Uno de los episodios más tenebrosos de los últimos tiempos políticos en el Estado español fue la detención y encarcelamiento de los titiriteros Alfonso Lázaro y Raúl García durante el pasado carnaval madrileño. Privar de libertad a alguien, sumirlo en esa oscuridad psicológica, despojarlo del derecho fundamental a la libre circulación, solo puede responder al derecho superior de la sociedad en su conjunto a no verse en peligro: el estado de Derecho vela por la seguridad común.

Carta de María Luz Pérez, madre de Raúl García, uno de los titiriteros detenidos por enaltecimiento del terrorismo, a Jorge Fernández Díaz. "Sé que el tratamiento con el que encabezo esta carta no es protocolariamente correcto. Debiera haberme referido a usted usando el tratamiento de Excelentísimo Señor, de acuerdo al cargo que ostenta. Sin embargo, ese tratamiento implicaría tenerle en la consideración de una persona excepcional (como, además, correspondería al desempeño de su cargo) y, en mi opinión no merece usted tal calificativo."

Los padres de niños presentes en el espectáculo comparecen como testigos en la Audiencia Nacional para asegurar que se llevaron a sus hijos tras ver escenas violentas, pero han reconocido que no llegaron a ver la pancarta controvertida en la que podía leerse 'Gora Alka-ETA'.

Instituciones Penitenciarias incluyó a Raúl García y Alfonso Lázaro en el fichero de presos de "bandas armadas" a propuesta del director de Soto del Real. Alegó que los artistas podrían seguir las "directrices consignadas" por su organización para secundar protestas o incumplir las normas. La defensa solicita al juez de Vigilancia Penitenciaria que anule la medida porque sus nombres han quedado alojados en el FIES tras su libertad