La Audiencia Nacional ha comenzado a levantar en cascada los vetos para contratar con las administraciones públicas que la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) impuso a las principales empresas del sector de la construcción hace unos meses al concluir que habían alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras.

Una vez pasada la excepcionalidad sanitaria derivada de la pandemia, ¿existe alguna norma que permita a las administraciones públicas imponer una cita previa obligatoria como lo están haciendo? No; y no solamente no la hay, sino que las que hay dicen lo contrario. Partiendo de la norma suprema, la Constitución, esta obliga a la Administración a servir con objetividad a los intereses generales. Y como ha recordado el Tribunal Supremo, «el interés general o público pertenece y beneficia a los ciudadanos, no a la Administración como organización.

La pasada semana, los populares europeos propulsaron un debate sobre la situación del Estado de Derecho en el país, en un intento con equipararlo con el debilitado estado del poder judicial en Hungría y Polonia. "España sufre una preocupante deriva de degradación democrática, de deterioro institucional y de irresponsabilidad gubernamental provocada por las últimas decisiones de su Gobierno", aseguró Dolors Monstserrat, líder del PP en la Eurocámara, al inicio del debate.