Analizamos la polémica creada a raíz del escandalo por las detenciones tras el intento del golpe de Estado en Alemania.

El hackeo al teléfono de un funcionario argentino develó la indebida connivencia entre jueces, políticos y empresarios mediáticos, lo que, por su trascendencia institucional, representa uno de los escándalos más graves en la historia del país sudamericano.El pasado 13 de octubre, los jueces federales Pablo Yadarola, Carlos Mahiques, Julián Ercolini y Pablo Cayssials fueron invitados, con todos los gastos pagados por el Grupo Clarín –el multimedios más importante del país– a Lago Escondido, una lujosa propiedad del magnate británico Joe Lewis

Esta mañana se ha sabido que los veteranos del Constitucional han condenado a veinte años de cárcel a los nuevos jueces nombrados por Pedro Sánchez a modo de novatada. "Ha habido suerte, antes te podían condenar a muerte", reconocen los magistrados. La novatada ha sido muy celebrada en el Partido Popular, pero también en el PSOE. Las novatadas entre las élites del país están muy arraigadas. Es difícil de olvidar la que le hicieron a Pedro Sánchez inventándose una pandemia a los pocos meses de iniciar su primera legislatura.

Feijóo: "En nada contribuye a sanear el debate público el señalamiento constante del discrepante. Ya sea señalar a la oposición, señalar a los medios de comunicación, periodistas, a los fachas con toga... perdón, a los jueces"

Puede que no sea la conversación habitual en el metro o en el transporte de camino al trabajo, como dijo la ministra de Justicia, Pilar Llop, pero el bloqueo por casi cuatro años del Poder Judicial va más allá de la batalla política y afecta de forma muy directa a los ciudadanos. Queda particularmente patente el colapso en el Tribunal Supremo, donde las vacantes que no se cubren están provocando que haya menos sentencias, que se tarde más en finalizar los procedimientos y que se acumulen los casos.

El Tribunal Constitucional (TC) ha optado por no examinar inmediatamente a los dos candidatos designados este martes por el Gobierno para formar parte del TC --el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez--, a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombre también a sus dos aspirantes, según las fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press.

Los magistrados adoptan este criterio tanto si el propietario es una persona física o jurídica, ya sea pública o privada.

En este marco, la sala asegura que "no hay ninguna prueba objetiva de la malversación". Es más, los magistrados cargan las tintas contra la tesis de la Guardia Civil para intentar justificar la malversación de 996,15 euros. Así critica cómo el cuerpo policial estruja las tasas de servicio de los bomberos por el uso de medios humanos y materiales para poner un importe de lo que "ha costado la salida de los investigados con los vehículos el dos de octubre".

No hace falta que se señale políticamente a los jueces. Quien más o quien menos sabe cómo se accede a la carrera judicial. La Escuela Judicial es un semillero de alumnos conservadores. De extracción clasista media y alta, ya que es casi imposible que un titulado en Derecho recién salido de la facultad pueda pagarse los cursos que jueces y fiscales, en ejercicio o en excedencia, imparten cobrando cifras astronómicas para que puedan acceder a la Escuela Judicial de donde salen los nuevos titulares de los juzgados

Numerosas sentencias dictadas en los últimos años evidencian que los sesgos de género todavía persisten entre los magistrados

El juez Ignacio González Vega ha detallado en laSexta Xplica la razón por la cual, en aplicación de la ley del 'sólo sí es sí', ha rebajado la condena a un violador que había sido sentenciado a seis años de cárcel. El magistrado, perteneciente a la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, ha insistido en que,con su "formación jurídica de más de 30 años", solo ha aplicado la ley. Preguntado sobre si es machista, como aseguran algunos miembros de la parte morada del Gobierno que acusan a los jueces de aplicar mal la ley, González Vega...

Ángela Rodríguez, Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, pide a los jueces que a la hora de aplicar la ley del ‘solo sí es sí’ tengan “sesgo específico”,

La asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia ha asegurado que la comisión de investigación sobre la tragedia de Melilla "era necesaria" y lamenta que "se ha perdido una oportunidad de aclarar esos gravísimos hechos" después de que este viernes PSOE y PP hayan votado en contra de llevar a pleno esta votación impulsada por Unidas Podemos y los aliados parlamentarios habituales del Gobierno.

Al cuarto día de estallar la polémica por el goteo de rebajas de penas a agresores sexuales como consecuencia de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha roto su silencio este viernes en Valencia. “Es importante que dejemos trabajar al Supremo”, ha dicho Díaz, confiando en que “en breves días” habrá algunas “respuestas sobre estas cuestiones” porque el alto tribunal abordará el efecto de la normativa al resolver recursos de agresores sexuales.

Tres de las cuatro asociaciones de jueces han exigido este jueves la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuyas críticas a la judicatura han sido cuestionadas con diferentes grados de intensidad por todo el arco parlamentario, socios de Gobierno e incluso algún compañero de partido.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha marcado distancias con Podemos y el Ministerio de Igualdad al reclamar “absoluto respeto a los jueces en su trabajo y su desempeño” después de que el socio minoritario haya responsabilizado en exclusiva a los magistrados por la reducción de las condenas a abusadores y violadores en base a la nueva ley del 'solo sí es sí'.

El fiscal general del Estado dice que huirán de los “automatismos” y se analizarán todas las condenas modificadas como consecuencia de la entrada en vigor de una norma “que modifica los tipos penales”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este jueves que la ministra de Igualdad, Irene Montero, debería dimitir por “atacar” a los jueces y culparles de “sacar a los violadores” de la cárcel. “Es ella la responsable; debería dimitir y ustedes tomar nota”, ha lanzado Ayuso a la bancada de Unidas Podemos.

El Gobierno está dividido. La ministra de Hacienda y Función Pública, María José Montero, se ha abierto a estudiar el texto legal para acometer las reformas que sean necesarias. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha apostado por esperar a que sean los tribunales los que unifiquen criterio. Igualdad, en cambio, insiste en que el problema no anida en la norma, sino en la escasa la formación de los jueces.

Con datos y aportando pruebas, Pablo Iglesias, Sara Serrano, Inna Afinogenova y Manu Levin analizan todo lo que está sucediendo alrededor de esta ley y denuncian la estrategia de acoso y derribo orquestada por una derecha judicial capaz de secuestrar sellos por llevar la hoz y el martillo y rebajar condenas a violadores. Con las opiniones de Irene Montero, ministra de Igualdad, y Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.