendo uso de las reglas.....