Las ayudas eléctricas y de gas natural que estableció el Gobierno para paliar los efectos de la crisis derivada de la guerra en Ucrania no están llegando a la población prevista, en muchos casos, por desconocimiento. En algunos casos, el 99% de esas ayudas están quedando desiertas porque no se llegan ni siquiera a solicitar.

"La ayuda de 200 euros es una payasada. Pedro Sánchez no se entera de nada. En mi casa vivimos cuatro, pero esta ayuda no la pueden pedir los que ganen más de 14.000 euros al año. Entre mi mujer y yo la superamos por poco... y no la podemos solicitar. Imagínate. Con el alquiler, el gas, la luz, el agua, el teléfono, la comida... ¿Tú crees que cuatro personas podemos vivir con eso? Al final, esa ayuda se la quedan los inmigrantes", comenta un vecino de la zona que ha mantenido durante toda la conversación la mirada perdida.

El Gobierno rechaza abrir el código fuente del sistema que asigna descuentos en la factura de la luz a familias vulnerables, lo que contribuiría a investigar más fallos

Según el informe de la Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética 2019-2024 elaborado por Economía, 3,5 millones de españoles arrastran retrasos en el pago de sus facturas, 3,7 millones no pueden mantener una temperatura adecuada en su vivienda en invierno y 8,1 millones tienen que dedicar una parte de sus ingresos al pago de la electricidad que es más del doble al de la mediana nacional. Sin embargo, actualmente, tan solo 1,3 millones de ciudadanos se benefician de este bono, lo que da fe del escaso alcance de la medida.

Por el momento, según fuentes políticas, el Ejecutivo quiere que la rebaja del precio de la luz para quienes tienen bono social, sin opción a otra tarifa que no sea el PVPC, sea efectiva. Para ello estudia distintas opciones, como crear una tarifa social a un precio muy inferior al del mercado (quizás unos 50 euros/MWh), fijando, como hasta ahora, unos límites de consumo. Ello podría conllevar un cambio legal importante del bono.

Un peligro para la seguridad pública. Este es el principal argumento del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 8 para denegar a Civio el acceso al código fuente de BOSCO

Un peligro para la seguridad pública. Este es el principal argumento del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 8 para denegar a Civio el acceso al código fuente de BOSCO, una aplicación desarrollada por el Gobierno y que utilizan las eléctricas para saber si un usuario en situación de vulnerabilidad puede recibir descuentos en su factura de la luz. El Gobierno, para rechazar su apertura, alegó durante el juicio que difundir este código supondría problemas tanto de seguridad pública, como defensa nacional y propiedad intelectual.

Se trata del tercer modelo de financiación impuesto a las eléctricas (como una obligación de servicio público que establece la Constitución), que tumba el Tribunal Supremo en algo más de una década. Y de nuevo con el argumento de que es una medida discriminatoria y arbitraria, que incumple la directiva de 2009 sobre mercado interior de la electricidad.

Una pareja sin hijos que vive en Madrid con un sueldo de 990 euros al mes no tiene derecho a recibir nada, mientras que a un magnate canario con tres hijos se le subvenciona el 60% de la factura. Da igual que el coste de la vida sea muy superior en un lugar que en otro: los límites de renta y de consumo son iguales para todo el Estado. La inequidad de esta medida es solo un ejemplo más de un problema estructural de España, subrayado por organismos internacionales como el FMI: las políticas sociales benefician a rentas medias y altas.

El Supremo asume la sentencia de octubre del TJUE y declara inaplicable y nula la financiación fijada en 2014. Veinte eléctricas han presentado alegaciones y las compensaciones rondarán los 500 millones.

El Gobierno obligará a las eléctricas a detallar sus contratos con la industria y con sus propias comercializadoras a través del Real Decreto-Ley que prevé aprobar este martes el Consejo de Ministros, que incrementa las exigencias de transparencia a las empresas y refuerza el bono social de electricidad para los más vulnerables. El decreto persigue incentivar los contratos a "precio razonable" con la industria que quiere facilitar el Ministerio para la Transición Ecológica tras los anuncios de paradas de varias fábricas por la subida...

El Gobierno tiene previsto ampliar la protección de los consumidores vulnerables con un incremento de las ayudas de los bonos sociales eléctrico y térmico hasta la primavera, lo que beneficiará a los casi 1,2 millones de hogares acogidos a ellos: 1.161.214 según el último dato publicado por la CNMC.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) dictaminó este jueves que el régimen de financiación del bono social de las eléctricas en España es discriminatorio, pronunciándose así sobre la batalla legal que lleva siete años enfrentando a las principales compañías de electricidad del país con el Gobierno español. Este bono consiste un descuento en la factura del que disfrutan consumidores vulnerables que es financiado en más de un 90% por las cinco mayores empresas del sector (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP España y Repsol).

El fraude escondido en el bajo consumo hasta 2018, del que se beneficiaron segundas viviendas, sacó fuera 600.000 hogares.

Asumiendo la dificultad que conlleva incidir sobre alguna de las causas que han provocado este incremento de precios al depender de factores como el funcionamiento del mercado de la energía o las políticas de lucha contra el cambio climático, esta institución indica que "pueden y deben adoptarse otras medidas que minoren los efectos mas perjudiciales de esta excepcional subida de precios que afecta a un bien esencial como es la electricidad". El Defensor del Pueblo andaluz ha expresado que "debe ampliarse el ámbito de cobertura del Bono Social.

