La IGAE detecta el mismo procedimiento de adjudicación supuestamente fraudulento en los contratos concedidos a un donante a la caja b del PP, consistente en bajas temerarias en la adjudicación y sobrecostes posteriores de hasta el 40% en las adjudicaciones públicas. En apariencia, todo era legal y los contratos eran concedidos por concurso público a la oferta del constructor García Pozuelo, siempre más barata. Pero esas ofertas rozaban la "baja temeraria" y una vez adjudicado, se producían modificados al alza de hasta el 19,9 por ciento porque…

"A partir de ahora el tema de las coberturas para los concursos hay que hacerlas muy bien, vamos, como si fuéramos a ganar…". "Intercambio de favores. Me puedes ayudar para este? Puedo dar tu nombre?". Son extractos de los correos electrónicos que se cruzaban los miembros de los dos cárteles formados por 22 consultoras, entre ellas algunas de las principales firmas del sector, que ha desarticulado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, incorporado el 15 de febrero al sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por la caja b del PP, confirma la operativa seguida presuntamente por la formación conservadora para adjudicar contratos públicos a los empresarios que hacían donaciones irregulares al partido y el papel que el extesorero Luis Bárcenas jugó en ello.

Nuevas pruebas de calado en la causa por la caja 'B' del Partido Popular. La UDEF ha remitido un informe a la Audiencia Nacional en el que alerta de pagos supuestamente opacos al partido provenientes de la sociedad Degrémont coincidiendo en tiempo con algunas adjudicaciones que están bajo la lupa de la Audiencia Nacional. En concreto, se refieren a la licitación de un contrato de suministro por parte del Canal de Isabel II por un importe de 6,9 millones de euros y que se habría conseguido, según exponen, siguiendo una dinámica de entregas.

Según una denuncia presentada por ACODAP, Carlos Lesmes habría dado instrucciones para “amañar” los juicios por los que ha sido condenado ilegalmente el juez Presencia. Según la denuncia, el todavía presidente provisional del CGPJ justifica por escrito las represalias ilegales con el asombroso argumento de que “no es legítimo que los jueces decanos denuncien la corrupción de sus propios compañeros de carrera.”