Pues aquí me dispongo, quién me lo iba a decir a mí, a escribir una lección de primero de democracia para el Sr. Feijóo, porque su propuesta de que gobierne la lista más votada es, directamente, inconstitucional. De hecho, es totalmente contraria al artículo 99 de la Constitución. Y uno no puede ser muy constitucionalista solo para las partes que le gustan de la Constitución y saltarse las que no le vienen bien. De hecho, el PP gobierna en muchos ayuntamientos y CCAA precisamente por mayoría parlamentaria, aunque no haya ganado las elecciones.

Porque interfería en la separación de poderes, en la formación de voluntad del poder legislativo. (Una vez aprobada, porque parar una votación era inconcebible). www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-10478-consolidado.pdf

El acuerdo entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial estaba hecho la semana pasada. Por fin. Después de cuatro años de bloqueo inconstitucional de los populares. Pero el jueves El Mundo le deja este recadito en su portada: “El PP teme la reacción de la derecha política, judicial y mediática al pacto del CGPJ”. Es la cabeza de caballo ensangrentada en la cama de Feijóo. La misma mañana Losantos le manda una bala en su homilía diaria. Queda claro que quien dirige la oposición no es su líder sino la Caverna.

La Sala III del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que plantea cuestión de inconstitucionalidad del artículo 7 apartado 2 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo de regulación del juego, por considerar que la remisión operada a la norma reglamentaria para establecer las condiciones y los límites de la actividad publicitaria en materia de juego pudiera ser contraria al principio de reserva de ley, consagrado en el art. 53.1 de la Constitución, todo ello en relación con la libertad de empresa regulada en el art. 38 de la Constitución.

Un juez de Texas dictaminó el jueves que la controvertida ley estatal que restringe los abortos después de unas seis semanas de embarazo viola la Constitución de Texas, diciendo que no debe aplicarse en los tribunales. Aunque el fallo del jueves es una victoria para los defensores del derecho al aborto, la orden solo tiene consecuencias directas para las 14 demandas

Nueva vuelta de tuerca al ya famoso decreto por el que se traspone la directiva europea sobre el mercado único digital, vulgo: la enésima reforma del régimen de propiedad intelectual. Una lectura reposada del texto de la normativa —la parte del Real Decreto-ley 24/2021 que versa sobre derechos de autor— no sólo va más allá de la directiva al posibilitar la censura directa a los vídeos 'online' en directo, sino que establece una inversión de la carga de la prueba en caso de conflicto entre quien reclama sus derechos de autor y las plataformas…

De esta manera, el mandatario podría evitar que emblemáticos programas como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y la Refinería de Dos Bocas puedan ser frenados por amparos. El decreto, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), señala que son de "interés público y de seguridad nacional" la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México que por sus características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren "prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional".

El Constitucional ha sentenciado que tanto la prórroga de seis meses como la delegación de competencias a favor de las CCAA durante el segundo estado de alarma fueron ilegales.

El Tribunal Constitucional (TC) ha dado el toque de gracia a la plusvalía municipal. Después de varias sentencias desde 2017 que anularon este impuesto para cuando hay pérdidas o no hay incremento de valor, el Pleno ha declarado inconstitucional el método de cálculo de la base imponible, lo que supone la liquidación definitiva del impuesto

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha anulado una resolución de octubre de 2019 de la Conselleria de Justicia por estar dictada solo en valenciano cuando la ciudadana que había instado esa resolución se había dirigido siempre en castellano a la Administración. Además, el juez estima el recurso de la demandante en toda su extensión, reconoce su derecho a que se reclasifique su puesto de trabajo e impone el coste de las costas procesales a la Administración, con un tope de 500.000 euros.

Deben contarse todos los días cotizados a tiempo parcial, sin porcentaje de reducción.

El Tribunal Constitucional de Polonia ha concluido este jueves que algunos artículos de los tratados de la Unión Europea son inconstitucionales en el país, desafiando un principio clave de la integración europea. La mayoría del Constitucional polaco, 12 de los 14 jueces de la sala, sostiene que pese a formar parte de la UE, esto no otorga a las cortes europeas la supremacía con respecto a las decisiones judiciales polacas y que por lo tanto supone que Polonia no ha transferido su soberanía a la Unión. La Justicia polaca desafía con esta decis

El Tribunal Constitucional ha tumbado parte del real decreto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017 por el que se eximía a los bancos a pagar las costas.

La sentencia del TC que tachó de inconstitucional el confinamiento bajo el paraguas jurídico del estado de alarma ha alterado el destino de miles de boletines que serán anulados. Los despachos de abogados ya han comenzado a sentir este "aluvión", según lo definen, de reclamaciones de ciudadanos que fueron multados. Desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio, el Estado impuso 1.142.127 propuestas de sanción, aunque no todas fueron por saltarse el confinamiento, que son las que ahora podrían ser anuladas.

"Es una aberración, una sinrazón jurídica", denuncia Juan Ignacio Olmos, socio del área laboral y experto en asuntos de la Administración Pública de Ceca Magán, quien coincide en que la medida de no hacer pasar por oposición a los interinos de más de 10 años tiene visos de inconstitucionalidad. Olmos también carga contra la otra condición que ERC le ha arrancado a Hacienda y Función Pública para la tramitación del proyecto de ley: que las comunidades autónomas puedan decidir que la oposición no sea eliminatoria en algunos concursos.

La decisión del TC añade más confusión jurídica a la lucha contra la pandemia, en un momento donde es necesario tomar medidas para contener la quinta ola. Y hará más complicado, de ser necesario, aprobar un confinamiento como el que salvó 450.000 vidas

La intervención del magistrado Cándido Conde-Pumpido catalizó su fervor. El magistrado advirtió de que el TC no estaba completo y de que todos sabían que el magistrado Fernando Valdés Dal-Ré había elaborado una ponencia que consideraba conforme a la Constitución la declaración del confinamiento domiciliario. Y que había renunciado al TC y que así había cambiado la ponencia de manos. Señaló que en el TC había mandatos caducados.

El Tribunal Constitucional ha establecido que el confinamiento generalizado decretado por el Gobierno durante el primer estado de alarma fue inconstitucional. La medida, aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, estuvo vigente entre marzo y mayo de 2020, en la primera fase de la pandemia.

Mucho ha costado que el Tribunal Constitución tome una decisión sobre la constitucionalidad del primer Estado de Alarma que el Gobierno impuso de marzo a junio de 2020 para controlar la Covid-19; finalmente, el órgano ha llegado a la conclusión de que este decreto era inconstitucional con 6 votos a favor y 5 en contra. El mayor problema ha sido superar que fue Vox quien interpuso un recurso para que se analizase la pertinencia de esta situación excepcional.