El total de suministros con estos descuentos bajó un 11,1% en septiembre con respecto a agosto, tras la supresión de esa medida que formaba parte del “escudo social” contra la pandemia; el Gobierno trabaja para crear un bono energético “universal y automático”

El Gobierno va a llevar a cabo una reforma del denominado bono social eléctrico para excluir del mismo a aquellos consumidores con rentas más altas, lo que podría apuntar a las familias numerosas, según ha anunciado esta tarde la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su comparecencia en la comisión correspondiente del Congreso que, «casualmente», ha coincidido con la subasta de renovables diseñada por el Gobierno.

El expresidente del Congreso de los DiputadosJosé Bono ha asegurado que "muchos socialistas estamos a disgusto con Podemos en el Gobierno". Así se ha pronunciado el socialista en una entrevista concedida en TVE en la que ha indicado que la formación morada "no pinta casi nada" en el Ejecutivo. "Son como el jugador de tute, hacen una y se cuentan veinte, o cuarenta", ha matizado.

El volumen de usuarios del bono social eléctrico se triplica en dos años antes de comenzar a crecer a un ritmo de casi doscientos diarios por las consecuencias económicas de la pandemia

Los consumidores en situación vulnerable por encontrarse en desempleo, en expedientes temporales de regulación de empleo o hayan tenido que recortar su jornada tendrán derecho a un recorte del recibo de un 25% hasta el 30 de junio de 2021.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha confirmado con números el brutal impacto de la primera ola del coronavirus sobre la población de mayor edad. El último Boletín de Indicadores Eléctricos publicado esta semana, detalla la evolución del bono social eléctrico, dirigido a ayudar a los colectivos más vulnerables, durante el estado de alarma y el confinamiento en los meses de marzo y abril. En ese periodo, el colectivo de pensionistas fue el único entre los acogidos al bono que perdió beneficiarios.

Se mantendrían las medidas de para aliviar las cargas financieras de las hipotecas, el aplazamiento de alquileres y el bono social para los servicios básicos. Unidas Podemos pide que se prolonguen hasta junio, aunque su duración podría vincularse a los nuevos ERTE, que se prevén para el 31 de enero. También acaba la prohibición de la paralización de los desahucios.

El Ministerio de Transición Ecológica ha regulado la forma en que los trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o la hayan visto reducida por la actual crisis pueden solicitar acogerse al bono social eléctrico para tener un descuento en su factura de la luz, y ha publicado el modelo de formulario para que pidan su adhesión al mismo.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido de que siguen registrándose casos en los que las empresas de electricidad y gas no pudieron acreditar el consentimiento de algunos clientes al cambio de compañía, incidiendo además en que hubo clientes que perdieron su derecho al bono social eléctrico a raíz de un cambio de compañía.

La auxiliar de enfermería Sonia Sancho se marcha de la isla al no encontrar un piso donde vivir. Ella se ha visto "obligada a hacer las maletas y marcharse de la isla" porque no encuentra una vivienda en la que "ver crecer a su hijo de siete meses", pese a tener una plaza fija en el Hospital Can Misses y un suelo de 1.800 euros netos al mes.

Otra novedad interesante llega a X. En las últimas horas, la plataforma digital decidió ocultar por defecto los “likes” de los usuarios, lo que les permite mostrar sus preferencias por ciertas publicaciones sin ser atacados por ello. Una solución que resulta particularmente útil para políticos y figuras públicas, quienes han sido criticados y agredidos anteriormente por dar "me gusta" a contenidos que no son “políticamente correctos”.

Los movimientos sociales presentan su hoja de ruta contra la masificación turística: "La indignación es generalizada y evidente". Presentación del manifiesto y de la próxima manifetación del 6 de julio.

La lista de la socialista Marta Temido ganó las elecciones europeas con una estrecha ventaja sobre la coalición gubernamental de derecha moderada, según los resultados oficiales casi completos. El partido ultraderechista Chega quedó tercero con 9,8% de los votos, muy por debajo de su caudal en las elecciones legislativas de marzo (18%). Le sigue el partido Liberal, que también quedó de cuarto en marzo.

Un grupo de divulgadoras lanza un manifiesto contra el creciente acoso que sufren. Los mensajes de odio, con connotaciones misóginas, buscan silenciarlas.

X acepta el porno con el pretexto de controlar mejor este tipo de contenido. El comunicado lanzado por Twitter destaca que “puedes compartir desnudos o comportamientos sexuales de adultos producidos y distribuidos de forma consentida, siempre que estén debidamente etiquetados y no se muestren de forma prominente”.

Desde su ascenso al poder en 2019, Isabel Díaz Ayuso ha transformado la manera en que los políticos se relacionan con el público a través de las redes sociales. Utilizando plataformas como Instagram, Ayuso ha construido una imagen de celebridad política, combinando su rol gubernamental con estrategias propias de los influencers. Sin embargo, este éxito en las redes sociales ha generado controversias, especialmente en relación con el uso de fondos públicos para financiar estas actividades.

www.youtube.com/watch?v=ohTen6KIw7M El presidente de España, Pedro Sánchez estuvo invitado a Bildeberg en 2015: "bienvenido Mr. Bildeberg", España dará millones a Ucrania, pero no es así, "le vamos a dar 1130 millones de euros a las grandes armamentísticas estadounidenses que están hoy en Bildeberg", una cumbre meramente "bélica". La periodista recuerda que todos los líderes de Bildeberg captan a jóvenes políticos, ponen y quitan presidentes bajo "un falso mensaje de que quienes toman las decisiones son los políticos, cuando detrás est