Dos diputados de Podemos en Canarias fueron investigados sin control judicial por agentes de la Policía Nacional durante el último Gobierno del Partido Popular (PP). El máximo mando policial en aquella época, Eugenio Pino, hizo una consulta sobre Rosell el mismo día en que la magistrada en excedencia presentó su dimisión en el Congreso de los Diputados después de que el Supremo admitiera a trámite la querella que contra ella había presentado José Manuel Soria

Lo que no hizo García-Gallardo en su repaso de mandato fue recordar sus polémicas: cuando se negó a definir el franquismo como dictadura; cuando llamó “señoritos” a los productores de cine en los Goya; cuando insultó de forma reiterada a varios cargos del PSOE; cuando realizó cánticos racistas y presenció hostigamientos a una periodista; cuando el PSOE le acusó de hacer gestos de una felación a una procuradora socialista; por sus comentarios hacia una parlamentaria con discapacidad; cuando acusó a las mujeres de ser unas “desalmadas” ...

El redactor jefe de El Mundo se coordinó con el número dos de Interior para difundir informaciones falsas contra Podemos que ellos mismos denominan "ataques", según reflejan los mensajes de whatsapp que intercambiaron.

Pero entre esas búsquedas, que podrían responder al interés personal y espurio de un buen número de policías, hay otras que resultan más inquietantes por el lugar desde el que se producen. Sirva como ejemplo el caso del entonces líder de la formación, Pablo Iglesias, sobre el que se indaga desde la comisaría Alcantarilla, la de Ruzafa o la de Alcobendas, pero al que también se investiga desde organismos centrales de la Policía, donde se ubican unidades de élite, algunas como la UDEF o la Brigada de Información.

La Policía Nacional llevó a cabo al menos 6.903 búsquedas sobre los diputados de Podemos en las bases de datos del Ministerio de Interior entre 2015 y 2016, según la documentación enviada por el cuerpo a la Audiencia Nacional, que investiga este rastreo masivo policial al partido. La información proporcionada se ciñe solo a los años 2015 y 2016, pues son las fechas solicitadas por el juez, de manera que no hay datos sobre si se continuó la investigación a los diputados meses después.

La Audiencia Nacional tiene en su poder los registros de las intensas consultas que policías de distintas plantillas realizaban en las bases de datos sobre los cargos electos en plena guerra sucia del Ministerio del Interior contra la formación de izquierdas.

España es de los pocos países de la UE en los que el valor real de los salarios es todavía más bajo que en 2019. Entre las grandes economías del euro, solo los salarios de Italia han sufrido una devaluación más acusada.

Eldiario.es daba a conocer la noticia de que “El juez Pedraz de la Audiencia Nacional citaba como testigo al máximo responsable de Extranjería en la Policía durante la época del PP y la brigada política en el marco de la causa sobre la guerra sucia contra Podemos”. Según cuenta la pieza periodística, “La investigación de la guerra sucia contra Podemos, que practicó el Ministerio del Interior durante el último Gobierno del Partido Popular, avanza en la Audiencia Nacional con la citación del que fuera entonces máximo responsable en la Policía”.

La Consejería presenta este martes la propuesta para impartir un grado de Enfermería mediante un centro adscrito de la Pontificia de Comillas en Sevilla En un comunicado conjunto de las diez universidades públicas andaluzas, los rectores muestran su «firme rechazo a la estrategia de privatización del sistema universitario andaluz puesta en marcha por la Junta de Andalucía».

Se despide del Consejo General del Poder Judicial por todo lo alto. No por sus intervenciones en los plenos y las comisiones permanentes, pues la vocal del CGPJ Pilar Sepúlveda García de la Torre, conocida entre todos (absolutamente todos) los magistrados de la casa como “la semoviente”, no era célebre por sus discursos o declaraciones en el Consejo, inexistentes, sino porque sus gastos de desplazamiento han disparado la curiosidad de muchos compañeros de trabajo.

Podemos ha acusado al PSOE de ser "cómplice del lawfare' al pactar con el PP la renovación del CGPJ y el proyecto de ley para reformar la ley orgánica que rige el Poder Judicial y ha advertido a los socialistas que se equivocan si piensan que con este acuerdo pueden "comprar paz a cambio de rendición", dado que los jueces reaccionarios están "crecidos". Par podemos el consenso entre PSOE y PP supone, a su juicio, la vuelta de una "gran coalición" con el que se "blanquea el lawfare" y se cede el Poder Judicial al "bloque reaccionario".

El parlamentario de la formación morada, Víctor Egío, ha calificado la decisión de la Cámara murciana de "caza de brujas" y ha anunciado que la recurrirá "por todas las vías legales"

Este jueves, el pleno del Congreso aprobó la toma en consideración de la iniciativa para reformar la ley que regula el órgano de gobierno de los jueces y la Fiscalía. La tramitación se llevará a cabo por la vía de urgencia, con el objetivo de aprobar la reforma antes de que termine julio. La propuesta contó con 258 votos a favor, 43 en contra y 33 abstenciones, entre ellas las de Sumar. Algunos socios habituales del Gobierno, como Podemos y EH Bildu, junto con Vox, votaron en contra.

Esta no es la primera recusación que enfrenta el juez Aguirre, ya en anteriores casos este había sido recusado sin éxito por parte de las defensas de los habituales investigados en sus causas. Con la apertura de la nueva causa que busca esquivar el dictamen que estableció la Audiencia Provincial de Barcelona (AP), determinados recursos que tienen a su disposición las defensas de aquellos investigados vuelven a estar disponibles, siendo uno de ellos, la recusación. Esta consiste en apartar al magistrado, en este caso el juez Aguirre...