Nunca antes había sucedido, pero ha ocurrido ahora. Los 7 consejeros elegidos por el Partido Popular han dado un golpe de mano, aprovechándose de su mayoría en el Pleno del Tribunal de Cuentas -son 7-, y se han hecho con el control completo de la Comisión de Gobierno -y, por tanto, de la Institución-, nombrando a tres de ellos y dejando fuera, a un representante del PSOE, partido que cuenta con 5 consejeros -uno de ellos vacante desde enero-; IU tiene 1. Es la primera vez que sucede en la historia del Tribunal de Cuentas y de todos los órganos.

Un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo constata lo que muchos viajeros han vivido en sus carnes a lo largo del pasado verano, principalmente. Los derechos de los pasajeros están “bien desarrollados, pero estos todavía tienen que luchar arduamente para acogerse a ellos”.

El Tribunal de Cuentas español no está aún a la altura de la labor de fiscalización que realizan algunos de sus homólogos en otros países. En primer lugar, hay sospechas de falta de neutralidad política, ya que algunos de sus consejeros tienen vínculos con partidos políticos. Margarita Mariscal de Gante, por ejemplo, fue ministra en el primer gobierno de Aznar y diputada por el PP. Otro de sus consejeros, Manuel Aznar, es hermano del expresidente José María Aznar. En segundo lugar, hay denuncias recurrentes de enchufismo..

El 40% de los contratos adjudicados a lo largo de 2016 por parte de las empresas públicas no financieras utilizaron el procedimiento negociado sin publicidad. Entre las más destacadas, Adif y Renfe. Uno de los titulares que deja dicho informe es que las empresas públicas sufrieron sobrecostes cercanos a los mil millones entre los años 2014, 2015 y 2016. De las 4.630 incidencias surgidas a lo largo de la ejecución de los contratos, el 71,2% tuvieron repercusión en el precio o en los plazos.

El Tribunal de Cuentas ya se ha pronunciado con respecto a algunas ayudas con condenas a los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera.

El fiscalizador, para no revelar sus nombres de su personal eventual, afirma que estos no realizan tareas de asesoramiento y especial confianza, tal y como exige la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, sino que tienen funciones equiparables a auxiliares administrativos, típicas del personal funcionario o laboral.

El Tribunal de Cuentas alerta en materia de exposición al aire: (1) la salud de la ciudadanía europea "no tiene todavía la suficiente protección", (2) las medidas implementadas por Bruselas a lo largo de los últimos años "no han producido el impacto esperado"; y (3) el "ingente coste humano y económico" que se deriva de todo ello "todavía no se ha traducido en medidas adecuadas para toda la Unión Europea". Las partículas, el NOx y el ozono "son los contaminantes atmosféricos responsables de la mayoría de muertes prematuras la población expuesta

El órgano fiscalizador tiene facultades para supervisar instituciones como el CGPJ, el TC y el Consejo de Estado. Pero sólo existe un informe sobre el órgano de gobierno de los jueces aprobado en 2014. También podría supervisar las cuentas de Congreso, Senado y Casa del Rey, siempre que se tuviera en cuenta la autonomía presupuestaria que les reconoce la Constitución. Tampoco lo ha hecho nunca.

El organismo concluye que no puede reclamarse esas cantidades a ningún responsable de consejerías y organismos públicos, posibilidad que había abierto la Cámara de Cuentas en un duro informe. La Fiscalía sostiene que “no hubo menoscabo de fondos públicos en relación con las irregularidades detectadas” y el Gobierno de Aragón respalda ese criterio. No hubo irregularidades contables en el gasto de 268 millones de euros sin respaldo presupuestario previo por el Gobierno PP-PAR de Luisa Fernanda Rudi en 2014, y ningún alto cargo del Ejecutivo

El informe que acaba de publicar la Cámara de Cuentas de Madrid sobre el Canal de Isabel II recoge tantas irregularidades como limitaciones a la hora de fiscalizar la empresa pública de aguas entre 2008 y 2015, coincidiendo con los mandatos de Esperanza Aguirre e Ignacio González.

