Debido a su potencial para influir en la política conservadora de todo el país, Florida es uno de los estados más importantes que hay que vigilar. Hasta ahora, a poco más de un mes de la sesión legislativa de 2024, el estado está a punto de hacer retroceder las leyes de trabajo infantil, borrar a las personas transgénero de la vida pública y eliminar la supervisión de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

La Corte Suprema de Alabama dictaminó el viernes que los embriones congelados son personas y alguien puede ser considerado responsable por destruirlos, una decisión que, según los defensores de los derechos reproductivos, podría poner en peligro la fertilización in vitro (FIV) y afectar la cientos de miles de pacientes que dependen de tratamientos como este cada año. Otra fuente: cnnespanol.cnn.com/2024/02/20/embriones-congelados-ninos-alabama-trax/

CCOO denuncia la aprobación de una moción entre Vox y PP que supondrá "un retroceso en la libertad de sevillanas, que se verán presionadas" si deciden abortar. La secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO de Sevilla ha recordado que "la mejor forma de prevenir los embarazos no deseados es recibir educación afectivo-sexual y, sin embargo, el Ayuntamiento no considera conveniente implementarla en los centros educativos de la capital".

Diputados del partido ultraderechista promueven una iniciativa que contempla penas de hasta tres años de cárcel para las mujeres que interrumpan su embarazo.

El plan pide la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobada el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021, y que el aborto sea un delito penal tanto para la mujer como para quienes participen en la intervención. La mujer sería sancionada con cárcel de uno a tres años.

El documento propone prisión de 3 a 10 años para el causante del hecho. Las penas dependerán del consentimiento de la mujer. Diputados de La Libertad Avanza presentaron un proyecto en la Cámara de Diputados para derogar la Ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En uno de los artículos propone la reclusión o prisión de tres a diez años, si el aborto se realiza sin consentimiento de la mujer. “Esta pena podrá elevarse hasta quince años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer”, detalla y agrega: “Con reclusión o prisión de

Ningún profesional de la sanidad pública manchega quiere practicarle un aborto a esta mujer de 47 años con un embarazo de riesgo. Ante la negativa, tendrá que desplazarse a Madrid, a 172 km de su casa.

Unas 300 mujeres se han reunido en la mañana de este sábado frente al Ayuntamiento de Alicante convocadas por el Movimiento Feminista para mostrar su rotunda oposición a las noticias aparecidas recientemente sobre la decisión municipal, a propuesta de Vox, de establecer un “servicio o agencia antiabortista”. Este servicio, todavía sin concretar, que podría denominarse “Cría”, se nutrirá de fondos detraídos de Igualdad

El cambio constitucional, que de hacerse realidad convertiría a la Carta Magna francesa en la única vigente en todo el mundo que garantiza de manera explícita el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, se ha aprobado por 493 votos contra 30.

Catorce estados han prohibido el aborto en cualquier edad gestacional desde que el Tribunal Supremo anuló el caso Roe contra Wade en 2022. Desde la promulgación de esas prohibiciones del aborto, se calcula que 64.565 personas se quedaron embarazadas como consecuencia de una violación en esos estados. Pero, mientras que cinco de los 14 estados tienen excepciones para la violación, todos los estados registraron sólo 10 o menos abortos legales por mes desde que se promulgaron sus respectivas prohibiciones.

La carta de investigación, publicada por JAMA Internal Medicine y encabezada por el director médico de Planned Parenthood de Montana, calculaba que casi 520.000 violaciones estaban asociadas a 64.565 embarazos en 14 estados, la mayoría de los cuales no tenían excepciones que permitieran interrumpir embarazos producidos como consecuencia de una violación. Texas encabezaba la lista, con el 45% de los embarazos relacionados con violaciones ocurridos dentro del estado, según calcularon los investigadores.

Vanessa Mendoza Cortés había sido acusada de difamar a las autoridades tras presentar en la ONU un informe sobre los derechos de las mujeres en su país. Abortar en Andorra está prohibido en todos los supuestos, una situación excepcional en la Unión Europea. Stop Violenciès cree que se ha vulnerado su derecho a la libertad de expresión y que se ha sometido a la organización y a su presidenta a un “linchamiento”.