La ley de amnistía tiene efectos incluso antes de su entrada en vigor. El juzgado de lo penal 2 de Girona ha suspendido el juicio contra cuatro independentistas acusados de desórdenes públicos, previsto para los próximos 12 y 13 de diciembre, al concluir que los altercados estarían amnistiados, lo que haría “inútil” la celebración de la vista oral. Se trata del primer juicio que se pospone por la norma. El juicio versaba sobre los incidentes ocurridos en la estación del AVE de Girona en 2018 en una protesta independentista.

El Procés volverá a Cataluña... y veremos si no regresa ETA a Euskadi. Desde luego, estos vientos pueden traer aquellas tempestades.

En el preámbulo del texto firmado por Santos Cerdán y Jordi Turull, se traza un recorrido histórico que va desde la guerra de sucesión española hasta la actualidad.

El rapero, en prisión desde 2021, ha reprochadoa a ERC y Junts "fingir interés" en su caso

El informe plantea como alternativa la celebración de unas elecciones plebiscitarias o un simple acuerdo entre los parlamentos de Cataluña y España

El juicio al proceso soberanista lanzó a la fama al abogado Melero (Xavier, cuando habla en catalán; Javier, cuando habla en castellano), defensor de Joaquim Forn i Meritxell Borràs, el único que optó por la defensa técnica y no política, aunque él rechaza esta distinción. Participó, hacia 2003, en las primeras reuniones en el restaurante El Taxidermista que culminaron con la fundación de Ciutadans (Cs).

El 26 de octubre del 2017, cuando Carles Puigdemont aún mantenía el propósito de convocar elecciones al Parlament para evitar la activación del artículo 155 de la Constitución, Gabriel Rufián le arrojó 155 monedas de plata a través de Twitter. Le hizo un bizum. Rufián, que es ágil con el teclado, le llamó “traidor” en un momento de altísima tensión. Puigdemont, que esos días se mantenía en permanente comunicación con el lehendakari Íñigo Urkullu, a su vez en contacto con Mariano Rajoy, se echó para atrás. No reculó a la primera, sin embargo.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos pregunta a España si el Supremo hizo una interpretación extensiva del delito de sedición

El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León registró ayer una Proposición no de Ley por la que pretende instar a la Junta para que inste al Gobierno en funciones a rechazar toda negociación con los partidos políticos y grupos parlamentarios que exijan la concesión de un indulto general o amnistía a los condenados o procesados por los hechos sucedidos en Cataluña durante el denominado ‘procés’ a cambio de su apoyo parlamentario a una eventual investidura.

Créanme si les digo que no hay nada que desee más que se acabe por fin todo el conjunto de disparates jurídicos, y algunos sociales, derivados de los hechos de 2017. Es claramente una anomalía que unos políticos fueran condenados a penas gravísimas por organizar un referéndum ilegal de independencia cuyo resultado no pretendieron implementar jamás. Aún más anómalo es que haya tantos ciudadanos con una amenaza penal a sus espaldas, y que algunos que todavía estén en el extranjero por temor a esas penas desproporcionadas.

En primer lugar, el Tribunal Constitucional ya nos ha dicho (STC 147/1986, de 25 de noviembre) que la amnistía es una «operación excepcional», es decir, algo que cabe en nuestro ordenamiento si concurren circunstancias extraordinarias. Habría que hilar muy fino para encontrar un fundamento razonable que justifique que no sean juzgados o se cumpla condena por ellos y sí se juzgue y, en su caso, se condene a quien participó en desórdenes similares en el contexto de un desahucio o de un conflicto laboral en una época de grave crisis económica