El Tribunal de Cuentas juzgará los días 10 y 11 de octubre próximos al expresidente catalán Artur Mas y a los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, por su posible responsabilidad contable en los gastos de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. El Tribunal de Cuentas notifica la fecha del juicio y acuerda que Mas y los tres exconsellers, que ya fueron condenados a penas de inhabilitación por un delito de desobediencia al organizar el 9N, declaren el día 10 de octubre, en el inicio de la vista. En el proceso, q

El Tribunal de Cuentas critica posibles "arbitrariedades" en un contrato de 140 millones que Adif olvidó remitirle. La "falta de claridad en los pliegos y en el procedimiento de licitación supone una merma en la transparencia del procedimiento y un riesgo de que se pueda elegir el procedimiento de desactualización de manera arbitraria para favorecer a determinados licitadores", resume el informe, que fiscaliza las operaciones inmobiliarias más significativas protagonizadas por las empresas estatales en el periodo 2013-2015.

El Tribunal de Cuentas cifró el menoscabo patrimonial en un total de 241.128 euros entre 2002 y 2015 pero concluyó que los hechos anteriores a julio de 2010 estarían prescritos, por lo que sentenció que solo se le podía reclamar un alcance de 159.300 euros. El Tribunal de Cuentas determinó que F.R.C.F se "apropiaba" del dinero que le era entregado para la compra de sellos de la UAL, compras "que no llegaron a efectuarse".

Los peritos destacan en el último informe de fiscalización el abuso del contrato de urgencia en algunas Confederaciones Hidrográficas y el incumplimiento con los criterios de Igualdad en la contratación pública.Además señala que la administración no consigue licitar adecuadamente los grandes proyectos,ni se coordina bien con los departamentos,ni hace un seguimiento adecuado de las grandes obras y proyectos.Los peor parados son los grandes proyectos de obras e infraestructuras (presas, embalses, canales ectopias),según el informe de fiscalizador

El Tribunal de Cuentas ha acordado este miércoles abrir expediente sancionador a siete formaciones políticas, entre ellas Ciudadanos, PNV, Convergència, Izquierda Unida y Bildu, por supuestas infracciones detectadas en el último informe de fiscalización de sus estados contables.

El pleno del Tribunal de Cuentas ha acordado el inicio de un procedimiento sancionador contra Ciudadanos por la "posible asunción" por parte de terceras personas, de gastos del partido en el ejercicio de 2015. Detectó que Ciudadanos había registrado como donaciones en especie el pago por parte de terceros de facturas electorales emitidas a nombre del partido por importe acumulado de 14.371,16 euros. También se han abierto procedimientos sancionadores por diversas infracciones al PNV, IU, CDC, UDC, UPyD, Amaiur y Euskal Herria Bildu.

La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) anula la utilización del concurso específico como procedimiento de provisión de los puestos de auditores, técnicos de auditoría, ayudantes de auditoria y letrados de la Sindicatura de Cuentas.

La Comisión Mixta de las Cortes Generales para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha dado el visto bueno al informe de fiscalización de la contratación de las Comunidades Autónomas sin órgano de control externo propio en los ejercicios 2014 y 2015. Un informe que cuestiona la transparencia y el proceso de contratación de varias regiones gobernadas entonces por el Partido Popular: Cantabria, Castilla-La Mancha, Ceuta, Extremadura, Melilla, Región de Murcia, y La Rioja.

El banco que ha concedido a Pablo Iglesias e Irene Montero para su casoplón de 6150.000 euros una ventajosa hipoteca de 540.000 euros (con un tipo de interés variable que sería del 0,5% más euríbor, según los datos facilitados por los propios líderes de Podemos), es el mismo que utilizó el partido morado para ingresar las subvenciones electorales de las últimas generales.En concreto, la coalición Unidos Podemos comunicó al Tribunal Cuentas que su cuenta electoral para aquellos comicios era de la entidad bancaria Caja de Ingenieros con número...

