1. Llamas a varias inmobiliarias porque has encontrado un piso de alquiler, y todas te dicen que tienes que pagarles honorarios, aunque sea ilegal. Esto le está pasando a mucha gente. Breve hilo con consejos sobre qué hacer.

La Justicia confirma la sentencia emitida en contra de dos trabajadores de una empresa llamada Bastión Desokupación. Vicente es uno de los condenados por un delito leve de lesiones, acumula otra condena por un delito leve de coacciones y está denunciado por otro intento de desocupación en un domicilio del barrio de Arganzuela (Madrid). Tras desvincularse de esa compañía, describe así los métodos de trabajo de la empresa: “Se cogen tres machacas y se van sin papeles a desocupar”.

El alto tribunal da la razón a la Comunidad de Madrid frente a una pareja con tres menores a su cargo que no pudo pagar el alquiler, después de que Encasa Cibeles comprara miles de viviendas sociales al gobierno regional. El alto tribunal fija jurisprudencia y establece que cuando te toca por sorteo una vivienda de protección, la administración no te reconoce "un derecho abstracto e indefinido a tener una vivienda pública en arrendamiento con opción a compra".

la fundación Apip-Acam nos propuso alquilar el piso a una familia de refugiados sirios, asegurándonos en todo momento que ellos iban a responder ante cualquier incidencia que hubiera", añade. Asegura que "al cabo de un año" esa familia siria "dejó de pagar el alquiler de 650 euros" y la fundación Apic-Acam se desentendió por completo: "Dejaron a esa familia a su suerte y por extensión a nosotros. Nos dicen que ya están fuera del programa y se desentienden totalmente".

La aplicación genera un "pasaporte" para los demandantes de alquiler basado en la tecnología de la identidad y reputación digital, a través de la cual se genera un perfil del usuario basado en la verificación de su identidad (datos personales, profesión, etc.); el rastro y reputación online que pueda tener en otras plataformas o redes sociales; un análisis de sus intereses, comportamiento y preferencias y un análisis y verificación de su solvencia financiera.

Se conoce como inquiokupación cuando una persona que tiene pensado usurpar una vivienda, firma un contrato de arrendamiento y, tras el primer o segundo mes, deja de pagar la renta, sin abandonar el inmueble en ningún momento, convirtiéndose así en okupa de la propiedad. Algunos de los perjudicados llevan cuatro años con sus viviendas okupadas de facto, sin que los tribunales desalojen a sus inquilinos. Ni siquiera figuran en las estadísticas de ocupación porque legalmente lo que sufren es un impago.

Su piso está vacío, pero Isabel no puede abrir la puerta para entrar en él porque su inquilino moroso, que le debe más de 6.000 euros, no le ha devuelto las llaves. Puede parecer una broma, pero la ley le impide recuperar su piso hasta que el inquilino haya firmado su renuncia o lo dictamine un juez. Y, de momento, ni el juez se ha pronunciado ni su inquilino da señales de vida: se ha marchado sin decir nada, dejando diez mensualidades de 600 euros sin pagar.

Si las CCAA concluyen que, unidas las circunstancias de pobreza de los afectados, a la capacidad de aguante económico del propietario, al hecho a que no hay ayudas disponibles para los inquilinos, pueden negarse a permitir la salida de ellos. Es más, la norma, en ningún momento señala que el propietario en estos casos tenga derecho a una indemnización pública.

Feijóo aboga por reducir el tiempo para "desocupar" una vivienda a 24 horas: "De entrada, hay que desalojarle de la vivienda y posteriormente, si cree que tiene algún derecho, que lo dilucide, pero la carga de la prueba se ha de invertir"

El Consejo de Ministros del martes aprobará un plan para movilizar hasta 50.000 viviendas de la Sareb, conocida como el banco malo, para alquiler asequible. Pero ha recordado que sus inquilinos deberán convivir con el banquero malo. «Son banqueros malos, pero esto no quiere decir que sean malos compañeros de piso», argumenta el Gobierno, que se limita a ofrecer recomendaciones básicas a los futuros inquilinos, como por ejemplo «ponerle un candado a la nevera y controlar el dinero en efectivo».

