El texto, anunciado por el portavoz en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha sido firmado por 50 senadores socialistas con el fin de "impedir que Ayuso elimine todos los instrumentos de control y transparencia que fiscalizan sus actuaciones"

Los tribunales rechazan los recursos de la Comunidad de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas, el currículo de bachillerato y el plan de choque de ahorro energético y tumban una normativa regional sobre eutanasia

El Ejecutivo autonómico del PP en Madrid consideró que se habían impuesto medidas de forma "arbitraria, autoritaria y contra los comercios”, si bien el órgano de garantías avala ahora que se utilizara la fórmula del Real Decreto por existir razones de "urgente necesidad". De este modo, no le tacha de inconstitucionalidad en la actuación del Gobierno central.

Dice que la decisión del TS de ordenar repetir su juicio por reconstruir Bateragune resultaba "un gravamen excesivo" en el que se perdía la finalidad de reparar sus derechos fundamentales. El Constitucional afirma que el Supremo ofreció "argumentos insuficientes" para respaldar su decisión, por lo que aprecia "una desproporción manifiesta entre la decisión adoptada de repetir el enjuiciamiento, cuando ya estaban cumplidas las penas, y la necesidad de reparar el daño". Explica que el interés del Estado en la condena "agotó sus efectos prácticos…

Un presunto testaferro del expresidente de la Generalitat de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana ha citado a un magistrado del Tribunal Constitucional como testigo, en el juicio por el caso Erial. Un juicio en el que el exministro de Trabajo se enfrenta a diecinueve años de prisión por el presunto cobro de mordidas en la adjudicación de la Inspección técnica de vehículos (ITV) y el Plan Eólico. Sus dos supuestos testaferros afrontan una pena de ocho años de cárcel.

Según la visión de la derecha española, es el partido en el poder político quien manda en los jueces, cuando la realidad es que el Consejo General del Poder Judicial lleva cinco años sin renovarse porque el Partido Popular tiene mayoría en él. El Tribunal Constitucional, hasta hace unos días con mayoría conservadora, es ahora ilegítimo porque sus sentencias ya no se deciden desde la calle Génova, y poner en duda las decisiones de juez García Castellón, persona muy vinculada al PP que actúa de forma un tanto...

La decisión de "los nueve sabios" excluye las medidas más duras que había impuesto la derecha en el Parlamento.

"Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación". Y añade: "Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en los términos que establezcan las leyes. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad."

La portavoz adjunta del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha denunciado este miércoles “una estrategia grosera e inútil de deslegitimación preventiva” de los jueces protagonizada por el Gobierno de coalición y los grupos que lo apoyan. Todo después de que el vicesecretario de Institucional del partido, Esteban González Pons, dijera ayer mismo que “el cáncer del Estado de Derecho en España se llama Tribunal Constitucional”.

El vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, ha arremetido este martes contra el Tribunal Constitucional (TC), al que ha acusado de ser "el cáncer del Estado de derecho". "El Tribunal Constitucional español está contaminado políticamente, interfiere o sustituye el trabajo del poder judicial", ha señalado González Pons, que ha acusado al TC de usurpar las funciones del Tribunal Supremo y del poder judicial.

Fue una sentencia histórica: 11 miembros del TC resultaron condenados como responsables de una negligencia al no motivar la inadmisión de un recurso de amparo. El Constitucional esperó 10 años a que los condenados ya no estuvieran en el tribunal para ampararlos.

Los cuatro magistrados conservadores del Tribunal Constitucional se han desmarcado de la reciente sentencia que dio la razón al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez. "Es inadmisible en términos constitucionales", critican en su voto particular, al que ha tenido acceso El Confidencial. "Es la primera vez que una sentencia del Tribunal Constitucional modifica la pena que debe imponerse a un condenado y considera que la pena impuesta es la de multa y no la de prisión, y lo hace además no solo sin sustento alguno argumental....

Feijóo ha iniciado una guerra sin cuartel contra el Constitucional, restándole legitimidad a sus decisiones, ahora que el PP no cuenta con una mayoría afín en el tribunal de garantías. "El Constitucional está, de forma consciente e intencionada, mandando un mensaje al Supremo", que es ahora "un tribunal de instancia", aseguró esta semana. También ha dicho que las sentencias del Constitucional son "inauditas", provocan una "inseguridad" jurídica de los ciudadanos "y, por supuesto, inseguridad de mi formación política".

La entidad presidida, como sucesora de Banco Popular, debe asumir la sanción de un millón de euros impuesta por Sepblac en 2017, tras detectar deficiencias en la comunicación de transacciones consideradas sospechosas.

Declara inconstitucional los topes a la compensación de las bases negativas, pero no será retroactivo.

El Tribunal Constitucional (TC) ha adoptado esta semana dos sentencias de calado, en los casos del ex diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez y el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que enmiendan las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo (TS) en ambos asuntos, algo que ha generado malestar en esta sede judicial al considerar que la corte de garantías se ha extralimitado en sus funciones invadiendo las del TS. El objeto de la polémica es, por un lado, la decisión del Pleno del TC de anular la condena que...

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado amparar al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y ha rechazado repetir el juicio por el caso Bateragune, sobre el intento de reconstruir Batasuna, contra el dirigente abertzale y otros cuatro condenados. La decisión se ha tomado con los siete votos de la mayoría progresista y cuatro en contra de los conservadores.