Los ayuntamientos del Poniente que reciben agua desalada de la Desaladora del Campo de Dalías, en El Ejido, han empezado a devolver los recibos remitidos por Acuamed correspondientes al pasado mes de enero, ante la subida de precios que supone triplicar los importes. Así lo han confirmado Roquetas de Mar y Vícar. La subida practicada por Acuamed supone, en todos los casos, un incremento del recibo del 300%, lo que de confirmarse, llevará a los municipios a trasladar ese incremento de costes en el recibo del agua de ciudadanos y empresas.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) trabaja junto con la consejería de Transición Ecológica, del Gobierno de Canarias y el Consejo Insular de Aguas de La Palma en un plan para garantizar el riego de mantenimiento en las plantaciones de plátano afectadas por la erupción volcánica en la isla de La Palma. Para ello, se instalarán dos plantas desaladoras portátiles en el área de Puerto Naos que garantizarán un caudal aproximado de 6.000m3 diarios. Además, el MITECO ha ordenado el traslado de un buque cisterna.

Al menos tres compañías inmobiliarias, impulsoras de urbanizaciones con campos de golf en la Región, están siendo investigadas por la supuesta utilización de desaladoras clandestinas, lo que les habría permitido generar los caudales necesarios para mantener el césped en buen estado. Eso sí, a costa de generar un rechazo de nitratos que habría acabado en la laguna, como el de decenas de instalaciones más, hasta arrastrar a este espacio natural a una situación de contaminación sin precedentes.

52 desalobradoras ilegales en el Campo de Cartagena ya están desmanteladas de las 186 precintadas. Las denuncias presentadas contra los propietarios de parcelas con regadío ilegal en el entorno del Mar Menor no han tenido efecto del todo. De 1040 hectáreas con expediente sancionador, un total de 470 hectáreas siguen regándose de forma ilegal a día de hoy, lo que representa un 45,8% de la superficie denunciada.

La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente va a sacar a licitación un contrato por importe de 80,5 millones para la explotación y el control de 82 de las 98 depuradoras de la Región durante un plazo de tres años, según ha anunciado su titular, Antonio Luengo, tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada esta mañana.

El Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) se abastecerá en su totalidad, desde 1 de enero, de energías procedentes de fuentes renovables para reducir a cero la huella de carbono. El consejero señaló que el Cabildo "tiene unos objetivos de descarbonización de su consumo eléctrico muy ambiciosos y para lograrlos esta es la primera de las medidas,..."

La policía nacional descubre que el Gobierno murciano del PP colaboró para que la constructora consiguiera rendimientos del 60.000% desplazando todos los costes y riesgos a las arcas públicas.

La denuncia recoge correos sobre reuniones en San Esteban y actas en las que el expresidente murciano otorga «su apoyo total al proyecto»

La Guardia Civil les acusa de arrojar a ramblas o al acuífero casi 4 millones de metros cúbicos de salmuera, que habrían acabado en la laguna

El expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel, del Partido Popular ofreció cobertura a la adquisición de la desaladora de Escombreras en condiciones de apariencia tremendamente gravosa para las arcas públicas. No en vano, la Administración regional aceptó abonar 600 millones de euros por la producción de agua en el plazo de 25 años, con una cláusula llamada 'take or pay' que garantizaba los pagos incluso en el caso de que no desalara ni una gota.

El fiasco escandaloso de la liquidación judicial del asunto de la planta desaladora de Escombreras, Cartagena, simplemente porque la magistrada instructora del caso, María del Mar Azuar, ha dejado pasar los plazos legales, no es más que un indicador de cómo está el aparato judicial en Murcia. No hace mucho sucedió lo mismo con el expresidente de la Comunidad autónoma, Pedro Antonio Sánchez, otro beneficiario de una actuación judicial que podría tomarse por indolente si no repitiese el mismo leit motiv: proteger a los políticos del PP

La Audiencia de Murcia, previo recurso de una de las defensas, ha dado carpetazo a la ampliación de la instrucción de lo que parece un nuevo 'Caso Castor' por causa compleja solicitada por la Fiscalía y aprobada por la juez que investiga el caso. El motivo: que la juez, María del Mar Azuar, acordó la prórroga más allá del techo de seis meses de instrucción que ha fijado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que llevó a cabo el Ejecutivo popular de Mariano Rajoy en el año 2015.

Se trata de la mayor desaladora por ósmosis inversa del mundo. Tendrá capacidad para tratar 909.000 m3/día de agua de mar y garantizará el suministro de agua a la ciudad de Abu Dhabi durante todo el año. Podrá abastecer aproximadamente a cuatro millones y medio de personas.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha instado a no "criminalizar" a todos los agricultores por los pozos y desalobradoras presuntamente ilegales detectados por la Guardia Civil en el Campo de Cartagena y el entorno del Mar Menor en el transcurso de una operación desarrollada por la Fiscalía de Medio Ambiente con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Unos 600 millones de euros se 'evaporaron' en la construcción de la desalinizadora de Escombreras. La Fiscalía apunta a Florentino Pérez y las filiales de ACS. Ahora, como parte de las investigaciones,ha pedido la citación en calidad de testigos para alcaldes de cinco ayuntamientos Murcia.La Fiscalía ha citado a declarar como testigos a varios exalcaldes del Partido Popular en la Región de Murcia: Barreiro,Miguel Ángel Cámara (Murcia), Daniel García Madrid (Torre Pacheco), María Antonia Conesa (Fuente Álamo) y Francisco Blaya Blaya (Mazarrón)

La acusación ha reclamado a la juez de Murcia María del Mar Azuar que cite a declarar como testigo al presidente de ACS, Florentino Pérez, a quién consideran el máximo responsable de organizar la "trama" de empresas que realizaron los trabajos sin concurso público; también reclaman a la juez que cite como testigo al expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel, que ahora es eurodiputado, a quién consideran el principal responsable de la adjudicación "a dedo" de la obra por la que el Grupo ACS pretende ingresar 600 millones..

La fiscal María Isabel Neira Campos, que investiga el agujero de 600 millones de euros de la planta desalinizadora de ACS en Escombreras (Cartagena), se ha hartado de la gestión que ha hecho de esta empresa de capital mayoritariamente público el Gobierno de Murcia. Y por eso ha reclamado a la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Región de Murcia, María del Mar Azuar, que nombre "a un interventor judicial" para que controle los pagos que el Ejecutivo murciano abona a la firma de Florentino Pérez.