Video sobre suceso reciente ocultado por los medios en Francia.

La primera norma del 'club de los vuelcos' es que nadie habla del 'club de los vuelcos'. El delito de robar droga a narcotraficantes es uno de los que se encuentra más en auge en nuestro país, pero también es de los que menos información arroja a las autoridades. Nadie quiere a la policía de por medio. Nadie denuncia. Las víctimas prefieren guardar silencio, porque saben que ellos también estaban actuando al margen de la ley. Según las fuerzas de seguridad, el 90% de estos delitos no se denuncian.

Vox reclama tres años de prisión y una multa de cinco años para una activista feminista de Castellón por delito de odio y amenazas. La formación ultraderechista se querelló contra el colectivo Subversives a raíz de unas pintadas con la cara de su líder, Santiago Abascal, con un tiro en la frente, que aparecieron tras una visita del dirigente a Castellón en octubre de 2019, cuando el colectivo organizó una protesta. El colectivo organizó una “besada popular” en defensa de los derechos LGTBI ante la visita del líder de Vox a Castellón.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Castellón a tres personas pertenecientes a movimientos radicales, por su presunta participación en delitos de odio y allanamiento de domicilio de persona jurídica. Al parecer uno de los autores habría mantenido previamente una pelea con varios jóvenes de origen magrebí, en la que le resultó dañada una prenda de vestir.

La Knesset aprobó el lunes una ley respaldada por la derecha que convierte las motivaciones terroristas, nacionalistas o racistas en un factor agravante en los delitos de acoso y agresión sexual. Los factores agravantes entran en juego durante la sentencia penal y son una consideración que puede empujar a los jueces a dictar una sentencia más cercana al máximo legal. Patrocinada por un grupo de legisladores encabezados por la diputada Limor Son Har Melech, de la coalición de extrema derecha Otzma Yehudit, y la diputada Yulia Malinovsky,…

«Si yo quiero consumir cannabis, no veo por qué el estado tiene que prohibírmelo. No le veo ningún sentido salvo que esto sea motivado por algunos intereses espurios que no nos quieren decir (...) Hoy en día hay más delitos que pecados, y esto es muy peligroso». José María Asencio es juez del Juzgado de lo Penal nº 11 de Barcelona, una carrera de juez meteórica que ha ido acompañada de cargos gubernativos, consultorías internacionales y docencia universitaria.

A principios del pasado mes de septiembre, un joven denunció que un grupo de ocho encapuchados le atacó y le grabó la palabra “maricón” en el culo con una navaja. Unos días después confesó que se lo había inventado, lo cual fue aprovechado por la derecha para negar la existencia de la LGTBIQfobia. “La homofobia está en la cabeza de la izquierda”, llegó a decir Ayuso. Dos días después una manifestación nazi recorrió Chueca al grito de “fuera maricas de nuestros barrios”. Una persona más autoconsciente se habría tragado sus palabras. Por su part

Un juzgado de Benidorm acaba de absolver a un joven de Zaragoza de un delito continuado de estafa que podría haberle llevado casi tres años a prisión. Y lo ha hecho tras comprobar que el acusado no es más que otra víctima de un complejo entramado delictivo con el que alguien se estaría enriqueciendo a costa de robar la identidad a los demás.

Esto lo ha hecho el Papa, entre otras razones, para que LAS DEMANDAS CIVILES ECONÓMICAS Y QUERELLAS PENALES que “vienen en CAMINO” no afecten a la Iglesia ni al propio Papa, al ser éstos RESPONSABLES ÚLTIMOS. SUBSIDIARIAMENTE TANTO CIVIL COMO PENALMENTE de todos los delitos cometidos por el OPUS y sus cientos de sociedades LAICAS civiles en decenas de países, paraísos fiscales y laicos hoy sin relación con la Iglesia, tenedores de patrimonio multimillonario donde se amparaban en ser parte de la ESTRUCTURA JERÁRQUICA DE LA IGLESIA.

El famoso artista rumano levantó una mansión de lujo en una cima de Ibiza en la que estaba prohibida la construcción, después de haber recibido una licencia de un ayuntamiento donde gobernaba el PP. La Justicia ha rechazado que le tengan que indemnizar con 14 millones de euros