La empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez, encargaba encuestas políticas y de intención de voto en los municipios de la Comunidad de Madrid en los que obtenía adjudicaciones públicas en materia de eficiencia energética, que estaban vinculadas, según el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, al pago de mordidas a sus cargos públicos.
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