La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha efectuado esta mañana un registro de aproximadamente tres horas en la sede de Consejo Superior de Deportes (CSD) y en el Ayuntamiento de Madrid en el marco de la investigación por el caso Begoña Gómez. Los agentes han intentado recabar información sobre posibles expedientes otorgados al empresario Juan Carlos Barrabés. Tiene que ver esta operación de la UCO con la denuncia del sindicato Manos Limpias contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Juan Carlos Barrabés, uno de los señalados por el Partido Popular en el caso judicial de la esposa del presidente del Gobierno central, Begoña Gómez, además de recibir un contrato de parte del Ayuntamiento de Madrid valorado en 1,7 millones de euros -causa bajo investigación por el juez Peinado-, ya tenía vínculos con los populares. En concreto, el empresario formó parte de la programación del partido en el acto de “rearme ideológico” de 2019, impulsado en la era de Pablo Casado.

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga un supuesto tráfico de influencias con la participación de Begoña Gómez, encargó un informe a la Guardia Civil sobre las afirmaciones recogidas en la querella de Manos Limpias. Después de que la unidad de élite del instituto armado le aportara un informe de 160 páginas en el que concluía que no hay indicios de delito en la actuación de la mujer del presidente del Gobierno, el mismo juez ha requerido a los guardias civiles para que le entreguen esos expedientes que han examinado (...)

El sumario declarado secreto desde el inicio del caso de Begoña Gómez era el documento más deseado por los medios de comunicación. Sin embargo, la decepción ha sido mayúscula al poder comprobar su contenido completo: la nada jurídica. De hecho, en los más de 1.000 folios que hay hasta ahora, sin contar toda la documentación adjunta, lo único importante o relacionado con lo denunciado es el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que, además, es exculpatorio para la mujer de Pedro Sánchez

[C&P] El juez que investiga las actividades profesionales de Begoña Gómez se saltó el propio secreto de sumario que había acordado para entregar documentos de la causa que estaba secreta a Vox que está personado en la causa como acusación popular.

Decía la asociación ultracatólica de extrema derecha Hazte Oír que «con nuestra querella aportábamos una relación de pruebas y fundamentos jurídicos de los que Begoña Gómez tendría difícil escapar«. Pero, una vez se ha sabido que la UCO de la Guardia Civil no había encontrado indicios del delito de tráfico de influencias, los ultras -siguiendo con su lenguaje- continúan la cacería, estamos en periodo electoral… «Presentamos ampliación de la querella contra Begoña y nos personamos en la causa...

Juan Carlos Peinado había ampliado el secreto de las actuaciones, a pesar de que la Guardia Civil había entregado un informe en el que señalaba que no hallaba indicios de delito contra la mujer del Presidente del Gobierno.

En la querella de Manos Limpias, basada en informaciones periodísticas, se acusaba a Gómez de haber influenciado en el rescate de Aire Europa durante unas reuniones con altos cargos de Globalia. La UCO es contundente en este aspecto. En el informe se recoge que de las dos reuniones sobre las que el pseudo sindicato ultra pone la lupa “no se tiene constancia” de que pudieran “estar vinculadas a la decisión ministerial del rescate”. El “único elemento”, insiste la Guardia Civil, que podría vincular a Gómez con Globalia es que coincidió con Javier

Tildar de inusual la instrucción judicial del juez del caso de Begoña Gómez, no solo sería quedarse corto, sino ser benevolente a más no poder. Hablamos de un juez que abrió diligencias saltándose la doctrina del Supremo, que ha emitido una providencia llena de ‘lloros’ contra el fiscal porque, al parecer trabaja mucho y se interesa por el procedimiento y ha decretado un secreto de sumario, pero no ha dudado en dar documentos a las partes y ordenar emitir una nota de prensa poniendo los nombres y apellidos de los testigos a los que ha citado

Peinado acaba de acordar nuevas testificales y avanza en la causa tras advertir al fiscal del caso que deje de acudir en persona al juzgado para conocer "de inmediato" las resoluciones.

El juez Juan Carlos Peinado, que abrió diligencias tras la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunto tráfico de influencias, ha solicitado a la Policía Nacional que le remita "a la mayor brevedad posible una copia autenticada y de tamaño legible y visible del DNI de la investigada Begoña Gómez”. Esta solicitud se produce después de que el juez aceptara la personación del Movimiento de Regeneración Política de España en la causa.

El polémico juez de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que investiga la denuncia contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha aceptado la personación en la causa del radical Movimiento de Regeneración Política de España. Se trata de un colectivo que aboga por la “desaparición de todos los partidos políticos” y que está liderado por el abogado youtuber Aitor Guisasola.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid con el PP intentó equiparar la situación de la mujer de Pedro Sánchez con los delitos reconocidos por la pareja de Isabel Díaz Ayuso: "No es lo mismo", aclaró Risto

El juez Peinado, que incoó diligencias contra la mujer del presidente, sigue adelante desoyendo la petición de la Fiscalía de archivar el caso y el informe policial que no halló indicios de delito en las actividades de Begoña Gómez.

