El ministerio público reclama a la juez que cite a declarar como imputados a varios excargos políticos del PP, así como a los empresarios José Alfonso Nebrera, Ramón Jiménez Serrano y Cristóbal González Wiedmaier, directivos del grupo de Florentino Pérez."Desde la recepción provisional y puesta en marcha de la desaladora de Escombreras en abril de 2009, se ha mostrado como una fuente de gastos imponentes para el Gobierno de la Región de Murcia que se mantiene nueve años después;se planifico todo un esquema de contratos y sociedades constituid

Los querellados son el es exconsejero Antonio Cerdá de Murcia, como Presidente del Consejo de Administración del Ente Público del Agua. Junto a él, están varios altos cargos de este ente público entre los que se encuentran el que fue gerente y el actual presidente de la CHS, Miguel Ángel Ródenas, junto a cinco personas más.

La magistrada llama a declarar como investigado a Eugenio Llorente Gómez y advierte de que el curso de la investigación "irá delimitando el tipo de la intervención" del también ejecutivo del Grupo ACS José Alfonso Nebrera García. La planta fue creada con capital privado, pero con el propósito inicial de transformarla en empresa pública: "Asumiendo así el Erario Público todas las operaciones millonarias". Ante el incumplimiento del contrato, las empresas de ACS interpusieron una demanda por el total de 600 millones de euros que debían cobrar..

Quizás algún día España debería hacer un análisis económico sobre cuánto le ha costado a cada ciudadano la pérfida existencia de Florentino Pérez. No es que nos toque pagar los rescates, es que, además, lo hacemos con intereses brutales.

Abengoa, en consorcio con Fisia Italiampianti, ha sido seleccionada por la empresa de operación de plantas de generación de energía y de producción de agua desalada Acwa Power para desarrollar la mayor planta desaladora del mundo. Esta será capaz de realizar ósmosis inversa (una tecnología de purificación del agua que utiliza una membrana semipermeable para eliminar iones, moléculas, y partículas más grandes del agua potable) en el complejo de Shuaiba III, localizado en Arabia Saudí.

La comisión que investiga la construcción y puesta en marcha de la desaladora de Escombreras en la Asamblea Regional ha concluido este miércoles que dicha infraestructura se hizo para recalificar hasta 180 millones de metros cuadrados y construir más de 300.000 viviendas "y así cambiar el modelo socioeconómico de la Región".

Podemos registra en la Asamblea sus conclusiones sobre la desaladora de Escombreras, un caso en el que se suceden las irregularidades y cuyo recorrido judicial es aún incierto. Un informe parlamentario recopila las frenéticas jornadas de hace 10 años donde se fijaron todos los contratos que han causado los graves problemas financieros de Múrcia con esta infraestructura.

La orden se produce después de que dos bomberos fueran hospitalizados por sufrir una intoxicación de botulismo al ingerir una comida compuesta por estos dos productos.

Un extrabajador de la desaladora de Escombreras ha afirmado ante agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) que el medidor de arsénico en la desalinizadora fue manipulado de forma voluntaria durante años al objeto de ofrecer de manera constante el mismo dato.

En sólo 24 días, el Gobierno de Murcia y empresas del grupo ACS, que preside Florentino Pérez, organizaron la trama empresarial necesaria para construir y, supuestamente, poner a funcionar la desaladora de Escombreras (Cartagena) que habría de dar servicio a futuras grandes urbanizaciones turísticas que serían construidos en 182 millones de metros cuadrados que recalificarían en 26 municipios murcianos bajo control del Partido Popular.

Se trata de un proyecto que sigue el mismo diseño que el de la plataforma Castor, también de una empresa de ACS, según está revelando la comisión de investigación del parlamento regional a las operaciones del Gobierno del PP con Ramón Luis Valcárcel.

En los pasillos de la Asamblea de la Región de Murcia ya se comenta si no será el caso 'desaladora' quien acabe con el expresidente imputado tras varios intentos frustrados.La desaladora de Escombreras acorrala al expresidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, después de que esta misma semana el juzgado de instrucción número 5 de Murcia ordenara el registro de la planta y un día después, del ayuntamiento de Cartagena, en cuya área da servicio esta planta construida por ACS.

El secretario general de Podemos en la Región de Murcia, Óscar Urralburu, ha dicho que la operación policial muestra que el modelo de gestión de la planta “va en contra del interés público” y que el contrato de arrendamiento entre el Gobierno regional y el grupo ACS es “ilegal”.

La Brigada Provincial de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía se encuentra desde primera hora de esta mañana registrando las instalaciones de la planta desalinizadora de Escombreras, que actualmente se encuentra en funcionamiento, a instancias del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, cuyas actuaciones ha declarado secretas.

“Lo único que busca el equipo de gobierno del PP es que los vecinos adelanten, con la subida de tarifas de agua y alcantarillado, la inversión que tiene que hacer la empresa adjudicataria”, lamenta García. Así mismo, el PSOE ha querido recordar al equipo de gobierno del PP que “este proceso no puede llevarse a cabo ya que la subida de tarifas vienen ya establecidas en el pliego de adjudicación de 1.994, la postura del Grupo Socialista ha sido apoyada por el resto de grupos de la oposición.

Una ‘mordida’ para agilizar el cobro de los trabajos en la desaladora de Escombreras. El empresario Jesús G. F. asegura que abonó 20.000 euros en comisiones ilegales durante cinco años a un responsable de la firma encargada del mantenimiento de la instalación, Tedagua, del Grupo ACS, según informa El País.

Francisco Correa mencionaba las desaladoras y potabilizadoras entre los proyectos donde buscaba comisiones. El aún diputado Gómez de la Serna también hizo negocio con ellas y Aznar intentó vendérselas a Gadafi. Como en el caso Acuamed, la gestión de obras hidráulicas se vuelve opaca al interponerse empresas estatales y estar impulsadas bajo el paraguas del interés general.

La empresa pública Acuamed adjudicaba de forma irregular los proyectos en los que se han descubierto los millonarios sobrecostes sin justificarAnticorrupción y Guardia Civil sitúan en el centro de la trama a un alto cargo de Medio Ambiente, el director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto. El plan está ejecutado en más de un 90%, según la memoria de Acuamed, y ha sido objeto de una fuerte fi