“Esta actitud constituye una presión intolerable que coarta la libertad de prensa y atenta contra el derecho a la información veraz de los ciudadanos que consagra la Constitución”, afirman ambas organizaciones en un comunicado conjunto. La FAPE y la APM “exigen a Rodríguez que rectifique en el marco de la relación de respeto que debe primar entre políticos y periodistas” y han puesto a disposición de elDiario.es sus servicios jurídicos.

Tras aquella publicación, los magistrados ya presentaron una denuncia conjunta en el juzgado de guardia de Barcelona en la que se pedía la apertura de una investigación para aclarar quién accedió a las bases de datos del DNI y facilitó las imágenes a ese medio de comunicación. Un proceso judicial que se archivó en España pero que terminó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado febrero criticó el abuso que supone el alto número de funcionarios de la Administración Pública que siguen siendo interinos, e instó a hacerlos fijos, pero el ministro de Función Pública, José Luís Escrivá, pidió esperar a que los tribunales españoles interpretaran la directiva.

Los jueces Marchena (Queco Novell) y García-Castellón (Cesc Casanovas) se revolucionan ante la inminente ley de amnistía al ritmo de Revolting Children de Matilda.

Barcelona no tiene más delincuencia que otras ciudades turísticas; lo que hay es un embotellamiento en los juzgados para resolver los hurtos y robos: faltan recursos, materiales y de personal, y al menos 6 juzgados de lo penal más para juzgar y ejecutar las condenas, especialmente a los multirreincidentes.

Un grupo de personalidades del mundo de la cultura, la judicatura y el periodismo han mostrado en un video su apoyo al periodista Pablo González, detenido en Polonia y en prisión provisional desde hace casi dos años, sin que se haya celebrado juicio alguno, y sin ningún tipo de prueba, cuando cubría el éxodo de personas refugiadas al comienzo de la guerra de Ucrania.

El magistrado reconoció en una charla en octubre que había engañado a sus colegas franceses a principios de los 2000. Ahora plantea una maniobra similar con Suiza para hacer pasar como definitivo un informe que no lo es para avanzar en la causa de Tsunami. Tras la mentira de García Castellón, el juez busca ahora una maniobra similar con Suiza. Ahora es para tratar de afianzar sus acusaciones contra Marta Rovira. García Castellón recibió un revés del país helvético, que ya ha cuestionado la investigación por su posible carácter político.

Los polémicos argumentos orales de la Corte Suprema de Estados Unidos de esta semana ofrecieron un recordatorio de que si bien el público se centra en los casos electorales de Donald Trump, las acciones de la corte esta primavera boreal tendrán igualmente consecuencias para una serie de reglas establecidas en Washington que rigen la vida estadounidense. En los últimos años, los jueces de la Corte Suprema han invalidado normas sobre emisiones de centrales eléctricas, condonación de préstamos estudiantiles y precauciones contra el covid-19.

A día de hoy, la anulación de la inmunidad parlamentaria de Carles Puigdemont es la única victoria de los tribunales nacionales frente a las decisiones que desde Alemania, Escocia o Italia han cuestionado los frentes internacionales del proceso judicial. Varias incógnitas sobrevuelan el final de todas esas ramificaciones del procés: la acusación por terrorismo contra Puigdemont, su extradición y la ley de amnistía.

En España, ni jueces ni fiscales son elegidos democráticamente. No representan a nadie más que a su buen hacer profesional, suscrito con la superación de unas duras oposiciones al cargo. Son funcionarios de alto rango, gozan de una elevada reverencia social y una autoridad muy exclusiva. Pero a algunos debe parecerles poco y pretenden vetar leyes y forzar cambios de gobierno. Es a lo que estamos asistiendo en las últimas semanas con los pasos procesales de determinados fiscales y magistrados en torno a la Ley de Amnistía. Ya no basta con el j

David Trueba entrevista al cineasta en 'Un día en Nueva York con Woody Allen', que Movistar Plus+ estrena este viernes. Hastiado siempre de responder sobre su situación legal, Woody Allen quedó tan satisfecho de la entrevista que permitió a Trueba curiosear por sus oficinas en Manhattan.

La Comisión de Ética Judicial, que integran seis miembros de la Carrera elegidos directamente por los jueces y magistrados españoles, valida las manifestaciones que se produjeron el pasado mes de noviembre, cuando se estaba ultimando el acuerdo de investidura y se hablaba del proyecto de ley de amnistía y lawfare. Les insta, no obstante, a hacer "una reflexión profunda y sincera para dirimir si su participación en ese tipo de actos obedece a esa razón profunda y no a su personal sintonía o antipatía con una ideología política".

Julio Ariza me preguntó que cómo era posible que ningún juez o fiscal de este país hubiese denunciado lo sucedido. La respuesta que di a esta pregunta, fue que si ni jueces ni fiscales habían denunciado estos hechos, era porque éstos, al igual que los políticos que redactaron y aprobaron estos protocolos, trabajan para los mismos que orquestaron el que a fin de cuentas resulto ser el gerontocidio de la primavera del 2020.

Según las fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press, la declaración propuesta por los vocales conservadores instaba directamente a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, a evitar “críticas desmedidas” de los parlamentarios a jueces y magistrados, al tiempo que llamaba al Gobierno a la “contención”, todo ello para “no socavar la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.

Los últimos autos del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, sobre la plataforma independentista Tsunami Democrátic han salpicado de lleno la tramitación de la ley de amnistía y sus enmiendas.