El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha salido este lunes en defensa de los dos responsables de la Fiscalía de Madrid denunciados por supuesta revelación de secretos por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por un fraude fiscal de 350.000 euros. El empresario acusa tanto a la fiscal jefe de Madrid como al fiscal que le investigó y denunció de haber difundido a través de un comunicado datos confidenciales sobre los correos en los que su defensa, en busca de un acuerdo, reconoció varios delitos.

Una trama de corrupción de mascarillas señala al que fue ministro de Transportes durante la pandemia, Jose Luis Ábalos, y a la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, en el peor momento: Pedro Sánchez lidia con este caso a la vez que trata de salvar la legislatura con los independentistas y la ley de amnistía

Reclamará durante el juicio oral por la caja b del PP de Madrid que tanto Esperanza Aguirre como el también expresidente madrileño, Ignacio González, sean considerados partícipes a título lucrativo y abonen 26.000 y 28.293 euros, respectivamente, por recibir trabajos reputacionales personales en redes, abonados por el partido con supuesto dinero ilícito.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juzgado de Asturias que investiga el “caso Hulla” por el presunto desvío de fondos públicos en la construcción de una residencia geriátrica ubicada en la localidad de Felechosa, en el municipio asturiano de Aller, que, entre otras medidas, mantenga el embargo del capital presuntamente desviado por el exlíder minero asturiano José Ángel Fernández Villa.

Del juez Juan José Escalonilla no hay fotos, pero no es difícil encontrar decenas de titulares con su nombre. En los últimos años, este togado se tornó en mediático por iniciar hasta diez ramificaciones distintas de la investigación 'Neurona' sobre la supuesta corrupción en Podemos. Todas ellas terminaron archivadas. Ahora, Escalonilla deja su destino al frente del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid para ascender por concurso a la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid

El letrado mayor del Senado lo ha rechazado ya que indica indica que la petición de información relativa a una "presunta organización criminal directamente vinculada con el Gobierno que dirige don Pedro Sánchez Pérez-Castejón" excede el ámbito de la comisión.

El amigo de la infancia y supuesto testaferro de Zaplana declara hoy en el juicio por el caso Erial

Los agentes siguieron al asesor de Ábalos hasta la sede del Centro de Estudios Políticos Globalización y Relaciones Internacionales (CEPGRI), donde entró con Jacobo Pombo.El informe de la Guardia Civil sobre el caso Koldo, aporta más detalles sobre las conexiones de la trama corrupta, no solo con el Gobierno del PSOE, sino con el Partido Popular. Según el atestado, del análisis del extracto anterior se observa que, según Juan Carlos Cueto (uno de los empresarios implicados en el cobro de comisiones por la compraventa de mascarillas en lo peor d

Los Servicios Informativos de la televisión pública de Canarias han puesto en el foco que se silenciara al colaborador Paco Pomares por “órdenes de dirección”. cuando el tertuliano Paco Pomares hizo alusión en directo a la denuncia de la Fiscalía a Miguel Ángel Ramírez y tres empresarios más por fraude en la compra de mascarillas durante la pandemia. Lo que exponen es que en ese mismo momento la presentadora pidió al colaborador “ceñirse al tema” que se estaba debatiendo en ese momento, el caso Koldo. Sin embargo, Pomares quiso seguir ahondand

Un episodio más del bautizado como Caso espías que salpica al PP de Madrid y en el que aparece subrayado en rojo un nombre: el de Alberto González. En esta entrega, las voces denunciantes acusan al hoy concejal del Ayuntamiento de estafar a afiliados, teniendo estos que sufragarle gastos en lo personal y en lo profesional. Así, alcohol, tabaco, jamón o embutido son algunos de los pagos que la persona presuntamente implicada en la trama habría evitado.

El tribunal especial se agarra a un error formal de un investigado, que permitió subsanar en otros casos, para no valorar las opiniones del juez contra la amnistía, y tiene pendiente analizar la errata con el plazo de instrucción denunciada por las defensas. La única esperanza que las defensas del caso tienen en poder apartar a García Castellón es un número: 324. Es el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regula los plazos de instrucción y que, según los independentistas, García Castellón vulneró, lo que, a su juicio, aboca.....

El PSOE se ha personado en el caso de la imputación de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, citada a declarar el próximo 20 de mayo, tras las acciones legales emprendidas por la Fiscalía de Madrid. El grupo parlamentario socialista, que argumenta su decisión en que se trata de “una causa de interés general de los ciudadanos”, también ha forzado el voto de una moción en el Senado esta semana para condenar los ataques a la libertad de prensa “por parte de responsables públicos del Gobierno de la Comunidad de