El cambio planteado por el alto tribunal en una sentencia puede servir para facilitar la expulsión de okupas en segundas residencias. Según la sentencia, no se puede excluir como morada, a efectos de allanamiento, una vivienda que la víctima "también utiliza ocasionalmente, que tiene amueblada, y dada de alta la luz, el agua y gas, como servicios esenciales que acreditan que es vivienda que se utiliza habitualmente, y que no está desocupada".

El enorme trastorno económico causado por la pandemia de covid-19 ofrece una oportunidad única para alterar radicalmente la estructura de la sociedad, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) está utilizando la crisis para implementar medidas de austeridad cuasi permanente en todo el mundo. 76 de los 91 préstamos que ha negociado con 81 países desde el inicio de la pandemia mundial en marzo han llegado vinculados a demandas de que los países adopten medidas como profundos recortes en los servicios públicos y las pensiones, medidas que indudab

Sigue la avalancha de noticias y la desinformación sobre las okupaciones en España. En las teles y también en el Congreso. Como siempre, exagerando la situación, mostrando casos que no son okupaciones como si lo fueran, con vagas explicaciones y mostrando sólo una cara de la moneda. Incluso con concejales tratando de pescar votos en el miedo, pidiendo medidas incluso en ciudades que no tienen caso alguno.

Según datos del Ministerio del Interior, en el primer semestre de 2020 la ocupación de viviendas creció un 5% con respecto a cifras de 2019. En estos primeros seis meses el total de denuncias ha sido de 7.450. Como estamos pudiendo contemplar cada día en los informativos televisivos de diversas cadenas, los okupas se han convertido en un tema de enorme interés para la ciudadanía española.