El Tribunal de Cuentas ha alertado de que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) da por condonados créditos al desarrollo en otros países a pesar de no haberse cumplido todas las condiciones para su baja en las cuentas, lo que supuso una infravalorización del saldo de las cuentas de activo y pasivo de estos créditos en más de 540 millones de euros hasta 2015, y de más de 740 millones en 2016.

Ciudadanos quiere que el Tribunal de Cuentas se encargue de fiscalizar el posible desvío de recursos públicos a la organización del referéndum independentista celebrado en Cataluña el 1 de octubre de 2017, después de que desde el Gobierno vengan asegurando que no se ha destinado ni un euro público a la financiación de esa consulta ilegal. Ciudadanos ha registrado en el Congreso una propuesta para que el Tribunal incluya en su Programa de Fiscalizaciones para 2018 un informe integral sobre la posible financiación con dinero público del 1-O.

El Tribunal de Cuentas critica facturas irregulares de Marca España a Inditex. El alto comisionado, Carlos Espinosa de los Monteros, firmó un convenio con la firma gallega para financiar actividades. La facturación no se adecúa a la normativa presupuestaria.

La sentencia dicta que debe haber una separación ente el ejercicio ejecutivo y el no ejecutivo

Una eSIM es una tarjeta SIM electrónica con la que se activan planes de telefonía móvil y de datos proporcionados por un operador sin necesidad de emplear una tarjeta SIM, de esta manera, proporciona una experiencia mejorada de suscripción de servicios de comunicaciones móviles más digital e inmediata. Sin embargo, más allá de sus ventajas, los ciberdelincuentes se aprovechan de las tarjetas eSIM para robar el número de teléfono de la víctima y transferirlo a su propio dispositivo con dicha tarjeta electrónica.

La Fundación Española de Abogados Cristianos se ha querellado ante la Audiencia Nacional contra el PSOE, su portavoz en el Congreso de los Diputados, Patxi López, Junts y ERC por la Ley de la Amnistía, una medida que han enmarcado en el "asalto" que creen que el Gobierno está realizando "a la independencia judicial".

El Ministerio de Política Territorial ha enviado un requerimiento a la Puerta del Sol exigiendo la modificación de dos leyes autonómicas que, entiende el Ejecutivo nacional, va en contra de la normativa estatal: la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y la Ley de Protección Integral Contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e identidad Sexual. Ambas aprobadas por la mayoría absoluta del PP madrileño, entre críticas de la izquierda y la alabado por la extrema derecha.

De esta forma, el Supremo estaría dando un balón de oxígeno a la conclusión de miles de convocatorias de empleo público de supuesta «estabilización» que se amparan en la Ley 20/2021 y que están basadas en una manipulación. En el preámbulo de esta ley del gobierno de coalición supuestamente progresista se afirma, sin ningún tipo de rubor, que «el TJUE comparte la postura […] de que no cabe en nuestra Administración la transformación automática de una relación de servicio temporal en una relación de servicio permanente».

La Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a penas que suman seis años y nueve meses de cárcel a la exalcaldesa del municipio cordobés de Peñarroya-Pueblonuevo Luisa Ruiz, cuando estuvo al frente del Ayuntamiento en su etapa socialista, dado que posteriormente lideró el partido independiente Unión Demócrata Peñarriblense (UDPñ), por delitos de prevaricación administrativa, fraude de subvenciones, malversación y falsedad en documento oficial en los proyectos del tren turístico del Guadiato, el museo del ferrocarril y el vagón restaurante.

El Tribunal Supremo ha inadmitido la querella presentada por Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el expresidente catalán Carles Puigdemont, el PSOE y Junts por el acuerdo alcanzado entre ambos partidos el pasado mes de noviembre en Bruselas para facilitar la investidura del líder socialista. Reconoce la "controversia" del pacto pero aclara: "No es más que un acuerdo político".