Según la Fiscalía es “constitucionalmente inasumible” permitir que la jurisdicción penal pueda “fiscalizar sistemáticamente la 'legalidad' de los proyectos de ley antes –o al margen– de su toma en consideración, su valoración, enmienda y aprobación o no por los Parlamentos”. En este caso proyectos de presupuestos que, año tras año, eran aprobados posteriormente en el Parlamento regional. Los jueces, critica la Fiscalía, han intentado disociar sus decisiones y su papel como político y eso ha llevado a aplicar el Código Penal a un proceso irregul

El Juzgado desestimó la petición de una agente de Policía Local de teletrabajar. La agente pidió realizar su trabajo telemáticamente, y, como el Concello no se lo permitió, recurrió al juzgado. Este considera que “puede ser requerida en cualquier momento para la prestación de servicios propios de la Policía Local que necesariamente exigen presencialidad”, por lo que su caso es incompatible con los supuestos en los que la instrucción municipal sobre el teletrabajo permite realizarlo. La sentencia es firme.

El Tribunal Constitucional será una vez más el campo de batalla en el que los partidos libren algunas de sus principales batallas políticas a lo largo de este año. Será el destino más inmediato de la futura ley de amnistía cuando las derechas presenten sus previsibles recursos y dictará sentencias sobre normas como el Ingreso Mínimo Vital, la ley trans, la del 'solo sí es sí' o la reforma que derogó el delito de sedición, además de otras como la reforma del aborto o la Ley de Memoria Democrática.

El momento de la compra de un piso puede resultar clave para el futuro de esa propiedad. No es lo mismo a nombre de quién se escriture. Ni siquiera si quien firma en el notario es nuestra propia madre. La felicidad inicial por la propiedad deriva en caminos que muchas veces se complican y las leyes pueden sorprender a quien se creía propietario de un piso, del que se acaba viendo fuera ante terceras personas.

Una resolución del TSJ de Galicia señala una vía contra la práctica de la AEAT de identificar cualquier incumplimiento con voluntad de defraudar, al exigir al fisco que pruebe la culpabilidad del contribuyente

La situación en torno al Partido Popular (PP) y su postura sobre la deslealtad constitucional, en contraste con su comportamiento respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), refleja una notable ambivalencia y, sin ninguna duda, hipocresía en su enfoque político.Los populares por un lado proponen una legislación para proteger la Constitución, pero por otro, su acción (o inacción) en la renovación del CGPJ refleja una clara maniobra para proteger sus intereses políticos, incluso a costa de la salud institucional

Parece que se hq de tener permiso de conducir para poder llevar VMP entre otros el patinete eléctrico, asi por lo menos se desprende de esta sentencia .

La conclusión, por tanto, es que la intervención de los policías —que derribaron la puerta con un ariete— está justificada al haber quedado acreditado que las personas que estaban en la fiesta estaban cometiendo un “delito flagrante” de desobediencia por su negativa a abrir la puerta e identificarse, tal y como los agentes les pidieron que hicieran hasta en 28 ocasiones, según la sentencia conocida este jueves después de que el jurado popular que enjuició los hechos diera a conocer su veredicto el pasado 29 de noviembre.

La Constitución fijó la necesidad de limitar el uso de la informática para garantizar la intimidad, pero el organismo que vela por la protección de los datos personales no nació hasta 1993, y durante estos treinta años se han sucedido multas millonarias y sentencias históricas; este derecho fundamental se enfrenta ahora a un nuevo desafío: la inteligencia artificial. La Agencia Española de Protección de Datos, que celebra mañana un acto institucional para celebrar su trigésimo aniversario, cumple los 30 años sumida en la interinidad