“Si piden al Senado mi comparecencia y la de mi mujer, encantados de comparecer”. Aunque durante su intervención ha dicho que no quiere “alimentar la máquina del fango” por lo “injusto de comparar inocentes con quien sí ha realizado prácticas corruptas”, Sánchez ha querido recordar que PP y PSOE “no son iguales”. “Cuenten los exministros del Partido Popular condenados por corrupción y cuenten los míos”, ha zanjado el responsable del Ejecutivo.

Los bulos y las desinformaciones que se han difundido sobre Begoña Gómez comenzaron a circular desde que su pareja, Pedro Sánchez, llegó a La Moncloa, en 2018. Una de las desinformaciones más recurrentes se centra en que en realidad “es un hombre” y se dirigen a Begoña Gómez como “Begoño”.

La investigación a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, entró el miércoles en una segunda fase al marcar los jueces de la Audiencia Provincial hasta donde alcanza la denuncia de Manos Limpias para investigar. Y de todos los supuestos indicios presentados por el pseudosindicato solo se salvan las dos copias de una carta-tipo en la que Begoña Gómez estampó su firma recomendando a una UTE de empresas que finalmente consiguieron dos contratos públicos.

Google ha iniciado una investigación interna para intentar aclarar el efecto que ha tenido -y puede tener- sobre la compañía el asunto relacionado con la ayuda que se prestó desde la filial española de la multinacional al Máster de Transformación Social Competitiva, co-dirigido por Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno.

Lo que parece una resolución externa que respaldaría las tesis de Peinado y la derecha política, centrada en convertir a Begoña Gómez en piedra angular sobre la que cimentar la caída del líder del Ejecutivo, vuelven a figurar nombres conocidos que sembrarían de dudas un proceso en el que jueces conservadores ligados al PP aparecen recurrentemente.

El gobierno castellanoleonés solicitó los servicios de una de las compañías del protagonista de estas líneas por valor de unos 11.565 euros, según se desprende del Informe de la UCO. Se trata de BARRABÉS SKI MONTAÑA SLU, una firma relacionada con la venta de material de montaña y escalada que, en el ejemplo concreto que concierne, concedió material de protección individual a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, capitaneada en la región por los populares. Dicha adjudicación se formalizó en marzo de 2023.

¡Qué escándalo, Begoña Gómez tiene la condición de investigada desde hace un mes! Se trata de una más de una serie de manipulaciones destinadas a sembrar dudas sobre la honestidad de la mujer del presidente del Gobierno sin la mínima base fáctica

El informe de la UCO confirma que el empresario al que señalan los ‘populares’ formalizó contratos con entidades de diferente color político, también del PP, y públicas, así como con organismos como el Ejército -concretamente la Unidad Militar de Emergencia (UME)-, la Guardia Civil e incluso Casa Real.

El resurgir de Manos Limpias como falso sindicato dedicado a presentar querellas ocurre después de que un juez de Madrid, Juan Carlos Peinado, decidiera abrir una investigación a partir de una de ellas. En este caso se trataba de unas pocas páginas que reproducían informaciones de varios medios –incluido un bulo– sobre actuaciones de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, en las que se le acusaba de haber influido en adjudicaciones de dinero público. Peinado no consultó a la Fiscalía, abrió una causa y otorgó a Gómez la condición de i

Esa es la actitud del Partido Popular después de enterarse de que el informe de la UCO en el juzgado que investiga a Begoña Gómez no ha encontrado ni una brizna de apariencia de delito en sus relaciones profesionales conocidas. Me paso por ahí lo que diga la unidad policial a la que el juez Juan Carlos Peinado pidió un informe en el caso que ha decidido abrir en su juzgado. Yo me he subido al caballo de la esposa del presidente y no voy a bajarme de ahí. Todas mis esperanzas de la campaña electoral de las europeas están puestas en el juez.

Fue la propia Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la que advirtió al titular del Juzgado número 41 de Madrid -- a cargo de las diligencias contra Begoña Gómez-- de que se había producido una filtración importante. La causa permanecía secreta, así que el acceso a los archivos era restringido al Ministerio del Interior, el propio juez Juan Carlos Peinado y el fiscal del caso.

La Audiencia Provincial de Madrid ha dado luz verde a la investigación a Begoña Gómez tras la denuncia de Manos Limpias. El tribunal compuesto por tres magistrados ha rechazado el recurso que la Fiscalía interpuso contra la apertura de diligencias aunque sí obliga al instructor a levantar el secreto del sumario y reprocha el “carácter genérico” de su primer oficio pidiendo información a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.