Durante los últimos años la situación de la vivienda no ha dejado de empeorar en España, sobre todo en las grandes ciudades. Las personas que viven de alquiler no paran de ver como suben los precios y las tasas de emancipación se desploman entre la juventud. Por todo ello, han proliferado los sindicatos de inquilinos que buscan protegerse de los abusos de la especulación. Estos cada vez reciben más afiliados buscando ayuda. En Madrid, han decidido pasar a la ofensiva para cambiar la situación.

La resolución se conversó ayer en un almuerzo entre Alberto Fernández y Sergio Massa. La normativa, sancionada en junio de 2020, terminó siendo perjudicial para inquilinos y propietarios y afectó severamente al mercado inmobiliario

El recurso de los propietarios particulares a la necesidad de recuperar la vivienda para su uso por un familiar se dispara en el último año, coincidente con el tope del 2% a las actualizaciones de contrato. No se trata de casos aislados. Miles de caseros están buscando la forma de recuperar el control sobre sus casas ante el tope a las actualizaciones de contrato y la prórroga obligatoria por seis meses para los que venzan antes del 30 de junio fijadas por el Gobierno.

Tenía al menos 120 ejemplares entre emúes, agapornis, perros, gallinas, tortugas, palomas y pájaros. Una mujer que poseía al menos 120 animales de diferentes especies en el chalé en el que vivía con su pareja, en Cala en Porter, fue desahuciada el pasado viernes en cumplimiento de una sentencia judicial. El levantamiento se produjo después del proceso iniciado a raíz del impago de la renta mensual desde hace aproximadamente 20 meses.

La renta media anual de los hogares que reciben ingresos por alquiler es de 46.725 € anuales, según datos extraídos de la Encuesta de Condiciones de Vida. La renta media anual de los hogares inquilinos es de 22.183 €, menos de la mitad. Los autores reconocen que los datos de esta encuesta no son perfectos... y que la desigualdad real podría ser mucho más acentuada. Con los datos disponibles, se concluye que los caseros son una minoría (3-9% hogares) relativamente acaudalada de la población y que la figura del 'casero vulnerable' es residual".

Una sentencia emplaza al banco malo a llevar a cabo las reparaciones urgentes a las que le obligó el Ayuntamiento por el mal estado del bloque donde viven seis familias con rentas antiguas. A pesar de que el Ayuntamiento los instó en repetidas ocasiones a que acometiesen las reformas necesarias para evitar peligros, la Sareb se negó. Eso le valió multas trimestrales de entre mil y 10.000 euros desde entonces. Trató en varias ocasiones de declarar como ruinas cada uno de los edificios y pidió paralizaciones cautelares de los expedientes.

La usuaria de Twitter @andrealdana ha publicado en la red la situación que sufre después de que su casera le informase de la desproporcionada subida de alquiler (de 950 a 1.800 euros mensuales), además de amenazarla con perjudicar su condición legal, ya que todavía no está viviendo regularmente en España. Andrea Aldana es "latina", no tiene permiso de trabajo y lleva un año y medio a la espera de "protección internacional", una ayuda solicitada por aquellas personas que viven fuera de su país porque su vida en él corre peligro.

La inquilina de uno de los 13.000 inmuebles que Azora gestiona en España ha ganado la batalla al fondo de inversión en los tribunales. El juzgado de primera instancia número 31 de Barcelona ha declarado nulas por considerarlas abusivas varias de las cláusulas que el grupo incorporó en los contratos de alquiler. Relacionada: www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/arranca-primer-juicio-fondo-buit

Cada vez hay más inquilinos que deben revisarse de nuevo el contrato con lupa, porque los propietarios los llaman para activar una cláusula que, cuando firmaron, no tenía importancia, porque no había inflación. Es la de la actualización del alquiler con el IPC. Aunque esta actualización en base al IPC está limitada al 2%, una medida que se alargará hasta el 31 de diciembre del próximo año, algunos propietarios se lo intentan saltar con subidas incluso del 10% . En algunos casos, para el aumento del precio se alega precisamente la cláusula del

EL sindicato de inquilinas de Madrid detiene un desahucio perteneciente a una orden religiosa en el centro de Madrid.